El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó el tercer discurso en horario de máxima audiencia de este mandato a reflotar una serie de afirmaciones exageradas o desmentidas sobre las amenazas a la infraestructura electoral de EEUU, supuestamente fundamentadas en nuevos documentos. En el momento de escribir estas líneas, los documentos que van siendo revisados por medios estadounidenses son una mezcla de informaciones conocidas desde 2020, tachones y material que no refrenda las afirmaciones más escandalosas de Trump. Por ejemplo, Trump declaró que China quería que él perdiera las elecciones de 2020; en realidad, un informe del Consejo de Inteligencia Nacional determinó que, para los chinos, el resultado de los comicios era irrelevante. Tanto Trump como Joe Biden iban a llevar una política de contención similar. De hecho, Biden endureció las medidas de Trump contra Pekín: amplió los aranceles, impuso controles a las exportaciones de tecnología y formó nuevas alianzas militares en el Pacífico. El presidente de EEUU cambió la palabra “influencia” por “interferencia”. Interferir en unas elecciones implicaría robar o plantar votos; influir puede ser una campaña de desinformación en las redes sociales. El FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, durante el primer mandato de Trump, concluyeron que el riesgo estaba en la desinformación. No, como dijo anoche el presidente, en “la mayor vulneración de datos electorales de la historia”. Las listas de votantes de los Estados, por otra parte, son públicas. No hace falta robarlas. El país que sí trató de influir en los comicios fue Rusia: a favor de Trump. Igual que en 2016. El republicano dijo que el deep state había tapado todas estas informaciones; denunció, sin pruebas, un presunto fraude electoral en las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles y reiteró el bulo de que el voto por correo es fraudulento (él mismo ha votado por correo). TE PUEDE INTERESAR Al final de su intervención, de 20 minutos, conminó al Congreso y al país a reforzar la confianza en un sistema electoral que él mismo lleva años socavando con docenas de falsedades: desmentidas por las comisiones bipartitas, por más de 60 tribunales federales y por las agencias de seguridad de su primera Administración. La prioridad de Trump, para la que es capaz de condicionar la ley de vivienda que los republicanos ya tienen lista para firmar, es aprobar la SAVE Act: una medida que, entre otras cosas, exigiría a los votantes mostrar una prueba de ciudadanía. Sobre el papel, es lo más razonable del mundo. Pero, en EEUU, donde no hay un equivalente del DNI, esta solo se puede probar con dos documentos: el pasaporte, del que carecen la mitad de los estadounidenses, o la partida de nacimiento. Por eso ni siquiera tiene el apoyo de todos los congresistas republicanos. También dijo que había 278.000 “no ciudadanos” registrados para votar, pero es probable que, en realidad, se refiriera a votantes muertos; y amenazó con retirar la licencia de emisión a los canales nacionales ABC News y NBC News, que se negaron a retransmitir el discurso en directo. Para entender el contexto del discurso de Trump, hay que declarar, y volver a fundamentar, dos axiomas. Uno: las elecciones de 2020 fueron limpias y las ganó Joe Biden. Y dos: las acciones recientes de Trump, incluida esta alocución, sugieren que el presidente está preparándose para interferir (no solo influir) en las elecciones de medio mandato, que se celebrarán el 3 de noviembre. Las elecciones de 2020 fueron limpias La “zona cero” de las mentiras sobre el presunto fraude de 2020 es el Condado de Fulton, en Georgia, donde Trump perdió la reelección por unos miles de votos. El pasado 28 de enero, el FBI irrumpió en el Centro de Operaciones Electorales de este condado para llevarse los ordenadores y 650 cajas llenas de papeletas. Sin embargo, los votos de Georgia, dados los bulos y las presiones, fueron contados tres veces después de aquellos comicios. Primero, por el método sistemático de la tabulación con tabletas electrónicas; después, a mano, y, una tercera vez, utilizando las máquinas de Dominion Voting Systems. Paradójicamente, el mismo hardware de tabulación se usó después en las elecciones de 2024. Pero, en este caso, nadie planteó ninguna queja. Las había ganado Donald Trump. TE PUEDE INTERESAR Georgia fue el escenario de la famosa llamada de Trump al responsable de supervisar el proceso electoral, el republicano Brad Raffensperger. Se puede escuchar aquí: “Muchachos, necesito 11.000 votos; ¡dadme un respiro!”