La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por considerarlo autor de un delito de prevaricación administrativa en el marco de su contratación como coordinador de los conservatorios de la provincia en 2017. El hermano del presidente del Gobierno no podrá acceder a ningún empleo o cargo público durante el citado período y tampoco podrá presentarse como candidato a los procesos electorales previstos entre 2026 y 2035. Los magistrados han acordado además una pena de 18 años de inhabilitación para el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. PublicidadEl Gobierno ha salido a defender su confianza en que "instancias superiores" demuestren la "inocencia" de David Sánchez. Moncloa también ha confirmado que, pese a "respetar" la sentencia, no pueden compartirla. "Esta causa tiene un único origen, dañar el presidente del Gobierno a través de su entorno familiar", ha matizado en rueda de prensa la ministra portavoz, Elma Saiz. El PP -por su parte- ha asegurado que una condena como esta "haría caer a un Gobierno en cualquier país". La sentencia sin embargo está repleta de "dudas". Los magistrados no han conseguido probar quién reclamó la creación de la plaza, ni si los dos condenados actuaron por iniciativa propia. La hemeroteca demuestra además que existen otros fallos en los que las condenas por prevaricación han sido similares, pese a la magnitud y las consecuencias de los hechos que motivaron cada instrucción. Los casos tienen que ver -generalmente- con contratos a dedo en administraciones locales o provinciales y afectan sobre todo a regidores y regidoras del PP. Público repasa en este artículo algunas de las condenas -o absoluciones- más polémicas y extravagantes.Baltar, la misma condena por cien contratos a dedoEn 2014, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense condenó a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público a José Luis Baltar (PP), entonces expresidente de la Deputación de Ourense. La magistrada consideró probado que el popular había cometido un delito continuado de prevaricación al contratar durante el primer trimestre de 2010 a "104 personas", todo ello mediante el "procedimiento de urgencia" y sin seguir "la ordenanza provincial reguladora" para las contrataciones temporales al servicio de la administración. Baltar licitó estas plazas "con conciencia" de que no las había publicitado "para que cualquier persona pudiera acceder", privando "del acceso a la función pública" a parte de la ciudadanía. El fallo denuncia además que "parece que la Diputación" fuera "una empresa privada", donde se contrataba a quien decidía el exlíder de los populares en Ourense. Baltar había abandonado la política dos años antes de la condena y anunció su salida del partido tras admitirse a trámite la denuncia por estas contrataciones irregulares. La Audiencia Provincial de Ourense desestimó su recurso en marzo de 2015. La inhabilitación de nueve años fue exactamente la misma que ahora debe enfrentar David Sánchez. La diferencia es que al músico y hermano del presidente del Gobierno únicamente se le condena por intervenir -no existen pruebas- en la adjudicación de una plaza como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. PublicidadAlcalá del Valle, 128 licitaciones sin convocatoria públicaEn 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a ocho años y medio de inhabilitación a la exalcaldesa de Alcalá del Valle, Dolores Caballero (IU). El tribunal le impuso la misma pena al exconcejal de Bienestar Social en el Consistorio. Los magistrados consideraron probado que ambos eran culpables de un delito continuado de prevaricación al haber adjudicado "a dedo" 128 contratos temporales entre los meses de marzo y septiembre de 2015. La interventora municipal les comunicó por escrito -tras las cincuenta primeras licitaciones- que ninguno de los contratos respetaba el procedimiento para la selección de personal en las administraciones públicas, tal y como recoge la sentencia consultada por Público. El TSJ de Andalucía ratificó el fallo inicial, una postura que también adoptó en 2023 el Tribunal Supremo. La condena de la exregidora es seis meses inferior que la del hermano de Pedro Sánchez.El alcalde absuelto por 16 contratos a dedoEn 2019, la Audiencia Provincial de Palencia decidió absolver al entonces regidor de Velilla del Río Carrión, Gonzalo Pérez Ibáñez (PP), por contratar "a dedo" a 16 personas "próximas al alcalde" para desempeñar distintas actividades incumpliendo las exigencias de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. La Sala consideró probado que el acusado se había "saltado el procedimiento administrativo", pero argumentó que no había cometido un delito de prevaricación como le achacaban la Fiscalía y el PSOE. "Aunque fuese él quien firmaba la contratación, previamente reunía a la Comisión de Selección", señala la sentencia. Pérez Ibáñez realizó las licitaciones pese a las "reiteradas objeciones puestas de manifiesto" por el secretario municipal del Consistorio, tal y como recogen los magistrados. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó la sentencia absolutoria en mayo de 2020.Medinaceli, contratos con empresas del alcaldeLa Audiencia Provincial de Soria dictó en 2022 una sentencia condenatoria contra el alcalde de Medinaceli (Soria) y su número dos, Felipe Utrilla (entonces, PP) y Javier Fernández. Los magistrados consideraron probado que ambos eran autores de un delito de prevaricación administrativa con carácter continuado y acordaron penas de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, así como para el ejercicio del derecho pasivo. Esta es exactamente la misma condena que ahora debe enfrentar el hermano de Pedro Sánchez. Felipe Utrilla había otorgado contratos a una empresa de su propiedad, tal y como recoge el fallo. El teniente de alcalde hizo lo mismo con otras empresas de su propiedad vinculadas al sector de la construcción. La sentencia recalca que ambos sabían que "estaba terminantemente prohibido por ley" realizar contrataciones en nombre del Consistorio con "sus respectivas empresas". El Tribunal Supremo ratificó este veredicto en 2025, tumbando los recursos de Utrilla y Fernández.