NoticiaEl reciente terremoto en Venezuela y la llegada de El Niño evidencian la necesidad de fortalecer la institucionalidad de gestión del riesgo.Juan Carlos Orrego advierte que Colombia enfrenta riesgos cada vez más complejos y considera que la discusión debe centrarse en fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y responder a desastres Foto: UNGRDPERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD15.07.2026 17:42 Actualizado: 15.07.2026 17:42
En momentos en que el nuevo Gobierno ha anunciado una reorganización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el especialista internacional en gestión del riesgo y cambio climático Juan Carlos Orrego advirtió que desmontar o fragmentar la institucionalidad sin un sustento técnico podría representar un retroceso para Colombia frente a un escenario de amenazas cada vez más complejas. LEA TAMBIÉN La advertencia se produce mientras el país observa las consecuencias del reciente terremoto ocurrido en Venezuela y los organismos científicos anuncian la llegada de un nuevo fenómeno de El Niño para el período 2026-2027, dos situaciones que, según el experto, pondrán a prueba la capacidad del Estado para prevenir, atender y recuperarse de los desastres.Orrego, quien fue subdirector general de la UNGRD entre 2018 y 2020 y actualmente dirige la Corporación Colombia sin Desastres, sostuvo que el debate sobre el futuro de la entidad no debería centrarse únicamente en la posibilidad de cerrarla o reorganizarla, sino en definir qué tipo de institucionalidad requiere el país para enfrentar riesgos múltiples y permanentes.Juan Carlos Orrego, especialista internacional en gestión de riesgos y exsubdirector de la UNGRD. Foto:Archivo particular“Una verdadera reforma no consiste en desmontar o fragmentar lo construido, sino en fortalecer una función estratégica del Estado y construir una nueva generación de políticas en gestión del riesgo”, afirmó el especialista.El presidente electo Abelardo de la Espriella y su equipo han manifestado su intención de reorganizar la entidad luego del escándalo de corrupción que afectó a la UNGRD durante los últimos años. Para Orrego, aunque es comprensible revisar la institucionalidad tras esa crisis, las decisiones deben estar respaldadas por evidencia técnica y no responder únicamente a la coyuntura política.Según el análisis presentado por el experto, desde el inicio de la nueva administración el país deberá enfrentar simultáneamente la preparación para el fenómeno de El Niño y la recuperación de los territorios afectados por el reciente frente frío, especialmente en regiones donde convergen altos niveles de vulnerabilidad y pobreza, como La Guajira, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar. LEA TAMBIÉN En su concepto, el fenómeno climático previsto para 2026-2027 pondrá en evidencia varias vulnerabilidades estructurales del país. Entre ellas mencionó la alta dependencia del sistema energético de la generación hidroeléctrica, el menor respaldo por disponibilidad nacional de gas, la fragilidad de los sistemas de abastecimiento de agua de varias ciudades, la degradación de ecosistemas expuestos a incendios forestales, la vulnerabilidad de numerosos acueductos y los riesgos para la producción agropecuaria debido a la sequía.Experto propone fortalecer la gestión del riesgo en lugar de fragmentar la UNGRD. Foto:UNGRDEl especialista recordó que, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, durante diciembre de 2025 se detectaron más de 4.100 focos de incendio en bosques naturales del país, casi tres veces más que en el mismo mes del año anterior.También señaló que cerca de 12 millones de personas enfrentan actualmente condiciones de inseguridad alimentaria moderada o grave, situación que podría agravarse si se intensifican los efectos de la sequía asociados a El Niño.A estos desafíos, agregó, se suma el reciente terremoto ocurrido en Venezuela, país que comparte características sísmicas similares con Colombia.Para Orrego, ese evento constituye un llamado de atención sobre la necesidad de contar con una institucionalidad capaz de gestionar riesgos geológicos severos, responder oportunamente a las emergencias y liderar procesos de recuperación posteriores a eventos catastróficos.