Meta afronta una ofensiva judicial sin precedentes a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos y la Unión Europea, jueces y reguladores han puesto bajo la lupa los cimientos sobre los que Mark Zuckerberg construyó uno de los mayores imperios tecnológicos del mundo. Un grupo de fiscales estadounidenses reclaman una sanción de 1,4 billones de dólares -unos 880.000 millones de euros- por considerar que Meta obtuvo beneficios a costa de la salud mental de millones de menores. Al mismo tiempo, en la Unión Europea, la Comisión sostiene que Facebook e Instagram incumplen la Ley de Servicios Digitales (DSA) al incorporar mecanismos que favorecen un uso compulsivo.PublicidadAunque cada procedimiento se apoya en una legislación distinta, ambos apuntan al mismo problema de fondo: el modelo de negocio de Meta. Ya no se trata solo de examinar cómo la compañía gestiona los datos personales o qué contenidos albergan sus plataformas. Lo que ahora cuestionan tanto EEUU como la UE es si Facebook e Instagram fueron diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios pese a los riesgos que ese funcionamiento podía entrañar para la salud mental, especialmente de niños y adolescentes.La demanda estadounidense es, por ahora, la que entraña un mayor riesgo económico para la compañía. Los estados de California, Kentucky, Nueva Jersey y Colorado han solicitado una sanción de 1,4 billones de dólares, una cifra que equivale prácticamente al valor bursátil de Meta, que la semana pasada cerró con una capitalización de 1,54 billones de dólares.Los demandantes han calculado la cuantía aplicando la multa máxima prevista por la legislación por cada menor de 13 años afectado y por cada mes en que utilizó Facebook o Instagram. Meta rechaza ese método de cálculo y sostiene que una sanción de semejante magnitud "no tiene precedentes en la historia de la aplicación de la legislación de protección del consumidor". La compañía acusa además a los fiscales de inflar artificialmente la cifra mediante un sistema que considera un "doble conteo" sin base jurídica.El juicio, previsto para agosto, analizará las demandas presentadas por 29 estados. La mayoría acusa a Meta de vulnerar la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores sin el consentimiento paterno adecuado. A ello se suman las denuncias de California, Kentucky, Nueva Jersey y Colorado, que sostienen que la empresa también incumplió sus respectivas leyes de protección al consumidor.PublicidadLos fiscales sostienen que Meta conocía desde hacía años los efectos que sus plataformas podían tener sobre la salud mental de niños y adolescentes y que, pese a ello, antepuso el crecimiento de la compañía y sus ingresos a la seguridad de los usuarios más jóvenes. Esa acusación se respalda en los llamados Facebook Papers, filtrados en 2021 por la exingeniera de Meta Frances Haugen, los cuales revelaron que la compañía llevaba años estudiando el impacto de Facebook e Instagram sobre los menores. Sus investigaciones internas advertían de que Instagram podía agravar problemas de autoestima, ansiedad o imagen corporal entre parte de la audiencia adolescente y reflejaban la preocupación de los propios investigadores por el funcionamiento de los algoritmos de recomendación y otras herramientas diseñadas para aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios en la plataforma.Meta siempre ha sostenido que aquellos documentos fueron "descontextualizados" y recuerda que en los últimos años ha incorporado controles parentales, límites de tiempo de uso y otras funciones dirigidas a reforzar la protección de adolescentes y niños. Sin embargo, para Leanda Barrington-Leach, directora ejecutiva de la Fundación 5Rights, el problema no se resuelve con este tipo de herramientoas. "Los jóvenes merecen servicios digitales diseñados para ser seguros, no soluciones a medias añadidas posteriormente", apunta.Barrington-Leach apunta que tanto los estudios de la ONG como los propios documentos filtrados de Meta demuestran que "las herramientas que obligan a niños y padres a gestionar el uso digital no pueden competir con productos diseñados deliberadamente para maximizar la participación".PublicidadLa Comisión Europa investiga el diseño adictivoLa misma preocupación también se investiga en Europa. El pasado viernes, la Comisión Europea concluyó, de forma preliminar, que Facebook e Instagram incorporan mecanismos -como el scroll infinito, la reproducción automática de vídeos, las notificaciones constantes o los algoritmos de recomendación altamente personalizados- que favorecen un uso compulsivo.Según las conclusiones preliminares de la investigación, Meta podría estar infringiendo la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no evaluar correctamente el impacto que estas funciones podían tener sobre el bienestar físico y mental de los usuarios, especialmente de los menores y otros colectivos vulnerables. Si Bruselas confirma la infracción, Meta podría enfrentarse a multas de hasta el 6% de su facturación mundial -lo que equivaldría a algo más de 11.000 millones- y verse obligada a cambiar los diseños y las funciones de sus redes para frenar su uso compulsivo.La vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha defendido que "proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales" y subrayó que la Ley de Servicios Digitales proporciona "un marco claro para exigir responsabilidades a las plataformas por el diseño adictivo y los efectos de sus servicios".Desde la entrada en vigor del reglamento DSA en 2023, la Comisión ha utilizado esta normativa para abrir investigaciones contra varias grandes tecnológicas y ya ha logrado que algunas modificaran determinadas prácticas antes incluso de que concluyeran los procedimientos. Es el caso de TikTok Lite, un servicio de pago por ver vídeos, que fue retirado tras la presión de Bruselas antes incluso de su puesta en marcha.