Los firmantes del Tratado de Gibraltar ponen el acento en su principal virtud, la desaparición de la Verja y, como consecuencia, el tránsito libre de trabajadores. Sin embargo, el acuerdo sellado entre la Comisión Europea, Reino Unido y Gibraltar -el último fleco del Brexit- arroja una serie de dudas jurídicas, políticas, fiscales, medioambientales y territoriales, y la opacidad con la que todos estos actores lo han gestionado no ayuda a resolverlas. También históricas, especialmente en términos de soberanía. Como planteamiento general, aseguran fuentes diplomáticas ajenas al entusiasmo del Gobierno español, el estatus de Gibraltar es mejor con Reino Unido fuera de la Unión Europea que antes del Brexit. Es más, dicen, el estatus de la colonia británica es mejor que el negociado por Londres para sí mismo. El primer punto oscuro es que el tratado no se haya sometido a votación en el Parlamento español. A pesar de que la Constitución exige en su artículo 94.1 la previa autorización de las Cortes Generales para aceptar un tratado internacional, el Gobierno lo ha evitado limitándolo a una negociación entre la Unión Europea y Reino Unido, por lo que técnicamente España no está firmando un acuerdo de esas características. TE PUEDE INTERESAR Esto se produce porque el Gobierno aceptó que la negociación del estatus de Gibraltar se entendiera como “Union European only” (solo UE), lo que, por ejemplo, no aceptó Francia en el caso de Andorra. El Ejecutivo español aceptó este tipo de negociaciones y renunció a plantearlo como un acuerdo “mixto”, cuando según estas mismas fuentes "es evidente que afecta a competencias nacionales y compartidas con la UE". Un caso distinto son los acuerdos de pesca o comerciales, que sí son exclusivos de la Comisión Europea. A las cuestiones técnicas se une la cuestión política. "¿Por qué España se ha prestado a firmar este acuerdo cuando tenía la sartén por el mango? El Gobierno pone todos los huevos en la cesta de la libertad de movimientos de los trabajadores, la Comisión Europea en el cierre del Brexit y la oposición en España en la "oportunidad perdida", porque "el Gobierno de Rajoy se garantizó poder vetar un acuerdo no beneficioso, como es este, y que no contempla una cuestión clave: la soberanía". Hay un último asunto jurídico que genera dudas: las condiciones en las que el Gobierno de España puede denunciar el acuerdo después de que entre en vigor de forma transitoria, como es el caso a partir de este 15 de julio. Es el artículo 66.2: inicialmente estaba redactado de una manera que, en el caso de que España quisiera denunciarlo, la Comisión lo haría automáticamente. Sin embargo, la redacción ha ido cambiando hasta seis veces y lo que era una obligación ha derivado en una redacción más ambigua. TE PUEDE INTERESAR La versión en español que el día de la puesta en marcha del acuerdo aparece en la página web de la Moncloa aún mantiene la redacción inicial, lo cual levanta suspicacias en sectores diplomáticos, que alertan de nuevo de la falta de transparencia del Gobierno español. Hay más asuntos sectoriales que generan dudas, vinculados a los temas portuarios, la protección de las aguas del Estrecho o los vertidos al mar y el tratamiento de las aguas residuales. En estos aspectos pone el acento la organización Verdemar Ecologistas en Acción. En relación con los puertos, esta organización señala que el tratado no se aplica con las mismas condiciones que en puertos como el de Algeciras, lo que supone un problema ambiental y de competencia desleal. En relación con las aguas, apuntan que Gibraltar no reconoce las aguas adyacentes al Peñón como aguas protegidas por la UE. "Por tanto, la normativa que aplicará será la propia de aguas no pertenecientes a la Red Natura 2000, dejando ese espacio marino desprotegido", subrayan. En materia de vertidos, Ecologistas en Acción advierte de que el acuerdo deja la puerta abierta a que Gibraltar pueda seguir realizando rellenos en aguas protegidas que "se realizan según la normativa local, que permite el uso de escombros de obra como material base". Por último, señalan el control del bunkering: "Es necesario que el acuerdo regule esas operaciones, dado que Gibraltar utiliza fondeaderos ilegales que generan vertidos incontrolados". Y, como cuestión de fondo, la duda de cómo afectará el acuerdo al desarrollo del Campo de Gibraltar, una zona en competencia desfavorable con el nuevo estatus adquirido por Gibraltar tras el acuerdo que cierra las negociaciones entre la Comisión Europea y Reino Unido tras el Brexit. Los firmantes del Tratado de Gibraltar ponen el acento en su principal virtud, la desaparición de la Verja y, como consecuencia, el tránsito libre de trabajadores. Sin embargo, el acuerdo sellado entre la Comisión Europea, Reino Unido y Gibraltar -el último fleco del Brexit- arroja una serie de dudas jurídicas, políticas, fiscales, medioambientales y territoriales, y la opacidad con la que todos estos actores lo han gestionado no ayuda a resolverlas. También históricas, especialmente en términos de soberanía.