Primeras consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de dar carta blanca a Donald Trump para cesar a quien quisiera en los organismos federales independientes. Diez días después del dictamen, Trump ha despedido a los dos miembros demócratas que aún quedaban de la Comisión bipartidista de Asistencia Electoral. Una tercera funcionaria, republicana, ha presentado su renuncia. La orden del mandatario llega apenas cuatro meses antes de unas elecciones de medio mandato que se perfilan decisivas y mientras el presidente presiona para conseguir una reforma electoral cuyos críticos denuncian que en la práctica limitará el derecho al voto.Es significativo que haya sido precisamente la Comisión de Asistencia Electoral la primera en recibir órdenes de despido tras la sentencia del 29 de junio, entre una docena de organismos afectados por ella. Fundada en 2002, como resultado de la aprobación de la Ley de Ayuda al Sufragio en Estados Unidos, se encarga de ayudar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y apoyar a los funcionarios electorales en el desarrollo de los comicios. También se encarga de “mantener los formularios para solicitar el voto por correo, de acuerdo con la ley de Registro de Votantes de 1993”, según figura en su página web. Algo clave para Trump. El presidente estadounidense, que insiste sin ningún tipo de prueba en que las elecciones de 2020 que dieron la victoria al demócrata Joe Biden y le obligaron a él a abandonar la Casa Blanca estuvieron amañadas, está empeñado en imponer una reforma del proceso electoral que obligaría a los votantes a demostrar que son ciudadanos estadounidenses y que prohibiría o limitaría a casos extremos el voto por correo. Trump piensa, también sin nada que lo corrobore, que es fácil que ciudadanos extranjeros puedan votar indebidamente en las elecciones estadounidenses —en realidad son casos extremadamente raros— y atribuye características fraudulentas al voto a distancia. Exigir pruebas de ciudadanía, en un país en el que no existe un carnet de identidad obligatorio, puede limitar el derecho al voto, sobre todo entre las minorías. También puede hacerlo la exigencia de voto presencial. Este viernes Trump ha anunciado que, de manera simbólica, no firmará una ley de vivienda —que cuenta con el respaldo de los dos partidos en momentos en los que los datos oficiales indican que el precio medio de un hogar se encuentra en el punto más alto de la historia del país— simplemente como protesta por que el Congreso no apruebe el proyecto de ley de reforma electoral que él respalda, la SAVE Act. Esa medida no cuenta con los suficientes votos entre los legisladores para salir adelante. La ley de Vivienda entrará en vigor este sábado, aunque no cuente con la firma del presidente. El interés del presidente en cambiar las reglas para poder votar —y en cesar a los funcionarios demócratas de la comisión de asistencia electoral— crece a medida que se acercan los comicios de noviembre, en los que está en juego el control de las dos cámaras del Congreso y, con ellas, la agenda legislativa republicana, o incluso la posibilidad de que la oposición demócrata, de obtener la mayoría, abra juicios políticos a altos cargos y al propio Trump. Las encuestas apuntan que la popularidad del mandatario se encuentra en los niveles más bajos en lo que va de mandato, en torno al 36%.Los despidos en la Comisión de Asistencia Electoral, confirmados por la Casa Blanca, llegan después de que el Supremo fallara a favor del presidente y determinara que el jefe de Estado tiene potestad para decidir el despido, sin necesidad de justificarlo, de los funcionarios al frente de una agencia federal independiente (aunque el Supremo ha dictaminado una excepción en el caso de la Reserva Federal). El caso se había planteado por el despido de Rebecca Slaughter, consejera de la Comisión Federal de Comercio y de afiliación demócrata, a la que el presidente había puesto de patitas en la calle porque “su continuidad era incompatible con los objetivos de esta Administración”. Por seis votos, los de los jueces conservadores, frente a tres, los de las juezas progresistas, el tribunal más alto del país determinó que el mandatario había actuado de manera legítima. Su dictamen ha puesto fin a una jurisprudencia respetada durante noventa años, que argumentaba que el poder ejecutivo no tiene competencias para retirar de su cargo a esas personas, a menos que demuestre que han cometido abuso de poder, son corruptas o alguna otra irregularidad muy grave. “Lo que el texto [de la Constitución], la historia y la estructura establecen, lo confirma el precedente del Tribunal: el presidente puede destituir a sus subordinados a su discreción”, señalaba el texto de la sentencia del 29 de junio.Dimisión republicanaAhora la Casa Blanca ha citado el precedente del despido de Slaughter para justificar la marcha forzosa de los demócratas Thomas Hicks y Benjamin Howland. Su colega republicana, Christy McCormick, ha presentado su dimisión. “El presidente, como titular del poder ejecutivo, se reserva el derecho de cesar a los individuos que puede que no estén totalmente alineados con la importante tarea de garantizar las elecciones estadounidenses y de asegurarse de que se cuenta cada voto legal”, ha indicado la residencia presidencial en un comunicado. “La decisión en el caso Slaughter da al presidente un precedente para ello”.“Desde el principio, esta Administración ha trabajado con todas las agencias y socios locales para proteger las elecciones de fraude y abuso, y para invertir en una infraestructura fuerte que apoye esta misión, especialmente en las elecciones de medio mandato”, agrega el comunicado. Tras la decisión de Trump, no está claro ahora cuál será el futuro de la comisión, ni si el presidente nombrará nuevos ejecutivos que reemplacen a los despedidos. En ese caso, los nombres que proponga tendrán que ser confirmados por el Senado.La oposición demócrata ha arremetido de inmediato contra los ceses. El líder de este partido en el Senado, Chuck Schumer, ha prometido “luchar contra este abuso de poder en todo momento y lugar”, mientras que el senador Mark Warner, de Virginia, ha declarado que la medida de Trump “debería preocupar a cualquier ciudadano, con independencia de su partido”.