La geopol�tica ha dejado de ser un factor ex�geno y ocasional para convertirse en una variable estructural. La aproximaci�n tradicional —dise�ar la pol�tica, documentarla y revisarla solo cuando llega la inspecci�n— ya no protege al grupo.Las pol�ticas de precios de transferencia se construyen sobre una fotograf�a concreta de la cadena de valor: qui�n hace qu�, qui�n asume qu� riesgos y c�mo se reparten los beneficios entre las entidades del grupo. El problema aparece cuando esa fotograf�a deja de parecerse a la realidad. Y eso es justo lo que est� ocurriendo. El conflicto en Oriente Medio, la guerra en Ucrania, los controles tecnol�gicos entre Estados Unidos y China, la inflaci�n persistente y la fragmentaci�n del comercio en bloques geoecon�micos han alterado en pocos a�os los cimientos sobre los que se dise�aron muchas pol�ticas de TP que hoy siguen vigentes sin revisi�n.El impacto no es marginal. Afecta de lleno a los cinco factores de comparabilidad de la OCDE: cambian las circunstancias econ�micas, evolucionan las estrategias empresariales hacia la relocalizaci�n de proximidad, se renegocian condiciones contractuales y, sobre todo, se transforma el an�lisis funcional. La asignaci�n de riesgos pactada hace cinco a�os puede tener poco que ver con qui�n los est� soportando hoy en la pr�ctica. Conviene recordar que la OCDE es clara: los riesgos deben atribuirse a la entidad que ejerce control efectivo y dispone de capacidad financiera para asumirlos. Si una filial caracterizada como rutinaria est� absorbiendo p�rdidas extraordinarias, su posici�n frente a una inspecci�n se vuelve fr�gil.Algunos sectores est�n especialmente expuestos. Por el Estrecho de Ormuz transitan cerca de 20 millones de barriles diarios, una cuarta parte del comercio mar�timo mundial, y cualquier disrupci�n se traslada de inmediato al crudo y a toda la cadena petroqu�mica. El transporte mar�timo arrastra sobrecostes sostenidos por los desv�os del Mar Rojo. La automoci�n convive con interrupciones recurrentes en el suministro de chips, magnetos y tierras raras concentrados en Asia. Los semiconductores se reorganizan al ritmo de los controles a la exportaci�n. Defensa y aeroespacial afrontan una demanda creciente con ciclos de producci�n largos. El agroalimentario depende de Ucrania, Rusia e Ir�n. La farmac�utica est� repatriando principios activos desde Asia hacia Europa y Am�rica. Y la banca opera con un riesgo pa�s m�s alto y reg�menes sancionadores cada vez m�s complejos.Estas perturbaciones se traducen en riesgos de TP muy concretos. El m�s frecuente es la reasignaci�n funcional encubierta: una filial que sobre el papel es de riesgo limitado pero que en la pr�ctica asume rupturas de suministro, sobrecostes log�sticos o p�rdidas cambiarias. Conexo a este aparece el problema de las p�rdidas extraordinarias mal asignadas; la experiencia del COVID-19 dej� claro que invocar una perturbaci�n externa no basta: hay que acreditar qui�n controlaba el riesgo y qui�n ten�a capacidad financiera para asumirlo. A ello se suman deficiencias contractuales, comparables obsoletos basados en datos de 2018-2021 y APAs y MAPs cuyas hip�tesis cr�ticas se han movido sin renegociaci�n formal. La relocalizaci�n de funciones entre jurisdicciones aliadas puede implicar una transferencia de potencial de beneficio que el Cap�tulo IX de las Directrices exige compensar. Y todo ello convive con desajustes entre TP, aduanas e impuestos indirectos, financiaci�n intragrupo no actualizada y la interacci�n con el Pilar 2.Espa�a es un caso particularmente interesante. Capta inversi�n industrial relevante por la relocalizaci�n de proximidad —automoci�n el�ctrica, bater�as, semiconductores, renovables, centros de datos— mientras sus multinacionales mantienen una exposici�n hist�rica notable a Latinoam�rica, una regi�n tambi�n golpeada por la fragmentaci�n comercial y la volatilidad cambiaria. Argentina vive con control de cambios e inflaci�n, M�xico absorbe la relocalizaci�n desde Estados Unidos, Brasil converge al est�ndar OCDE desde 2024, Colombia y Chile sufren la volatilidad de materias primas. Todo ello ocurre mientras la AEAT mantiene los precios de transferencia entre las prioridades de su Plan Anual de Control Tributario, con foco creciente en reestructuraciones sin compensaci�n por salida, p�rdidas reiteradas en entidades rutinarias y financiaci�n desalineada del entorno actual. La litigiosidad reciente confirma una atenci�n cada vez mayor a la sustancia econ�mica y a la conducta efectiva de las partes.La conclusi�n es clara. La geopol�tica ha dejado de ser un factor ex�geno y ocasional para convertirse en una variable estructural. La aproximaci�n tradicional —dise�ar la pol�tica, documentarla y revisarla solo cuando llega la inspecci�n— ya no protege al grupo. Hace falta una gesti�n din�mica: revisar peri�dicamente el an�lisis funcional y de riesgos, mantener la documentaci�n alineada con los cambios operativos reales y coordinar las �reas fiscal, legal, financiera y operativa. Quienes lo hagan no solo gestionar�n mejor el riesgo fiscal; tambi�n podr�n anticiparse mediante APAs o MAPs antes de que llegue la controversia.