Carlos Díaz, fiscal general de Costa Rica, afirmó que los ataques del Ejecutivo buscan debilitar la independencia del Ministerio Público. Crédito: AIAMPEl fiscal general de Costa Rica, Carlos Díaz, lanzó una advertencia sobre el futuro democrático del país al denunciar presiones y ataques directos del Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público. Díaz, quien se encuentra en los últimos meses de su gestión, aseguró que “si concentran el poder, la democracia se acaba”, en referencia a las iniciativas y señalamientos recientes desde la Presidencia y el oficialismo. La entrevista, transmitida por Radio UCR, expuso una escalada de tensiones inéditas en la relación entre los poderes del Estado.Durante la conversación, Díaz relató cómo desde el allanamiento del caso Barranador en septiembre de 2024, las acusaciones y descalificaciones por parte del Ejecutivo se intensificaron.PUBLICIDAD “He sido quizás una piedra en el zapato”, afirmó, aludiendo a las investigaciones de corrupción que involucraron tanto al expresidente Rodrigo Chávez como a la actual presidenta Laura Fernández. Según Díaz, el nivel de hostilidad superó lo experimentado por sus antecesores: “Nunca un cuestionamiento de un poder, en este caso el Ejecutivo, a la figura del fiscal general por sus actuaciones”.El fiscal detalló que las acciones en su contra incluyeron marchas, ataques verbales y calificativos peyorativos, como “princeso” y “vergüenza nacional”. “No tengo problema que la presidenta me diga vergüenza nacional. Eso yo lo tomo como vanidad”, expresó. Aseguró que el Ministerio Público continuará investigando los casos de corrupción sin ceder ante las presiones: “No vamos a taparle la corrupción a nadie”.PUBLICIDADDurante la entrevista en Radio UCR, Díaz denunció una escalada de presiones y descalificaciones desde la Presidencia y el oficialismo.
“Si concentran el poder, la democracia se acaba”: el fiscal general de Costa Rica denuncia presiones del Ejecutivo
Carlos Díaz aseguró que la independencia del Ministerio Público está bajo amenaza debido a presiones del Ejecutivo y cuestionó la reforma para que la Asamblea designe al fiscal, advirtiendo riesgos para el sistema democrático











