La obsesión del presidente del Gobierno por cómo le verá la historia es lejana. Ya dio cuenta de ello el exministro de Cultura Maxim Huerta, cuando presentó su dimisión en 2018. Desde entonces, sus referencias al apartado histórico de su mandato son continuas. La última tuvo lugar esta misma semana en el acto de demolición de la verja de Gibraltar: "Hoy hacemos historia". Sin embargo, Pedro Sánchez también está haciendo historia en el apartado judicial. Esta semana se concentran tres hitos nunca antes vistos en un presidente del Gobierno en democracia: un hermano condenado, una esposa en el banquillo de los acusados y la cúpula de la Guardia Civil declarando ante un juez. Ninguna de estas efemérides se había producido por separado. Sánchez ha sido el primero en concentrar estas tres circunstancias al mismo tiempo. La primera de ellas se certificaba este mismo martes. La Audiencia Provincial de Badajoz condenaba a 9 años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa. Los tres magistrados que componen el tribunal coincidieron en sostener que el hermano de Sánchez accedió a un puesto en la Diputación de Badajoz creado ad hoc para él. La sentencia concluye que Miguel Ángel Gallardo, exlíder de los socialistas extremeños, creó y asignó a dedo el puesto que ocupó Sánchez desde 2017 y que se fue adaptando a las necesidades del músico. Primero ejerció como coordinador de los conservatorios de Badajoz y desde 2022 hasta 2025 como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Cuando le tocó explicar ante la jueza de instrucción Beatriz Biedma qué era la Oficina de Artes Escénicas, respondió: "Es la oficina que se encarga de... No sé, de las artes escénicas". La Administración destinó más de 400.000 euros a costear las plazas creadas a la medida del hermano del presidente del Gobierno, que disfrutó de una remuneración media de 50.000 euros al año. En la sentencia, los magistrados denuncian que el nepotismo "daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades". "Nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes públicos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos deberían ser los primeros custodios", añade la sentencia. TE PUEDE INTERESAR La condena por el 'enchufe' de su hermano en la Diputación de Badajoz no mereció ninguna declaración pública por parte del presidente del Gobierno, que, como es habitual, tampoco convocó rueda de prensa para ofrecer explicaciones. Dos días después, la Audiencia Provincial de Madrid avalaba el procesamiento de Begoña Gómez por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en un auto de 60 páginas. Será la primera vez en la historia de la democracia en que la mujer de un presidente se siente en el banquillo de los acusados. Los cinco magistrados avalan la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado de que un jurado popular juzgue a la mujer del presidente y sostienen que la investigada se sirvió de su "privilegiada posición" para impulsar su carrera. TE PUEDE INTERESAR Opinión Estiman que su condición de mujer del líder del Ejecutivo le facilitó la concesión de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) pese a no contar con formación universitaria. El auto señala que su posición como codirectora de una cátedra en la UCM le confirió un "paraguas institucional" que le permitió acceder a financiación y disponer de ingresos de cientos de miles de euros "sin control efectivo". También será juzgada por malversación por tener a su disposición una asesora de la Moncloa, Cristina Álvarez, para gestionar sus asuntos privados vinculados a la cátedra. Este tribunal también alerta de que la corrupción "tiene una vis expansiva, que va más allá de su daño económico o de la violación de los deberes por parte de los servidores públicos". "Su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimenta una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema", añaden los cinco magistrados. TE PUEDE INTERESAR El tercer elemento que convierte en histórico el apartado judicial de la Presidencia de Sánchez es la declaración ante un juez de la cúpula de su Guardia Civil. No es la primera vez que imputan a un director general de la Guardia Civil. Luis Roldán, que ocupó este cargo en distintos gobiernos de Felipe González, fue condenado por malversación, cohecho, falsedad, estafa y delito contra la Hacienda pública. Más recientemente, los exdirectores generales de la Guardia Civil Félix Vicente Azón (2018-2020) y María Gámez (2020-2023) fueron imputados en el caso Pegasus, en el que se investiga el presunto espionaje a personas vinculadas al independentismo. En cambio, sí que es la primera vez que se imputa al mismo tiempo a un director general de la Guardia Civil y al Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo en ejercicio. La directora general, Mercedes González, declara este viernes ante el juez Santiago Pedraz por su presunta involucración en las cloacas del Partido Socialista que buscaban torpedear las investigaciones de fiscales, jueces y periodistas que afectaban al Gobierno de Sánchez. Mercedes González mintió sobre su relación con Leire Díez, fontanera del PSOE, negando en primer lugar haberse reunido con ella. Sin embargo, la Guardia Civil descubrió que había mantenido hasta tres reuniones con la fontanera. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, tras declarar ante el juez Santiago Pedraz. (EFE) En el marco de este procedimiento ha declarado también el actual DAO del cuerpo, Manuel Llamas. El número dos de la Guardia Civil ha confesado al magistrado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le llamó para preguntarle por qué había aparecido un correo de Begoña Gómez en un informe emitido por la UCO sobre el caso del hermano de Pedro Sánchez. Por este motivo, ordenó la apertura de una investigación interna en la UCO. Llamas también ha confirmado que se reunió con los mandos de la UCO para pedirles que sus investigadores no fueran "proactivos" en estas investigaciones. El DAO y la directora general de la Guardia Civil están imputados por los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco de las investigaciones de las cloacas del PSOE. Esta suma de acontecimientos -en los que han intervenido nada menos que 11 jueces, si sumamos los instructores Biedma y Peinado a los cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, los tres de la de Badajoz y a Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional- deja a Pedro Sánchez en un lugar exclusivo en la historia. Una que no deja de escribirse a medida que pasa el tiempo. Existen otras circunstancias de carácter histórico que no han sido tratadas en este artículo, como la condena a su mano derecha, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión. Y es que, a lo ya relatado, Sánchez podría convertirse también en el primer presidente en tener a sus dos manos derechas entre rejas si acaba condenado Santos Cerdán. La obsesión del presidente del Gobierno por cómo le verá la historia es lejana. Ya dio cuenta de ello el exministro de Cultura Maxim Huerta, cuando presentó su dimisión en 2018. Desde entonces, sus referencias al apartado histórico de su mandato son continuas. La última tuvo lugar esta misma semana en el acto de demolición de la verja de Gibraltar: "Hoy hacemos historia". Sin embargo, Pedro Sánchez también está haciendo historia en el apartado judicial. Esta semana se concentran tres hitos nunca antes vistos en un presidente del Gobierno en democracia: un hermano condenado, una esposa en el banquillo de los acusados y la cúpula de la Guardia Civil declarando ante un juez.