NoticiaEl debate político por la suspensión de la transición de gobierno contrasta con una realidad ciudadana que no da espera.Bogotá. Foto: Mauricio Moreno/ EL TIEMPO16.07.2026 12:25 Actualizado: 16.07.2026 12:25

El martes pasado, a un mes de la posesión presidencial, el país presenció algo inédito: la suspensión del proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante. Pero la realidad es que hay un empalme que no se puede suspender: el que existe entre los gobernantes y la realidad de los ciudadanos.Esa realidad está medida y documentada. La Encuesta de Percepción Ciudadana Comparada 2025 de la Red de Ciudades Cómo Vamos —20.445 encuestas cara a cara en 32 ciudades, que representan a más de 16 millones de colombianos— es hoy la radiografía más amplia de cómo viven y qué sienten los habitantes urbanos del país. Y lo que dicen no admite aplazamientos: uno de cada dos colombianos se siente inseguro en su ciudad y solo cuatro de cada diez víctimas de un delito lo denuncian; apenas la mitad de quienes usaron servicios de salud quedaron satisfechos con la atención recibida; el 40 % percibe que encontrar empleo es difícil, con mujeres y jóvenes como los más golpeados; y el 15 % de los hogares reporta que alguno de sus integrantes no pudo comer las tres comidas diarias en el último mes.Estos datos no son de izquierda ni de derecha. Son el punto de partida que cualquier gobierno, nacional o local, debería usar para tomar decisiones. Por eso la disputa alrededor del empalme resulta doblemente costosa: no solo erosiona la confianza institucional, sino que aplaza la conversación que de verdad importa, la de las políticas públicas basadas en evidencia que los colombianos esperan.Desde la Plataforma Abierta de Seguridad, Paz y Justicia —de la que hace parte la Red de Ciudades Cómo Vamos junto a centros de pensamiento y universidades— ya pusimos sobre la mesa una Agenda 2026–2030 con cuatro reformas estructurales: financiar la seguridad ciudadana con fuentes estables y no atadas al vaivén de la obra pública; modernizar la ley de inteligencia frente al crimen organizado transnacional; transformar un sistema penitenciario con hacinamiento cercano al 29 % y en estado de cosas inconstitucional desde 1998; y fortalecer la justicia para que la ciudadanía vuelva a confiar en ella. La carta ya fue radicada ante el Congreso que se instala el próximo 20 de julio. El diagnóstico está hecho; falta la voluntad de convertirlo en política de Estado.Marchas. Foto:MAURICIO MORENOEl llamado es a todos los actores. Al gobierno entrante y al saliente: retomar el empalme no es un favor político, es un deber con los ciudadanos; la información pública pertenece al país, no a las administraciones. Al nuevo Congreso: legislar con los datos en la mano, no con la coyuntura en el retrovisor. Y a los alcaldes y gobernadores, que gobiernan el territorio donde la calidad de vida se vive o se sufre todos los días: la evidencia local es su mejor herramienta para exigir, coordinar y ejecutar, con o sin turbulencia en Bogotá.La paradoja generacional que revela la encuesta debería quitarnos el sueño: los jóvenes son los más optimistas frente al futuro, pero los menos satisfechos con sus ciudades en el presente. Esa brecha entre esperanza y realidad es, en el fondo, un voto de confianza condicionado. Si las instituciones responden con datos, resultados y acuerdos, esa esperanza se convierte en ciudadanía activa. Si responden con pugnas y aplazamientos, se convierte en frustración.Colombia no necesita que sus dirigentes coincidan en todo. Necesita que coincidan en lo mínimo: que la evidencia mande sobre la ideología, que la transición del poder sea un acto de Estado y no un campo de batalla, y que la seguridad, la salud, el empleo y la educación no queden en pausa mientras la política se reconcilia consigo misma. El empalme entre gobernantes puede suspenderse; el empalme con los ciudadanos, jamás.Felipe MariñoDirector de Bogotá Cómo Vamos Sigue toda la información de Opinión en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.