Por Esneyder Negrete |
Pueblo Nuevo (Colombia) (EFE).- El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia, Felipe Harman, defiende la reforma agraria como uno de los principales legados del Gobierno de Gustavo Petro, pero advierte que el verdadero desafío será preservar los avances alcanzados cuando el próximo Ejecutivo asuma el poder el 7 de agosto.
«El latifundio en Colombia no tiene seguridad jurídica; el latifundio en Colombia lo que tiene es amigos poderosos», afirma Harman en una entrevista con EFE para explicar por qué, a su juicio, el principal obstáculo para democratizar la tierra no está en las leyes, sino en las estructuras políticas, económicas y armadas que durante décadas han sostenido la concentración de la propiedad rural.
El funcionario sostiene que, pese a los avances de los últimos cuatro años, la redistribución de la tierra sigue siendo una tarea inconclusa en un país donde la violencia, el despojo y la desigualdad han marcado históricamente al campo.
«Avanzamos sustancialmente alrededor de ese propósito, pero vuelvo e insisto: no es suficiente», dice Harman a EFE en la hacienda La Palmira, un predio recuperado por la ANT en zona rural del municipio de Pueblo Nuevo, en el departamento caribeño de Córdoba y convertido por el Gobierno en uno de los símbolos de su reforma agraria.