“Nuestro país no enfrenta amenazas aisladas ni ocasionales; enfrenta escenarios permanentes de riesgos múltiples”, señaló. LEA TAMBIÉN Una función estratégica del EstadoEl experto insistió en que la gestión del riesgo debe entenderse como una función permanente de gobernanza del Estado y no como un asunto exclusivo de un sector específico. Según explicó, esta función integra el conocimiento del riesgo, la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación frente a los desastres, por lo que resulta tan estratégica como la seguridad, la salud pública o la estabilidad económica.Como ejemplo, recordó que los dos últimos gobiernos debieron dedicar una parte importante de su gestión a enfrentar grandes emergencias. Durante la administración de Iván Duque se atendieron, entre otros eventos, los huracanes Eta e Iota, la crisis de Hidroituango, la reconstrucción de Providencia y la pandemia de covid-19.Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro enfrentó las inundaciones asociadas al invierno de 2022-2023, los incendios forestales de 2024 y el reciente frente frío de 2026, además de preparar al país para un nuevo episodio de El Niño.Un informe elaborado por Orrego también recopila estimaciones basadas en información de la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Adaptación y el CONPES 3904 de 2017 sobre el impacto de los principales desastres ocurridos durante los últimos gobiernos.La UNGRD atendió mergencias como la causada por Iota en Providencia. Foto:Ronny Suárez. EL TIEMPOEntre los eventos citados aparecen la ola invernal de 2010-2011, que dejó más de 3,2 millones de damnificados y una inversión reportada de 11 billones de pesos; la avenida torrencial de Mocoa en 2017, con 330 fallecidos y más de 22.000 damnificados; la pandemia de COVID-19, que ocasionó 142.722 muertes, más de 6,3 millones de contagios y una inversión de 40 billones de pesos, además de una contracción del PIB del 7,2 % en 2020.También incluye las tormentas Eta e Iota en San Andrés y Providencia, con cerca de 250.000 damnificados e inversiones por 1,6 billones de pesos; las inundaciones del período 2021-2023, con más de un millón de afectados y recursos estimados en 20,3 billones de pesos; y el reciente frente frío de 2026, que habría dejado 252.000 damnificados y una inversión reportada de 8,2 billones de pesos. LEA TAMBIÉN Una reforma basada en evidenciaOrrego considera que uno de los principales problemas de la UNGRD ha sido el desplazamiento de su misión original. Según explicó, la entidad fue creada para ejercer la rectoría de la política pública de gestión del riesgo, fortalecer capacidades territoriales, coordinar el Sistema Nacional y liderar la prevención y recuperación frente a desastres.Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo terminó concentrando buena parte de sus esfuerzos en la contratación y ejecución directa de obras civiles, lo que debilitó su función estratégica y aumentó su exposición a presiones políticas.“Cuando una institución creada para gobernar una política pública termina actuando principalmente como un ejecutor de contratos, pierde capacidad estratégica y termina debilitando la legitimidad de la función que representa. La corrupción fue la consecuencia; el desplazamiento de misión se convirtió en la causa de los males”, afirmó.La crisis de la UNGRD debe convertirse en una oportunidad para fortalecer el sistema nacional. Foto:Archivo particularComo alternativa, propuso cinco transformaciones para fortalecer la gestión del riesgo: separar las funciones de gobernanza de la ejecución contractual; fortalecer las capacidades técnicas, operativas y financieras de municipios y departamentos; crear un mecanismo nacional de recuperación posdesastre; reformar los mecanismos de contratación en emergencias con mayores estándares de transparencia; e institucionalizar la evaluación de resultados de la política pública mediante indicadores que permitan medir el impacto de las inversiones.Finalmente, el especialista sostuvo que cualquier reforma debe partir de una evaluación rigurosa de más de tres décadas de funcionamiento del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. LEA TAMBIÉN A su juicio, antes de modificar la arquitectura institucional es necesario responder si el modelo descentralizado ha fortalecido realmente las capacidades de municipios y departamentos, cómo deben ajustarse las facultades de contratación durante las emergencias y si las inversiones en ordenamiento territorial, obras de mitigación, sistemas de alerta temprana y educación en gestión del riesgo han logrado reducir pérdidas y salvar vidas.“Sin una evaluación técnica y rigurosa de estas preguntas, cualquier reforma corre el riesgo de responder a la coyuntura política del momento y no a la evidencia acumulada sobre lo que el país realmente necesita fortalecer”, concluyó Orrego.EDWIN CAICEDOPeriodista de Medioambiente y Salud@CaicedoUcros Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
