La Unión Europea lleva cuatro años amenazando con dejar de comprar gas a Rusia por iniciar una guerra contra Ucrania, pero esta vez parece que las intenciones son más serias. Las instituciones europeas aprobaron en enero de 2026 un reglamento con plazos para implantar una prohibición progresiva a las importaciones de gas ruso, las cuales estarían totalmente vetadas en el otoño de 2027. De manera adicional, han endurecido las sanciones a partir del paquete número 19 con la finalidad de obligar a la industria a no poder aplazar más la desconexión. En este contexto, los 27 se comprometieron a enviar a la Comisión Europea planes nacionales de desconexión del gas ruso antes del uno de marzo de 2026, requisito con el que España ya ha cumplido, según confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. La crisis del estrecho de Ormuz desató los rumores sobre un posible aplazamiento del veto al gas ruso, pero Bruselas se ha mantenido firme y todos los Estados miembros, menos uno, han cumplido ya con su obligación de diseñar y enviar el plan. No obstante, no ha trascendido ningún detalle más acerca del documento español. Se trata de una hoja de ruta confidencial a la que ni siquiera los operadores del sistema gasista han tenido acceso, según confirman fuentes ministeriales y las propias empresas. Si bien es cierto que la normativa comunitaria vincula a España como país y solo obliga a entregar el plan a la Comisión, es la industria la que tiene los contratos y la que tendrá que efectuar la desconexión sin haber negociado previamente la estrategia con el Gobierno. Para España, la fecha límite para comprar gas ruso será el uno de enero de 2027, cuando se prohíban los contratos a largo plazo de GNL (previamente, en abril y en junio de 2026, finalizó la legalidad de los contratos a corto plazo tanto de GNL como de gas por gasoducto). La última fecha, entre el 30 de septiembre de 2027 y el 1 de noviembre, solo aplica a los países que aún se abastecen mayoritariamente del gas ruso por el TurkStream, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria, y que pueden tener problemas de suministro. Por el momento, la Comisión se encuentra en fase de análisis de los planes recibidos, a los que puede hacer recomendaciones antes de fin de año. TE PUEDE INTERESAR En teoría, el marco normativo comunitario se ha diseñado para impedir las negociaciones y las transacciones financieras con la industria gasista rusa una vez alcanzada la fecha límite. La idea es evitar las importaciones indirectas de gas desde terceros países intensificando los controles aduaneros. No obstante, los controles más severos se establecen en los paquetes de sanciones que se votan cada seis meses, no en el reglamento, abriendo la puerta a una relajación si la guerra finaliza. Con la normativa actual, la industria se vería obligada a no ejecutar los contratos por fuerza mayor. Rusia es el tercer proveedor de gas natural de España tras iniciar la relación comercial en 2018, cuando Naturgy firmó el primer contrato a largo plazo de GNL con la planta de Yamal. El gas ruso supone el 11,5% de las importaciones totales en 2025 y el 17,4% en los primeros cuatro meses de 2026, según los datos de CORES. Esta cifra representa las compras brutas, sin tener en cuenta que una parte puede reexportarse posteriormente. Por delante de Rusia se sitúan EEUU y Argelia, con el 35,2% y el 30,6% de las importaciones, respectivamente, en lo que va de año. El sector energético, especialmente las empresas gasistas, vive con inquietud este nuevo paso para bloquear la entrada de gas ruso. El momento, sostienen distintas fuentes del sector, no podría ser más delicado. La preocupación se centra en la seguridad de suministro, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel y el riesgo para el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. La interrupción parcial de los flujos de gas natural licuado (GNL) procedentes de Qatar ha vuelto a poner de manifiesto hasta qué punto Europa sigue expuesta a las turbulencias del mercado internacional. Aunque Asia se encuentra más expuesta que Europa a esta situación, ya en proceso de desbloqueo, las alarmas no se han apagado en el Viejo Continente desde que Rusia lanzó su ofensiva sobre Ucrania en 2022. Los niveles de almacenamiento de gas tampoco atraviesan su mejor momento y el próximo otoño vuelve a afrontarse con un elevado grado de incertidumbre. En este contexto, aunque existe un amplio consenso sobre la necesidad de seguir aislando al Gobierno de Putin, el sector considera que una desconexión inmediata del gas ruso sigue siendo inviable. Hay países, como los bálticos, que podrían afrontar problemas de suministro, mientras que otros, como España, sufrirían un fuerte impacto en los precios. Ese diagnóstico coincide con el primer informe elaborado por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) tras la entrada en vigor del plan comunitario para eliminar progresivamente el gas ruso. El organismo concluye que, por el momento, el impacto de las restricciones sobre el mercado europeo ha sido limitado, ya que la mayor parte de las prohibiciones todavía no han entrado en vigor y los contratos de largo plazo siguen vigentes durante el periodo transitorio. ACER considera que los principales efectos sobre los precios, los flujos de suministro y la seguridad energética se dejarán sentir a partir de 2027. De hecho, entre enero y mayo de este año, las importaciones de gas ruso hacia la Unión Europea aumentaron un 7% por gasoducto y un 11% en forma de gas natural licuado respecto al mismo periodo del año anterior, en parte por el adelanto de entregas y los ajustes contractuales realizados antes de que entren en vigor las restricciones más severas. Impacto empresarial y en los precios A pesar del protagonismo del gas ruso en la cesta importadora de España, el informe de ACER sitúa al país en una posición más favorable que otros Estados miembros. El motivo es que España es uno de los principales puntos de entrada del gas ruso a la UE, pero estructuralmente cuenta con mayor independencia de proveedores por sus terminales de GNL, acceso marítimo y capacidad de regasificación. No obstante, aunque pueda garantizar mejor la seguridad de suministro, la afectación se verá en los precios y a nivel empresarial. Las compañías llevan tiempo advirtiendo de estos riesgos. Un ejemplo es Naturgy, que hace un año remitió una carta a Ursula von der Leyen y Teresa Ribera para alertar de las consecuencias que podría tener una prohibición que no distinguiera entre los contratos a corto plazo y los de largo plazo, algunos de ellos vigentes hasta 2040. La compañía advertía de que las consecuencias para las empresas serían "probablemente irreversibles". Al incluir estos acuerdos cláusulas take or pay, Naturgy estaría obligada a pagar miles de millones de euros por un gas que no recibiría y, al mismo tiempo, tendría que sustituir ese suministro por compras en mercados más caros, con el consiguiente impacto en la factura de los clientes residenciales e industriales. Mientras tanto, Rusia podría revender ese mismo gas a terceros países, obteniendo un doble beneficio económico, aunque la normativa comunitaria trata de acotar esta vía. Naturgy mantuvo el pasado 2 de julio una reunión en Bruselas con el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, y con Aleksander Vigne, miembro de su gabinete, para analizar algunos de los principales retos del mercado energético europeo. Según el registro de transparencia de la Comisión Europea, durante el encuentro se abordaron las perspectivas de suministro energético de cara al próximo invierno, con especial atención a la evolución prevista del mercado mundial del gas natural licuado (GNL). Una actividad de los gasistas en Bruselas que evidencia el momento y la incertidumbre que vive el sector.