. Además de requisar los votos, Trump ha querido llegar más lejos. En junio, un juez federal (nombrado por Trump en 2017) bloqueó el intento de obtener información de los trabajadores electorales que contaron los votos del condado en 2020. Lo consideró “irrazonable”. Por otra parte, dos analistas del FBI han sido despedidos al cuestionar esta investigación, que, a su juicio, no está sostenida en evidencias. Trump ha querido llegar más lejos. En junio, un juez federal (nombrado por Trump en 2017) bloqueó el intento de obtener información En 2020, el entonces director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA), Christopher Krebs, declaró que las elecciones de 2020 “fueron las más seguras de la historia estadounidense”. Poco después, Krebs fue despedido. El Departamento de Justicia llegó a la misma conclusión. Según el comunicado firmado por el fiscal general, William Barr, el 1 de diciembre de 2020, los investigadores del departamento no han “visto un fraude a una escala que hubiera podido alterar el resultado de las elecciones”. Si la interferencia extranjera es realmente un riesgo, vale la pena resaltar que, en lo que va del segundo mandato, la Administración Trump ha recortado el presupuesto y diezmado las filas de la CISA, y eliminado el Centro de Influencia Extranjera Maliciosa (FMIC) y el Foreign Influence Task Force del FBI. Es decir: las mismas iniciativas encargadas, precisamente, de detectar y combatir este tipo de acciones. TE PUEDE INTERESAR También se pronunciaron los tribunales. En total, 62 juzgados de nueve Estados y del Distrito de Columbia, con jueces nombrados por demócratas y republicanos, revisaron y rechazaron la avalancha de demandas de supuesto fraude. The Heritage Foundation, el think tank ultraconservador más influyente de la Administración Trump, coordinador, por ejemplo, del Proyecto 2025, mantiene desde hace años una base de datos de votos fraudulentos en EEUU. Se puede consultar aquí. Sus números son irrisorios. Cada cita electoral hay entre 10 y 20 papeletas fraudulentas de un total de cerca de 150 millones de votos. El resultado de tener un sistema electoral extremadamente descentralizado y sometido a vigilancia bipartita. Interferir en las ‘midterms’ Después de que el Tribunal Supremo refrendara el poder presidencial para manejar las agencias consideradas independientes, Trump ha vaciado la Comisión de Asistencia Electoral: un órgano independiente bipartito que ayuda a los Estados a gestionar las elecciones y a cuidar los estándares de transparencia. Ha colocado a un empresario y donante, Bill Pulte, que no tiene ninguna experiencia en seguridad nacional, como jefe en funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, y le ha encomendado que se centre en la "seguridad de las elecciones". Además, Pulte ha nombrado como jefa de equipo a Christina Norton, que ha trabajado desde 2020 en el seno del Comité Nacional Republicano, con negacionistas electorales. El Departamento de Justicia ha anunciado que va a desplegar “observadores electorales” en 15 jurisdicciones de seis Estados, cinco de ellos demócratas. Ese mismo día, la Casa Blanca mandó cartas a los responsables de supervisar el proceso electoral en los 50 Estados amenazándolos con consecuencias judiciales si estos permitían el voto de inmigrantes indocumentados: un bulo popularizado, entre otros, por Elon Musk, pero que ha sido continuamente desmontado. El presidente de EEUU, Donald Trump. (Reuters) Ha firmado un decreto para limitar el voto por correo, instrumentalizando el servicio postal. Los jueces han bloqueado parte de esta medida. Ha presionado a ocho Estados republicanos para que redibujen los distritos electorales y así sumar escaños, el llamado gerrymandering; una práctica legal, pero torticera, ya que son los políticos los que eligen los votantes, y no al revés. Dos Estados demócratas (California y Virginia) han respondido con la misma medicina. En resumen, Trump puede estar intentando “nacionalizar”, como él mismo nos adelantó en una entrevista, las elecciones. Ya quiso hacerlo por decreto en marzo de 2025, pero los jueces le pararon los pies. Y lleva todo el mandato exigiendo a los Estados, recurriendo a demandas, los datos personales de los votantes. En opinión del representante demócrata Jim Himes, anoche Trump se dotó de otro artilugio narrativo para noviembre. “El presidente estaba sentando las bases para, llegado el momento de la noche electoral, decir: ‘Os advertí que los chinos estaban haciendo x, y y z. Ha sucedido esta noche. Voy a desplegar agentes federales del Departamento del Interior en siete estados. Incautarán las urnas".