La investigación por la sospecha de paralización de servicios públicos que sigue la Fiscalía General en contra del líder indígena Guido Perugachi se detuvo en la formulación de cargos, pues está pendiente resolver un conflicto de competencia que esclarezca si el proceso lo sustanciará la justicia indígena o la justicia ordinaria. Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras (Fenocin), es sospechoso del delito de paralización de servicios públicos que se habría detectado en las protestas de octubre de 2025, las cuales se concentraron en Imbabura, en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina extra que ordenó el presidente de la República, Daniel Noboa. El proceso está en la etapa de formulación de cargos, debido a que debe resolverse un pedido del investigado y, además, porque los funcionarios judiciales no han podido notificarle con las diligencias respectivas. PublicidadSegún el expediente procesal, el 27 de mayo de 2026 se realizó un diálogo intercultural entre Perugachi, el fiscal Washington Burbano, la delegada de la Defensoría del Pueblo María Fernanda Granda, un perito antropólogo, una intérprete y la jueza Mery Maza Puma, quien debe presidir la audiencia de formulación de cargos. Además, por la comuna Perafán de Imbabura participó la presidenta María Ángela Cabezas y por la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), Martha Túquerrez y Apak Perugachi, presidenta y vicepresidente, en su orden. La reunión se instaló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Ibarra; en aquella, los representantes de Perugachi explicaron que los hechos que se investigan fueron el resultado de resoluciones de la comunidad indígena adoptadas por miles de personas en su ejercicio al derecho a la resistencia. PublicidadPublicidadSeñalaron que desconocen de que en esos momentos se haya afectado o destruido la infraestructura de agua potable. Pero aclararon que su cosmovisión y jurisdicción se encuentra bajo el conocimiento de la justicia indígena.Habrían hecho un pedido para que vuelva la paz social a las comunidades y cese la criminalización de sus dirigentes, por lo que solicitaron la declinación de competencia y el archivo de la causa penal. El agente Washington Burbano, en representación de la Fiscalía, explicó que la investigación se basa en un posible delito de paralización de servicio público que afectó a la colectividad con daños a las plantas de agua. Esos actos estarían respaldados en grabaciones en los que se vería a Perugachi liderando esas manifestaciones, por lo que el Estado debe evitar la impunidad, especialmente en delitos que trascienden el daño individual y afectan a la comunidad en general, había expresado el fiscal en dicha diligencia.Como parte de los compromisos entre las partes procesales, las autoridades indígenas presentarían por escrito la petición formal de declinación de competencia y la realización de un informe antropológico e intercultural que sea un insumo para la decisión judicial. La audiencia de formulación de cargos en contra de Perugachi no ha logrado instalarse desde abril pasado, por lo que desde la Unidad Judicial de Imbabura se envió el expediente a Quito. PublicidadSegún varias providencias, no localizan a Perugachi para notificarle con los escritos y demás procedimientos en esta investigación penal. (I)