NoticiaUna auditoría de la Contraloría General reveló presuntas irregularidades contables y de ejecución presupuestal en la Unidad para las Víctimas.Edificio de la Contraloría. Foto: Milton Diaz / El Tiempo15.07.2026 07:26 Actualizado: 15.07.2026 07:26
La Contraloría General de la República puso bajo la lupa la gestión financiera de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) tras una auditoría a los estados financieros y a la ejecución presupuestal de la vigencia 2025. El organismo de control identificó un presunto detrimento patrimonial por $33.009 millones, además de una ejecución presupuestal cercana al 50% y múltiples hallazgos con presunta incidencia disciplinaria.Según el informe, la Unidad contó durante 2025 con una apropiación vigente de $4,43 billones. Aunque comprometió el 97,85% de esos recursos, las obligaciones efectivamente ejecutadas llegaron a $2,23 billones, equivalentes al 50,36% del presupuesto.Contraloría. Foto:Twitter @CGR_ColombiaPara la Contraloría, esta situación generó un rezago cercano a $2 billones, lo que impactó el cumplimiento de los objetivos institucionales.“Como resultado del análisis y evaluación de la ejecución presupuestal, se identificó una baja ejecución de los recursos apropiados, la cual alcanzó aproximadamente el 50% del presupuesto asignado para la vigencia, generando rezagos de aproximadamente $2 billones”, señaló el organismo de control.La auditoría también encontró deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables de la entidad. Entre ellas, destacó que no fueron reconocidos contablemente recursos entregados por la DIAN en calidad de donaciones.De acuerdo con la Contraloría, esa situación derivó en tres hallazgos, uno de ellos con incidencia fiscal por $33.009.669.360.“El hallazgo se originó en la ausencia de soportes que acrediten la entrega de bienes a los beneficiarios finales, la no ubicación física de las mercancías y su omisión en los registros contables de la entidad, configurando un daño cierto de pérdida y un detrimento al patrimonio público”, indicó la Contraloría.Como resultado de la auditoría, el organismo de control consolidó 23 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta incidencia disciplinaria. Además, estableció un hallazgo con incidencia fiscal por $33.009 millones, uno para apertura de proceso administrativo sancionatorio, uno para traslado a la DIAN, y dos solicitudes de apertura de indagación preliminar.La Contraloría concluyó que, pese a las acciones adelantadas por la Unidad para mejorar la ejecución de los recursos y cumplir sus compromisos misionales, estas no fueron suficientes para alcanzar una ejecución presupuestal acorde con las necesidades institucionales y las metas previstas para 2025.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
