Noticia Exclusivo suscriptores Abogados explican qué puede ocurrir ahora, cuáles son las facultades del ente acusador y dónde estará el mayor reto probatorio.El cantante de boleros Charlie Zaa. Foto: Redes socialesSUBEDITOR DE JUSTICA17.07.2026 15:37 Actualizado: 17.07.2026 15:37
El proceso que involucra al cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, entró en una nueva etapa judicial, después de que la Fiscalía compulsara de copias para que se investigue si el patrimonio del artista tuvo algún vínculo con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en medio del la ocupación de cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos.La decisión recae sobre un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Los inmuebles ya fueron ocupados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y, mientras avanza el proceso, serán puestos a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Para la Fiscalía, existen elementos que indicarían que el entonces comandante del Bloque Tolima, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, habría utilizado terceros para mover recursos e invertir en bienes con el propósito de ocultar su origen y evitar que esos activos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.Sin embargo, más allá de la ocupación de los inmuebles, el movimiento procesal que concentra la atención de los penalistas es la compulsa de copias. Esa determinación abre una investigación distinta que deberá establecer si existen evidencias suficientes para vincular al artista con una eventual estructura patrimonial relacionada con el paramilitarismo.Fiscalía ocupa bienes por más de $45.000 millones que harían parte del patrimonio de Charlie Zaa. Foto:CortesíaEL TIEMPO consultó a varios abogados penalistas para conocer qué significa este nuevo escenario y cuáles son los pasos que podrían seguir dentro del proceso.Para el abogado Fabio Humar, la decisión adoptada por la Fiscalía corresponde al trámite previsto en la legislación sobre extinción de dominio y en la Ley de Justicia y Paz. “Que la Fiscalía imponga medidas cautelares en un proceso de extinción de dominio es completamente habitual, hace parte cotidiana y está regulado en la ley de extinción de dominio. La compulsa de copias al Tribunal de Justicia y Paz también era de esperarse”.El jurista explicó que la razón obedece a la naturaleza misma de la investigación. “Se está investigando la probable vinculación de estos bienes con un bloque de grupos paramilitares y la Ley de Justicia y Paz, creada durante el gobierno de Álvaro Uribe, está diseñada para investigar y juzgar los hechos ocurridos con ocasión del paramilitarismo. La compulsa de copias era necesaria y obligatoria para que se investigara una posible financiación a través de esos bienes”.Desde otra perspectiva, el abogado penalista Daniel Palacio considera que el verdadero alcance de la decisión no está en la ocupación de los bienes, sino en el traslado del caso hacia la jurisdicción de Justicia y Paz. A su juicio, esa determinación demuestra que la Fiscalía aún no cuenta con una verdad judicial consolidada, sino con elementos que justifican ampliar la investigación.Uno de los bienes ocupado. Foto:Cortesía.“El caso de Charlie Zaa trasciende del simple debate sobre la ocupación de unos bienes. El verdadero punto de inflexión jurídico está en la decisión de compulsar copias ante la jurisdicción de Justicia y Paz. Esa determinación evidencia que, al menos por ahora, la Fiscalía no cuenta con una verdad judicial consolidada, sino con elementos que considera suficientes para abrir una línea de investigación mucho más amplia”, dijo el jurista.Según Palacio, esa etapa exigirá un ejercicio probatorio mucho más complejo que la simple existencia de señalamientos. La Fiscalía deberá reconstruir el origen del patrimonio, seguir la trazabilidad de los recursos, establecer cuándo fueron adquiridos los bienes, identificar quién los administró, cómo fueron financiados, quiénes participaron en las transacciones y demostrar un vínculo jurídico y probatorio entre esos activos y la organización armada ilegal.“Si aparecen versiones de exintegrantes de las Autodefensas, documentos financieros, registros contables, testimonios corroborados y otros elementos que acrediten que el patrimonio fue construido con recursos provenientes del paramilitarismo o administrado en beneficio de esas estructuras, la Fiscalía fortalecería el proceso de extinción del dominio e incluso podrían derivarse investigaciones penales por lavado de activos, enriquecimiento ilícito u otras conductas previstas en la ley”, señaló Palacio.Charlie Zaa Foto:Redes socialesEl escenario contrario también forma parte de las posibilidades procesales. Si la investigación no logra superar el terreno de las hipótesis o de declaraciones aisladas sin respaldo objetivo, las medidas cautelares podrían ser cuestionadas durante el trámite judicial. “El éxito de estas actuaciones no puede medirse por el monto de los bienes ocupados ni por el impacto mediático que genera involucrar a un artista reconocido. El verdadero examen vendrá cuando la Fiscalía tenga que demostrar, con pruebas verificables y sometidas a contradicción, que existe un nexo causal y jurídico entre los bienes y las actividades ilícitas. La carga probatoria no puede suplirse con conjeturas ni con el peso simbólico del nombre investigado”, explicó el penalista.Para el abogado penalista Luis Carlos Oviedo, la investigación también podría tener efectos en el ámbito penal, dependiendo de los hallazgos que obtenga la Fiscalía y si llegara a demostrar que el artista conocía el origen ilícito de los recursos y participó en maniobras para ocultarlos o darles apariencia de legalidad, podrían abrirse investigaciones por lavado de activos, contemplado en el artículo 323 del Código Penal, además de otras conductas como el testaferrato, previsto en el artículo 326.En el corto plazo, añade el jurista, el ente acusador deberá determinar “si existen elementos materiales probatorios suficientes para formalizar una investigación penal. Durante esa fase, Charlie Zaa podrá ejercer plenamente su derecho de defensa, solicitar ser escuchado en interrogatorio, aportar pruebas o guardar silencio, garantías protegidas por la Constitución”. LEA TAMBIÉN Posteriormente, la Fiscalía tendrá que decidir si archiva las diligencias o si solicita ante un juez de control de garantías una audiencia de formulación de imputación. Dependiendo de la evidencia recaudada y de los requisitos legales, también podría solicitar una medida de aseguramiento e incluso una orden de captura, siempre con autorización judicial.Por ahora, el expediente permanece en una fase preliminar, debido a la compulsa de copias no constituye una declaración de responsabilidad ni modifica la presunción de inocencia que ampara al cantante.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
