Ley de arrendamiento: el mecanismo con el que el chavismo expropió cientos de inmuebles será modificado tras reconocer su fracaso

NoticiaA 15 años de su aprobación, chavismo buscará nueva ley que permita el libre acuerdo de plazos y montos, con pagos en bolívares al cambio oficial. Caraballeda, en el estado de La Guaira, tras el doble terremoto del 24 de junio. Foto: AFPCORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN CARACAS14.07.2026 21:58 Actualizado: 14.07.2026 21:58

Después de 15 años, el chavismo reconoció que la ley de arrendamiento aprobada por iniciativa de Hugo Chávez, es “regresiva”, tal como la denominó Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría oficialista. LEA TAMBIÉN Ante ello, este martes se aprobó en primera discusión la reforma del instrumento legal después del doblete sísmico que golpeó al país el pasado 24 de junio y que ya deja más de 4.700 muertos y 17.900 personas sin vivienda.Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional. Foto:Prensa Jorge RodríguezTras la emergencia habitacional, Rodríguez anunció la urgencia de reformar la política inmobiliaria.Hasta ahora, se han instalado 107 campamentos para atender a los damnificados. Aun con el trauma del terremoto, la preocupación es sobre el destino de la reubicación.Entre ellos se encuentran los sobrevivientes del complejo “Hugo Chávez”, en el sector Playa Grande, en La Guaira, luego de que prácticamente las 196 torres construidas por el Estado se vinieron abajo.“Soy sobreviviente del deslave de 1999, tardé más de 10 años para que me asignaran una casa. Ahora sobrevivo y no sé qué pasará”, dijo una mujer que perdió todo en el terremoto y vivía en ese complejo habitacional.La respuesta legislativa ha tomado forma inmediata con el Proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, una propuesta estructurada en 4 capítulos, 27 artículos, una disposición transitoria y una disposición final. El texto legal busca reactivar el mercado formal de arrendamiento.Vida diaria en Venezuela. Foto:AFPUna ley que facilitaba la expropiaciónLa normativa diseñada en 2011 bajo la gestión de Chávez nació con la promesa de proteger al inquilino frente a la "especulación capitalista". Sin embargo, en la práctica, operó como un mecanismo de expropiación indirecta y asfixia al sector privado debido a la fijación arbitraria de cánones por la Superintendencia Nacional de Vivienda, la prohibición fáctica de desalojos y la pulverización de la rentabilidad en bolívares. LEA TAMBIÉN Quince años después, los pronósticos gremiales se cumplieron con exactitud: la oferta formal desapareció.Ante la catástrofe sísmica, se desnudó el déficit habitacional. Ya en 2025, la ONG Provea advertía que el país necesitaba más de dos millones de viviendas. Sin embargo, los dueños de viviendas preferían no alquilarlas debido a la inseguridad jurídica, pues hubo inquilinos que, amparados por el chavismo, les arrebataron los inmuebles a cientos de personas. Con este nuevo proyecto, la Asamblea Nacional busca "liberar" unas 200.000 viviendas que actualmente se encuentran desocupadas debido al temor legal de sus propietarios.Las claves del nuevo contrato: equilibrio y libre acuerdoA diferencia del control absoluto del Estado que caracterizó a la era de Chávez, el nuevo proyecto consagra como principios rectores la seguridad jurídica, la buena fe y la autonomía de la voluntad de las partes. El documento establece directrices claras para las nuevas contrataciones:El Contrato: Deberá ser obligatoriamente escrito (privado o autenticado ante notario) y detallar la identidad de las partes, el inmueble, el plazo, el canon y la distribución de pagos de servicios. LEA TAMBIÉN Plazos y cánones libres: El tiempo de arrendamiento y el monto del alquiler se acordarán libremente entre las partes. Si no se estipula el plazo, se entenderá por un año con renovación tácita.La Asamblea Nacional busca 'liberar' unas 200.000 viviendas que se encuentran desocupadas. Foto:iStock.Pagos e indexación: Si el canon se pacta en moneda extranjera, el inquilino tendrá el derecho de pagar en bolívares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Los ajustes del canon solo se permitirán en prórrogas o renovaciones y no podrán superar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del BCV.Garantías y servicios: Se permite exigir una garantía de hasta tres meses de canon (en efectivo, cuenta bancaria o póliza de seguro), la cual debe ser devuelta en 15 días continuos tras la entrega del inmueble. El inquilino asumirá los servicios públicos, mientras que el propietario pagará el condominio y los impuestos.Mantenimiento y habitabilidad: Se prohíbe el alquiler en zonas de alto riesgo o estructuras precarias. Las reparaciones mayores (que excedan el 30% del canon mensual) corresponderán al propietario, y las menores al arrendatario.Preferencia de compra: Aquellos inquilinos solventes que tengan más de dos años en el inmueble gozarán del derecho de preferencia comercial si el dueño decide venderlo. LEA TAMBIÉN Desjudicialización y fin del blindaje contra desalojos en VenezuelaEl núcleo más agresivo de la reforma radica en la resolución de conflictos. El proyecto introduce una desjudicialización real mediante el uso de la mediación y centros de arbitraje independientes (bajo la Ley de Arbitraje Comercial), además de los tribunales de municipio, reduciendo la carga del sistema judicial.Una víctima de los dos terremotos en Venezuela sentada junto a sus pertenencias empaquetadas. Foto:AFPBajo este nuevo esquema, el propietario podrá rescindir anticipadamente el contrato y obtener una orden de desalojo de pleno derecho ante tribunales o cortes arbitrales si ocurren causales graves: impago de canon o servicios por dos meses consecutivos, subarrendamiento no autorizado, cambio de destino del inmueble, o deterioro y abandono del mismo. Por su parte, el inquilino podrá rescindir unilateralmente en cualquier momento, pudiendo pactarse una indemnización de hasta dos meses de canon. Delimitación de lo que buscan con ajuste a la ley de arrendamientoPara evitar el caos jurídico en el mercado actual, la ley introduce un principio de irretroactividad estricta.En ese sentido, el nuevo régimen solo aplicará a los contratos que se celebren después de su entrada en vigencia (al publicarse en Gaceta Oficial). Los contratos vigentes continuarán regulados por la severa Ley de 2011 y el Decreto contra el Desalojo Arbitrario.Asimismo, la Disposición Transitoria aclara que dicho Decreto contra Desalojos no aplicará a los nuevos contratos firmados bajo este estatuto. LEA TAMBIÉN Quedan explícitamente excluidos de esta flexibilización los terrenos no edificados, fincas rurales, fondos de comercio, hoteles, inmuebles comerciales, industriales o profesionales, y las ocupaciones derivadas de relaciones laborales.El chavismo, atrapado por los efectos de su propia retórica expropiadora, se enfrenta ahora a la urgencia de sepultar el ala radical de su legislación inmobiliaria para las nuevas generaciones. La ley de arrendamiento fue aprobada por iniciativa de Hugo Chávez. Foto:EFE/MIGUEL GUTIÉRREZAunque el proyecto dibuja un horizonte de equilibrio técnico y contractual inédito en 25 años, su éxito real en la calle dependerá de la celeridad con la que el Ejecutivo implemente los centros de mediación y de la capacidad de los tribunales municipales para actuar sin las trabas ideológicas del pasado.Esta ley se une al grupo que ya ha sido modificado, como la ley de Hidrocarburos, la ley de Minas y la del Sistema Eléctrico que, precisamente, revierten los años de estatismo plantados por la revolución bolivariana. Sigue toda la información de Internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.