IdeasLa omisión de la consulta fue una falla del gobierno, no del inversionista. Tratar de corregirlo de la peor manera solo puede ser muestra de ignorancia o de mala fe.
La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el acuerdo con el que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) convocaba a una consulta al pueblo maya ixil de San Juan Cotzal sobre la hidroeléctrica Palo Viejo. Días después, el Cacif y la Cámara de Industria presentaron acciones de inconstitucionalidad contra el mismo acuerdo. Lo más importante aquí es que esa planta opera desde 2012.
El gobierno quiere consultar a una comunidad sobre un proyecto autorizado desde 2007, en operación continua desde hace 14 años. No se trata de una inversión por venir, sino de una que ya existe, que ya generó empleos y que ya paga tributos. ¿Cómo se consulta lo que hace más de una década funciona a la vista de todos? El discurso oficial invoca reparación histórica; el efecto práctico es otro. Sin ley general de consulta previa ni reglamento del Convenio 169, el Ejecutivo conserva la consulta como moneda de negociación política, caso por caso. Cada proyecto se vuelve rehén de la discrecionalidad.
Cuando el gobierno cambia las condiciones después de que el inversionista comprometió su capital, destruye lo esencial: la confianza en que la ley de hoy seguirá rigiendo mañana. En nada se diferencian las acciones del gobierno central de lo que intentó hacer el alcalde de Mazate con la Xochi. Guatemala ocupa la posición 110 de 149 países en el índice global de Estado de derecho para los negocios, por debajo de Honduras y El Salvador. Atacar la certeza jurídica de un proyecto en marcha empeora ese cuadro. ¿A quién beneficia ahuyentar la inversión?
