Un informe de la Sindicatura de Comptes que salió a la luz el pasado mes de diciembre reveló que el Tribunal de Cuentas había abierto una investigación para analizar si podía existir una presunta “responsabilidad contable” en el abono por parte la Conselleria de Sanidad al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de los costes asociados a la atención de pacientes oncológicos asignados a departamentos de salud privatizados, gestionados, por tanto, por Ribera Salud (Alzira, Dénia, Torrevieja y Elche-Crevillente) o por Sanitas (Manises). De todos ellos, solo queda privatizado el de Elche-Crevillente, gestionado por la primera empresa.
Esta situación implicaría que Sanidad habría pagados dos veces por el servicio, en concreto entre los años 2013 y 2023, según la investigación del mencionado Tribunal. Un primer pago al IVO que, pese a ser una fundación privada, se nutre casi en su totalidad de fondos de la Generalitat. Y un segundo pago a estas empresas, en el caso de los pacientes adscritos a las áreas de salud que gestionan, por los que la administración también abona una cuantía anual en concepto de capital. No significa que las empresas renuncien a tratar a estos pacientes, sino que estos, al tener la pasibilidad de elegir, prefieren la opción del IVO, por lo que son derivados.
