Valencia, 11 jul (EFE).- Recibir un diagnóstico de Alzheimer obliga a la familia a prepararse jurídica y psicológicamente para los problemas que aparecerán «sí o sí» y que hacen necesarias una serie de medidas preventivas para mantener la paz familiar e incluso preservar el patrimonio económico del afectado, que seguramente será necesario para afrontar los costosos cuidados que acabará necesitando.Esta es una de las conclusiones del Foro EFE «Alzheimer, demencia y retos legales: cómo proteger a las personas afectadas y a sus familias», que EFE organiza junto con la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV), y en el que los expertos han destacado la necesidad de impulsar una «cultura de la previsión» para anticipar esas situaciones que se van a dar tras el diagnóstico, tanto en la preparación de los familiares para cuidar a sus enfermos como jurídicas para evitar un deterioro patrimonial.
El presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, Carlos Fornes, y el presidente de la Federació Valenciana d’ Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer, Santiago Llopis (d). EFE/Manuel Bruque
Cultura de la previsión
El presidente de la ADSCV, Carlos Fornes, ha subrayado que las asociaciones de familiares de Alzheimer «hacen una labor encomiable de asesoramiento», pero la realidad es que la gente «acude al notario o a las asociaciones cuando el problema ya ha estallado» porque no existe una cultura de la previsión.Según Fornes, «pensamos en el testamento para cuando fallecemos, pero no pensamos en qué pasa si perdemos la capacidad de decidir estando vivos», y por ello es esencial «la prevención y dejarlo todo bien atado. Aunque hay herramientas, existe una desinformación importante y la gente no tiene ni idea de qué hacer».Entre esas herramientas jurídicas «magníficas» ha citado los poderes preventivos o la autocuratela (designar preventivamente a la persona que desea que le asista o represente si en el futuro pierde la capacidad de gobernarse por sí misma), pero requieren que la persona esté en pleno uso de sus facultades cognitivas para otorgarlos ante notario.«Si la familia espera a que el paciente ya no reconozca a los suyos o tenga episodios de desorientación graves, el notario no puede autorizar esa escritura porque la persona ya no tiene el discernimiento necesario» y ahí es donde el problema «se vuelve un laberinto judicial», ha añadido.
