La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la demanda de la firma Bunge Argentina S.A. contra el Estado Nacional por el aumento de las retenciones agroindustriales, debe tramitar ante la Justicia Federal de Villa María y no en la Ciudad de Buenos Aires. Con esta decisión, el máximo tribunal —con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— frenó el intento del Ejecutivo de centralizar el litigio en los tribunales de la Capital Federal.
La decisión administrativa cuestionada en el juicio es de 2022 generó protestas de productores agropecuarios en todo el país, incluida Córdoba.
El eje del litigio: el "decretazo" de las retenciones
La controversia se originó cuando Bunge Argentina promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 1° del decreto 131/2022. Esta norma suspendió las alícuotas de derechos de exportación vigentes y restableció porcentajes mayores para diversos productos agroindustriales, lo que impactó directamente en los costos de la exportadora.
Bunge, que posee su domicilio fiscal en la localidad cordobesa de Tancacha, interpuso la demanda ante el Juzgado Federal de Villa María. Sin embargo, el Estado Nacional planteó una "inhibitoria", argumentando que, al tratarse de un cuestionamiento a un acto del Poder Ejecutivo Nacional, la causa debía radicarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
