NoticiaSegún el funcionario activo, el dinero transferido a la SAE cumple una función técnica específica para actuar como un fondo de garantía.Pulso Gobierno entrante ANT Foto: Archivo particularPERIODISTA14.07.2026 10:28 Actualizado: 14.07.2026 10:28
Tras la denuncia penal presentada por el comité de empalme del gobierno entrante, liderado por Abelardo de la Espriella, contra el convenio de $500.000 millones suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el actual director de la ANT, Juan Felipe Harman, rompió su silencio, a través de un video en redes sociales.En su declaración, Harman defendió la legalidad del acuerdo, calificándolo como un pilar fundamental para la Reforma Agraria y una herramienta estratégica para "arrebatarle el control territorial a las estructuras criminales". LEA TAMBIÉN Invito al nuevo Gobierno a definir si respaldará estos avances o permitirá que se reviertan los esfuerzos por recuperar estos bienes para el paísJuan Felipe HarmanDirector de la ANT.La defensa de la soberanía campesina sobre la tierraImágenes del más reciente proceso de formalización de tierras por parte de la ANT. Foto:ANTEl núcleo del debate reside en un convenio que el gobierno saliente presenta como un logro en la recuperación de activos, pero que el equipo de empalme entrante considera un foco de posibles irregularidades.Harman, sin embargo, no solo defendió la integridad del proceso, sino que elevó el tono político de la discusión.“Me siento orgulloso de haber recuperado tierras de la mafia para entregarlas a las familias campesinas. El convenio con la SAE cuenta con todas las garantías jurídicas, fiscales y constitucionales”, afirmó el funcionario.Según el director de la ANT, el dinero transferido a la SAE cumple una función técnica específica: actuar como un fondo de garantía. Ante la posibilidad de que procesos judiciales futuros ordenen la restitución de algún predio, este fondo, a juicio del funcionario, permite que el Estado responda con el equivalente en dinero y no con la devolución de la tierra.“Esto preserva la situación jurídica de los campesinos”, explicó Harman, asegurando que se blinda el derecho de los beneficiarios frente a posibles reversiones. LEA TAMBIÉN 'Lo que están buscando es devolverle la tierra a la mafia', HarmanTras 28 años de lucha, comunidad de Ladrilleros recibió título colectivo en Buenaventura. Foto:ANTEl director de la ANT fue más allá y lanzó una advertencia directa sobre las motivaciones detrás de las denuncias: “Hoy, con ese manto de duda, lo que están buscando es devolverle la tierra a la mafia”.Para Harman, el cuestionamiento del convenio no es un ejercicio de fiscalización administrativa, sino un intento por desacreditar la política de entrega de tierras que, según sostiene, ha permitido que bienes que antes eran utilizados por estructuras criminales ahora estén al servicio de la Reforma Agraria.El funcionario recordó los presuntos antecedentes de corrupción que han rodeado históricamente a la SAE y al Fondo para la Reparación de Víctimas:El argumento de la "omisión": Harman subrayó que en el pasado, cuando la tierra se perdía en manos de terceros o se desviaba de su propósito de reparación, “nadie decía nada”.El cambio de paradigma: Sostiene que la incomodidad de ciertos sectores surge porque “esa tierra dejó de ser de las mafias” para convertirse en el sustento de miles de familias campesinas. LEA TAMBIÉN Un llamado al Gobierno entranteLa Corte Suprema emitió un concepto en el que exige la revisión judicial de decisiones de la ANT. Foto:Archivo El TiempoEl escenario actual deja una pregunta abierta sobre la continuidad de la política agraria en el próximo cuatrienio. Harman fue enfático al emplazar a la administración venidera para que defina su postura oficial frente a estos activos.“Invito al nuevo Gobierno a definir si respaldará estos avances o permitirá que se reviertan los esfuerzos por recuperar estos bienes para el país”, sentenció. LEA TAMBIÉN Mientras la denuncia penal sigue su curso en las instancias judiciales, el sector rural permanece a la expectativa. La disputa no es solo por un convenio de $500.000 millones; es, en esencia, un pulso sobre quién debe controlar las tierras que, por años, fueron el botín de la ilegalidad en Colombia y cómo debe ser el proceso para su redistribución definitiva.El avance de este caso será determinante para la seguridad jurídica de los miles de campesinos que han recibido títulos de propiedad bajo este modelo, convirtiendo esta controversia en uno de los puntos más críticos de la agenda de empalme institucional.Además, te invitamos a ver: Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:Redacción Nación Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
