España alcanzó en 2025 un superávit primario que no se veía desde los años de la burbuja inmobiliaria. Un hito que le ha durado poco. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que España volverá a tener déficit primario este año como consecuencia de un aumento del déficit público hasta el 2,6% del PIB. Si se cumplen las previsiones de la AIReF, España experimentará este año el primer aumento del déficit público desde el año de la pandemia. Y eso a pesar del gran crecimiento de la recaudación de la que volverá a disfrutar el Gobierno. En total, los ingresos públicos ascenderán este año hasta el 43,6% del PIB, el dato más alto de toda la serie histórica. Son nada menos que 4,7 puntos más que antes de la pandemia. En términos absolutos, las Administraciones Públicas ingresarán este año 283.000 millones de euros más que en el año 2019. Un aumento de los recursos públicos pocas veces visto, pero que apenas ha tenido impacto sobre la reducción del déficit: en 2019 era del 3,1% y las previsiones para este año son del 2,6%. El aumento de la recaudación sólo es comparable al experimentado en los años de la burbuja inmobiliaria. Y, al igual que ocurrió en esos años, el Gobierno está gastando prácticamente la totalidad de esos nuevos recursos que está generando. El gasto público aumentará casi un 7% este año. Y el gasto computable para la regla de gasto europea se incrementará un 6,4%, casi el doble del límite máximo pactado con la Comisión Europea, que es del 3,5%. La mayor desviación del gasto correrá a cargo de la Administración Central, que aumentará su presupuesto un 11,8%. Esto es, más que triplicará el límite de gasto acordado con Bruselas. En los últimos años, el Gobierno ha decidido saltarse todos los límites presupuestarios, tanto la regla de gasto nacional, fijada por la Ley de Estabilidad, como la europea, fijada por la nueva normativa que impulsó Moncloa durante la presidencia rotatoria de España. Y también ha permitido que las CCAA se salten la regla de gasto sin exigir medidas compensatorias, ya que la Ley de Estabilidad determina que es el Gobierno central quien tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento. TE PUEDE INTERESAR El crecimiento del gasto público está camuflado por el gran aumento de la recaudación. Esto permite mantener el déficit público en niveles reducidos. Si se descuentan los costes extraordinarios derivados de la guerra en Oriente Medio y las catástrofes climatológicas del inicio del año, el déficit público bajaría este año hasta el 1,8% del PIB. El mejor dato desde el superávit del año 2007. Sin embargo, como ya ocurrió durante los años de la burbuja, el riesgo de financiar gasto consolidable con ingresos cíclicos es que estos desaparecerán abruptamente cuando llegue una crisis. La AIReF calcula que el déficit estructural de España está por encima del 3% del PIB (en el 3,4%). Esto significa que realmente no se ha producido un ajuste presupuestario, sino que es simplemente el ritmo del crecimiento y de la inflación los que están reduciendo el déficit público. Lo verdaderamente difícil Lo que está haciendo España es vulnerar el espíritu de las reglas fiscales que impulsó en el año 2023. La existencia de un límite de gasto desvinculado de los ingresos públicos busca precisamente generar un espacio fiscal en momentos de bonanza económica. La decisión del Gobierno de elevar el gasto tanto como crecen los ingresos cíclicos quiebra drásticamente las reglas fiscales. Es cierto que hay otros países europeos que están en peor situación. Por ejemplo, Francia tiene un déficit público del 5,1% del PIB e Italia, del 3,1%. Sin embargo, la diferencia está en que España está experimentando un gran crecimiento económico, mientras que Francia, Italia o Alemania están atravesando graves problemas de crecimiento. Esto significa que, para seguir una política fiscal contracíclica, España tendría que estar reduciendo el déficit público muy por encima del resto de grandes economías europeas. Toda la reducción de la ratio de endeudamiento de España se explica por el crecimiento económico y la inflación, mientras que el gasto público y los intereses de la deuda han contribuido a aumentarla. Ante esta situación, la AIReF teme que esté surgiendo una "ilusión fiscal" por la reducción cíclica del déficit y la deuda. Para evitar esta situación, recomienda al Gobierno planificar una verdadera política fiscal que permita una reducción sostenida de la deuda pública en un momento de gran crecimiento económico. "Pedimos una estrategia fiscal coherente y coordinada entre las diferentes Administraciones Públicas", señaló la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, el miércoles en rueda de prensa. La política fiscal que le ha tocado gestionar al Gobierno ha sido sencilla: con un aumento de los ingresos públicos de 283.000 millones de euros en seis años todo es más fácil. Sin embargo, el riesgo es que España esté desperdiciando estos años de bonanza económica para preparar las cuentas públicas para el futuro. Sobre todo, porque el envejecimiento pondrá al límite las cuentas públicas a partir de la próxima década. En el año 2023, la entonces vicepresidenta de España, Nadia Calviño, celebró el acuerdo conseguido con los 27 para impulsar la nueva regla fiscal europea. Calviño presumió que esta nueva norma creaba un marco "basado en la responsabilidad fiscal pero con políticas contracíclicas que protejan las necesarias inversiones del futuro". Pero, por el momento, esas políticas contracíclicas de las que presumió Calviño brillan por su ausencia. Precisamente, porque lo más difícil es generar espacio fiscal cuando la recaudación está disparada. España alcanzó en 2025 un superávit primario que no se veía desde los años de la burbuja inmobiliaria. Un hito que le ha durado poco. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que España volverá a tener déficit primario este año como consecuencia de un aumento del déficit público hasta el 2,6% del PIB.