La Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra negó este viernes 10 de julio el pedido de declinación de competencia presentado por la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), con el que se buscaba que el proceso contra el dirigente indígena Guido Perugachi pase de la justicia ordinaria a la justicia indígena.Con esta decisión, la Fiscalía General del Estado podrá continuar con el proceso por el presunto delito de paralización de un servicio público, relacionado con las protestas de septiembre de 2025 en Imbabura. Tras la resolución, el fiscal Washington Bolívar Burbano solicitó que se fije una nueva fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos.Al resolver el pedido, la jueza Mery Maza concluyó que la solicitud no cumplía todos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para que un proceso sea conocido por la justicia indígena. Explicó que, en estos casos, los operadores judiciales deben verificar dos parámetros: la legitimidad de la autoridad indígena y la existencia de un proceso de justicia indígena seguido contra la misma persona por los mismos hechos.PublicidadLa jueza determinó que el primer requisito sí se acreditó. Señaló que dentro del expediente consta la pertenencia de Guido Perugachi a la comuna Perafán y la acreditación de las autoridades indígenas que promovieron la solicitud, por lo que reconoció la legitimidad de la jurisdicción indígena para ejercer sus funciones.Sin embargo, concluyó que no se cumplió el segundo parámetro. Según explicó, la documentación presentada por la Unorcac demuestra que la justicia indígena conoció un proceso contra trece miembros de las Fuerzas Armadas por hechos ocurridos durante las protestas de septiembre de 2025, pero no existe una resolución en la que Guido Perugachi haya sido investigado o sancionado por el presunto delito de paralización de un servicio público que ahora investiga la Fiscalía.“Para que opere la declinación de competencia se exige que el proceso en curso se siga contra la misma persona y por los mismos hechos que investiga la justicia ordinaria”, sostuvo la jueza antes de negar la solicitud presentada por la Unorcac.PublicidadPublicidadLa diligencia fue presidida por Maza como parte del diálogo intercultural solicitado por la comuna Perafán y otras autoridades de justicia indígena, antes de resolver la petición de declinación de competencia.En representación de la Unorcac intervinó su presidenta, Martha Túquerres. La Fiscalía estuvo representada por Washington Bolívar Burbano; la defensa de Perugachi por los abogados Henry Ospitia y Luis Ávila; mientras que el abogado Bryan Cevallos compareció en representación de las víctimas. También participó la defensa del Ministerio de Transporte e Infraestructura y del Ministerio de Educación.Durante su intervención, Túquerres sostuvo que el pedido no buscaba otorgar un trato privilegiado al dirigente indígena, sino que se respete el derecho colectivo de las comunidades a ejercer su jurisdicción.“Nuestra cosmovisión no representa el comportamiento de una persona; es un sentir del pueblo de Cotacachi. No buscamos un responsable para imponer la justicia indígena, sino establecer la reparación. No buscamos encarcelar; lo que busca es sanar, reparar, restablecer la convivencia y reintegrar a las personas a las comunidades”, afirmó.La dirigente añadió que la justicia indígena se ejerce de manera colectiva y no alrededor de un juez individual, por lo que solicitó que la causa sea conocida por las autoridades indígenas.La Fiscalía se opuso a ese planteamiento. El fiscal Burbano sostuvo que la documentación presentada por la Unorcac corresponde a una asamblea comunitaria en la que se resolvió sancionar a trece militares por el ingreso a territorios indígenas durante las protestas, pero no existe un proceso relacionado con el presunto delito que investiga Fiscalía.Publicidad“Nosotros hemos solicitado la formulación de cargos por la paralización de un servicio público. Dentro de las actas no se ha hecho constar ese hecho ni se ha abierto un procedimiento por la paralización de los servicios públicos de 2025”, manifestó.El fiscal agregó que el delito investigado forma parte de los delitos contra la estructura del Estado y que la afectación trasciende a una comunidad específica, al involucrar la prestación de servicios públicos.A esa postura se adhirió el abogado Bryan Cevallos, representante del Comando de Policía de la Subzona Imbabura, quien sostuvo que la investigación se refiere a la interrupción de un servicio público cuya prestación corresponde garantizar al Estado.Por su parte, la abogada Alejandra Rosero, en representación del Ministerio de Transporte e Infraestructura, argumentó que el cierre de vías durante las protestas afectó la operación vial, la recaudación de peajes y otras competencias de esa cartera de Estado.En la misma línea, Misael Guerrón del Ministerio de Educación señaló que las movilizaciones afectaron la continuidad de las actividades presenciales en instituciones educativas de Otavalo e Ibarra y respaldó que el proceso continúe en la justicia ordinaria.La defensa de Perugachi, a cargo del abogado Luis Ávila, pidió aceptar la declinación de competencia. Argumentó que, en caso de duda sobre la jurisdicción competente, debe privilegiarse la autonomía de la justicia indígena y la mínima intervención de la justicia ordinaria. También sostuvo que una organización de segundo grado como la Unorcac puede solicitar la aplicación de la jurisdicción indígena.La investigación contra Perugachi se refiere al presunto delito de paralización de un servicio público durante las protestas de septiembre de 2025 en Imbabura. Según la Fiscalía, las manifestaciones habrían afectado la infraestructura hídrica y otros servicios públicos, hechos por los que la Fiscalía busca formular cargos contra el dirigente indígena.Una vez emitida la decisión, el fiscal Burbano informó que solicitará el señalamiento de una nueva fecha para la audiencia de formulación de cargos contra Perugachi. (I)