El matrimonio alemán que durante casi tres años y medio mantuvo aislados a sus tres hijos en una casa situada en las afueras de Oviedo quedará en libertad con carácter inmediato después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya revisado su pena, les haya absuelto de los delitos de maltrato psicológico y haya anulado las medidas cautelares adoptadas.La Audiencia Provincial condenó el pasado 11 de mayo a dos años y cuatro meses de prisión a los padres por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que los absolvió del de detención ilegal. A los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, se les había inhabilitado también durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad o tutela, tiempo durante el que tampoco podrían comunicarse con sus hijos.Ahora, el TSJA estima parcialmente el recurso presentado por la defensa de los padres y les mantiene solo la pena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia, por lo que los progenitores podrán abandonar el Centro Penitenciario de Asturias en cuanto estén listos los autos que la Sección Segunda de la Audiencia está preparando ya para comunicar la sentencia, según fuentes judiciales.Los niños, dos gemelos que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, estuvieron aislados en una casa unifamiliar en las afueras de Oviedo entre diciembre de 2021 y abril de 2025. Nunca fueron escolarizados en España, por lo que los gemelos no sabían leer ni escribir, y no tuvieron un seguimiento sanitario de su salud.Tras su liberación, los pequeños quedaron bajo el auspicio de los servicios sociales del Principado, que sigue manteniendo su custodia. Según informó hace unos días la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno de Asturias, Marta del Arco, los servicios del Principado continúan trabajando con ellos. “Son niños cuyas secuelas de lo que vivieron iban a aparecer con posterioridad y se está trabajando de una manera muy intensiva con ellos, tanto el personal educador como psicólogos, porque realmente lo necesitan”.Una evidente falta de higiene en la vivienda; condiciones precarias de salubridad y una sorprendente cantidad de medicamentos almacenados, fueron los factores destacados por los policías que accedieron a la casa. Según las declaraciones de los agentes que participaron en la operación, los niños llevaban pañales, dormían en cunas y un camastro sin patas. Sus últimos zapatos se habían comprado en 2019 y los pequeños convivían también con un gato en muy malas condiciones de higiene y salud. Las ventanas de la vivienda estaban cerradas y no corría el aire.Por su parte, la defensa del matrimonio alegó en el juicio que no existió una detención ilegal de los menores, sino que fue un aislamiento voluntario por el “miedo insuperable” que sentían los padres tras enfermar de coronavirus. “Aquí lo que habido es una familia con comportamiento disfuncional, con un comportamiento anómalo, pero, desde luego, no criminal”, afirmó en su momento Javier Muñoz, uno de los abogados de los padres tras señalar que se trata de una familia extranjera que “no conoce el idioma y que decide auto confinarse y educar a sus hijos en casa”.Según el abogado de la madre, los padres crearon una “célula en la que vivieron aislados, si bien no ha habido ningún tipo de detención ilegal de los menores, dado que estos tenían la libertad de deambular por el hogar”. Todo ello provocado por un “miedo insuperable e irracional tras haber estado enfermos durante bastante tiempo, por lo que no pudieron regularizar su situación en España”.La defensa añade que los tres niños estaban aseados y no presentaban malformaciones. “Es una situación extraordinaria, anómala, extraña, pero no constitutiva de delito. Tener la casa desordenada no es un delito y no escolarizar a los hijos en un centro oficial no es un delito; puede ser una infracción administrativa y puede ser reprochable desde el punto de vista personal o social, pero no jurídico”, ha apuntado el letrado.La abogada del padre sostuvo que haber optado por la vía penal para resolver esta situación es “la más perjudicial porque se ha desmembrado una familia. No es una situación ortodoxa, pero, desde luego, no es una situación criminal. Es una cuestión puramente asistencial de una familia con problemas y un comportamiento anómalo”.La defensa pidió la absolución del matrimonio, mientras que la Fiscalía y la acusación particular, que ejerció el Gobierno asturiano, solicitaron sendas penas de 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia. Ahora el TSJA anula los principales cargos y los padres podrán quedar en libertad. Una decisión contra la que cabe recurso ante el Supremo.