Nota BeneGuatemala no tiene una política de desregulación legislativa
Evaluamos la gestión del Congreso con base en el número de iniciativas presentadas o la cantidad de decretos aprobados. Jamás felicitamos a los diputados por derogar leyes que son obsoletas o innecesarias. Contribuimos así a un sistema jurídico complejo que acumula normas.
El país carece de un inventario consolidado de toda la legislación vigente y no existe un mecanismo permanente para revisar la calidad del marco normativo. En años recientes, se han aprobado entre 15 y 40 decretos cada año, según me informa la inteligencia artificial. La sobrerregulación conlleva varios costos no deseados, como el aumento de los costos administrativos, la duplicación de procedimientos, la incertidumbre jurídica, la reducción de la competitividad y la baja credibilidad de las instituciones públicas. Se podría formar una comisión de revisión y desregulación legislativa cuyo fin sea mantener un marco regulatorio sencillo, coherente y actualizado.
Cabe estudiar esfuerzos internacionales exitosos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, las nuevas leyes deben acompañarse de un análisis de impacto para cotejar los beneficios contra los costos esperados. Este mecanismo obliga a los reguladores a considerar la calidad de la norma, y no la cantidad de leyes aprobadas. En Canadá, se busca reducir el crecimiento de las regulaciones a nivel federal a través de una Ley para la Reducción de la Burocracia. Esta iniciativa exige a los legisladores medir el impacto de la regulación propuesta, y evitar la duplicidad. Además, se consulta a los sectores afectados antes de aprobar nuevas reglas. En el Reino Unido, se implementó la política conocida como “Una entra, otra sale”: cuando una nueva regulación genera costos para el sector productivo, el gobierno debe eliminar o simplificar otras regulaciones para compensarlos. Esta medida desalienta la proliferación de regulaciones.
