El ex presidente del Gobierno Jos� Luis Rodr�guez Zapatero considera que la sentencia de la Justicia europea que avala la Ley de Amnist�a "refuerza nuestro Estado de Derecho, que se renueva en sus principios democr�ticos" e insta a quienes "hostigaron" la norma "y a quienes la defendimos" a que lleven a cabo "un proceso de reflexi�n".Califica, adem�s, de "hist�rico" el fallo del Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (TJUE) y subraya que al respaldar ampliamente la norma en relaci�n con el derecho comunitario existe "motivo" para la "esperanza". Aventura por ello que esta resoluci�n ayudar� a zanjar "la grave crisis pol�tica, institucional y social" iniciada en 2017 con denominado proc�s en Catalu�a.Zapatero sostiene, en declaraciones en exclusiva a EL MUNDO tras analizar el fallo, que "la sentencia del m�ximo tribunal de la Uni�n Europea, guardi�n de los principios y valores del espacio de libertad y de derechos humanos al que pertenecemos, ha respaldado la Ley de Amnist�a de forma contundente y fundamentada en los principios democr�ticos del Estado de Derecho".El ex l�der del PSOE rompe de esta manera por primera vez su silencio tras ser imputado por la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo por los delitos de organizaci�n criminal, tr�fico de influencias, contrabando, falsedad y contra la Hacienda p�blica. Zapatero ha optado desde entonces por guardar silencio asesorado por su defensa, ha rechazado conceder entrevistas, y hace ahora una excepci�n para pronunciarse sobre una norma en cuyo proceso de negociaci�n y elaboraci�n particip� activamente en representaci�n del Gobierno de Pedro S�nchez.El ex jefe del Ejecutivo recalca que la ley que entr� en vigor en 2024 y benefici� a m�s de 300 personas entre pol�ticos, polic�as, ciudadanos y condenados por causas vinculadas con el proc�s, "naci� para la pacificaci�n de las consecuencias de la grave crisis pol�tica, institucional y social". Y a�ade que con la sentencia, que da respuesta a dos cuestiones prejudiciales enviadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre si los gastos del proceso independentista pusieron en riesgo los intereses financieros europeos o si contraviene el derecho comunitario en materia de terrorismo, "nuestro Estado de Derecho se refuerza y se renueva en sus principios democr�ticos". A juicio de Rodr�guez Zapatero, estos principios "se sustentan en la ley como expresi�n de la voluntad popular y en la reconciliaci�n y la convivencia como valores esenciales de una sociedad democr�tica".Tambi�n aprovecha el ex mandatario, que se encuentra en estos momentos concentrado en su estrategia de defensa en el caso Plus Ultra, en el que ya ha instado la nulidad del procedimiento alegando la presunta comisi�n de irregularidades en la investigaci�n, para mandar un mensaje a la oposici�n encabezada por el PP. "Ser�a muy conveniente que quienes hostigaron esta ley y a quienes la defendimos, tuviesen un proceso de reflexi�n, tan conveniente en una sociedad plural", agrega. Todo ello en relaci�n con "las acciones llevadas a cabo desde 2023", cuando comenz� el proceso de negociaci�n de la norma. "Personalmente pienso que hoy el futuro de la democracia en Espa�a es m�s s�lido gracias a esta hist�rica sentencia del TJUE, lo cual es un motivo de esperanza para todos", apostilla.Quien es ya el primer ex presidente espa�ol investigado por la Justicia durante la democracia, lider� las conversaciones con el ex presidente catal�n Carles Puigdemont en Suiza hasta el pasado oto�o, cuando la formaci�n secesionista decidi� retirar su apoyo al Gobierno y romper el pacto de investidura. A partir de ese momento, y tal y como desvel� este peri�dico, pas� a mantener contactos indirectos con la c�pula de Junts a trav�s de los mediadores suizos, coordinados en torno a la fundaci�n Henri Dunant, y traslad� puntualmente el estado de las conversaciones personalmente al presidente Pedro S�nchez.Entre los mensajes que Junts hizo llegar al PSOE a trav�s de Zapatero tras retirarle su apoyo se encuentra un documento mantenido en secreto hasta el momento en el que el equipo de Puigdemont. En el mismo se culpa directamente al Ejecutivo de haber utilizado las resoluciones judiciales sobre la Ley de Amnist�a, y particularmente los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, para enga�arles con el objetivo de que no retiraran su respaldo al Gobierno.As�, Junts recrimina con dureza al Gobierno de Pedro S�nchez haberle prometido ya en 2024 que el Constitucional iba, no s�lo a avalar la Amnist�a sino a permitir la vuelta de Carles Puigdemont, extremo que todav�a no ha sido posible al considerar el Tribunal Supremo que la norma no es aplicable al ex presidente catal�n por el delito de malversaci�n de caudales p�blicos. De ah� que atribuyan a los negociadores del PSOE haberles intentado persuadir con un "baile de fechas" de fallos de la Corte de Garant�as que nunca se produjeron en los t�rminos pactados.Jos� Luis Rodr�guez Zapatero intent� apaciguar sin �xito a los secesionistas argumentando que el Gobierno socialista hab�a hecho todo lo posible con la aprobaci�n de la Ley de Amnist�a y que la oposici�n de los tribunales espa�oles a su aplicaci�n integral escapaba por completo de su control. En numerosas ocasiones les dijo que �l "prefer�a vivir en un pa�s en el que no estuviera de acuerdo" con algunas resoluciones judiciales y que ya le ocurri� a �l siendo presidente con el Estatuto de Catalu�a.EL MUNDO ya public� en 2024 la primera versi�n de la Ley de Amnist�a que les remitieron los negociadores socialistas. Estaba fechada el 17 de septiembre de 2023 y exclu�a por completo los delitos de terrorismo y traici�n establecidos en el C�digo Penal. De tal forma que de haberse mantenido invariable aquel documento de 17 folios Puigdemont, cuyo regreso queda allanado por el fallo del TJUE, nunca hubiera podido ser amnistiado.Las conversaciones con el equipo de Puigdemont, que ahora presume de la confecci�n final de la norma, fue amold�ndose a sus exigencias. No en vano, se llegaron a intercambiar ambas partes m�s de dos decenas de versiones en la que finalmente se situ� el derecho comunitario como referente en sustituci�n del C�digo Penal espa�ol.