La Audiencia de Madrid ha avalado que el juez Peinado prosiga su atrabiliaria e insostenible causa contra Begoña Gómez. Cualquier otra opción era imposible. Porque la trama judicial que conspira, y actúa, para derribar al gobierno Sánchez antes de que se celebren las elecciones no iba a permitir distracciones por muy indefendibles que sean sus movimientos. Pero en su camino ha aparecido otro obstáculo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que ley de amnistía aprobada por el parlamento español no contraviene la normativa europea y que no hay delito de malversación en la actuación de Carles Puigdemont y los suyos.
La sentencia es una auténtica bofetada para la sala segunda del Tribunal, la entidad más poderosa e influyente del sistema judicial español, y contra el juez Manuel Marchena, líder del activismo judicial contra el gobierno y protagonista máximo de los más relevantes capítulos del enfrentamiento con este. Porque desde la semana siguiente de la aprobación de la amnistía, esas instancias se mostraron en contra de la aplicación de la ley a los líderes del procés independentista catalán, aduciendo que habían cometido malversación de fondos públicos -incluso acusaron a Puigdemont de haberse lucrado personalmente- y que la amnistía no afectaba a ese delito.
