Justicia transicional: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fruto del acuerdo del gobierno Santos con las Farc de 2016, se presentó como un modelo de justicia transicional que tendría como finalidad primordial establecer la verdad, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición a cambio de condenas restaurativas sustancialmente más bajas a los principales responsables, que los liberara de responder por crímenes de guerra y lesa humanidad ante la Justicia Penal Internacional.Término constitucional: se elevó a rango constitucional mediante el Acto Legislativo 1 de 2017, que estableció un término de 10 años para la presentación de acusaciones y un plazo posterior de cinco años para concluir su actividad jurisdiccional, prorrogable mediante ley.Delitos y víctimas: los delitos cometidos por las Farc, anteriores a 1º de diciembre de 2016, objeto de la JEP, se estiman en las siguientes cifras aproximadas:DelitosVíctimasSecuestro (Toma de rehenes)21.000Homicidios y Masacres140.000Reclutamiento Menores18.000Desapariciones Forzadas25.000Violaciones Sexuales5.000Desplazamientos Forzados5.000.000Minas Antipersonal11.000ExtorcionesSubregistro elevadoRadiografía institucional: un cuadro comparativo con números aproximados entre las altas corporaciones judiciales, muestra las dimensiones de la JEP en relación con sus decisiones finales:CorporaciónMagistradosPlanta PersonalPresupuesto Anual ($ Miles Millones)Sentencias FirmesCorte Constitucional940095400Corte Suprema de Justicia231.1001852.000Consejo de Estado311.2002105.000JEP38 Magistrados
Balance y futuro de la JEP
La JEP fracasó en cuanto a reparación a víctimas, eficiencia y celeridad; más allá de las dos sentencias proferidas, se trata del tribunal más grande y costoso de la rama judicial.










