El Gobierno ha reclamado este jueves a los tribunales españoles la aplicación plena de la ley de amnistía después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha celebrado como un "éxito" las sentencias europeas y considera que dejan "despejado el horizonte" para culminar una norma que, según ha defendido, ya ha superado el examen constitucional, el de los organismos internacionales y ahora también el de la justicia europea. Bolaños ha dado así por cerrado un debate que, a su juicio, en España "no fue jurídico", sino "visceral" y alejado de la normalidad con la que otros países democráticos han recurrido a las amnistías para cerrar conflictos políticos. "Lo que el Gobierno dijo durante el debate de la ley ha quedado acreditado", ha sostenido el ministro, que ha reivindicado que la norma "entró impecable en el Congreso y salió impecable de él".En una declaración institucional desde La Moncloa, el ministro ha defendido además que el fallo europeo avala la amnistía como un instrumento adecuado para rebajar las tensiones, facilitar la reconciliación y avanzar en la normalización institucional, política y social de Cataluña. En este sentido, ha enmarcado la ley en la estrategia del Ejecutivo para superar la crisis territorial heredada del procès y ha asegurado que la situación actual es "radicalmente distinta", con acuerdos entre formaciones enfrentadas, un Govern -liderado por el PSC de Salvador Illa- apoyado por partidos diferentes y el regreso de empresas e inversiones a Cataluña."Ha merecido la pena", ha insistido Bolaños, que ha presentado la amnistía como un "logro colectivo" del que se benefician todos los españoles, incluidos quienes inicialmente la rechazaron o la contemplaron con suspicacia. El ministro ha pedido ahora recorrer "lo antes posible" la última etapa de su aplicación y ha reivindicado la política como herramienta para resolver los conflictos mediante el reconocimiento de la legitimidad de las posiciones enfrentadas y no mediante la derrota de una parte sobre la otra.Desde el Ejecutivo interpretan que el fallo del TJUE confirma que las objeciones planteadas durante los últimos años no respondían tanto a razones jurídicas como a una oposición política a la medida. Bolaños ha asegurado que el debate desarrollado en España "no fue jurídico", sino "visceral", y ha reprochado a la derecha haber presentado como contraria al Estado de derecho una ley que, defiende, ha ido superando todos los controles nacionales y europeos.El ministro ha insistido en que el pronunciamiento europeo permite cerrar definitivamente el debate sobre la legalidad de la norma y obliga a centrar ahora la atención en su total aplicación, lo que, de facto, supondría la vuelta de Carles Puigdemont. Bolaños ha considerado que, tras las resoluciones del Tribunal Constitucional y del TJUE, "el horizonte está despejado" para que la amnistía despliegue todos sus efectos. Por ello, el Gobierno reclama a los órganos judiciales que todavía deben pronunciarse sobre casos concretos que apliquen "lo antes posible" la ley. El aval europeo tiene, sin embargo, un alcance político más limitado del que Moncloa llegó a atribuirle. Durante meses, el Gobierno contempló una sentencia favorable como una posible ventana de oportunidad para recomponer puentes con Junts, pero ahora ya no confía en que vaya a alterar el bloqueo con el partido de Carles Puigdemont.Desde Moncloa sostienen que la formación independentista tampoco ha trasladado que el pronunciamiento vaya a modificar la dinámica actual con el Ejecutivo, con el que rompió relaciones hace ya nueve meses. Después de mucho tiempo presentando esta resolución como una posible palanca para reabrir el diálogo, el Gobierno da ahora prácticamente por cerrada esa vía.La sentencia permite así al Ejecutivo anotarse una victoria jurídica, defender que la amnistía ha superado los principales controles constitucionales y europeos y exigir su aplicación íntegra. Pero no garantiza que el aval europeo vaya a traducirse en una mejora de la estabilidad parlamentaria.