Un informe de un grupo de expertos, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha devuelto al centro de la política peruana un asunto que divide al país: la posible liberación de Pedro Castillo. Lo que hasta hace unas semanas parecía una hipótesis remota ha recuperado fuerza. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el expresidente fue detenido de manera “arbitraria” tras el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022 y recomendó al Estado peruano disponer su libertad inmediata, otorgarle una reparación e investigar las irregularidades detectadas durante el proceso.El documento, de 19 páginas, sostiene que la privación de libertad de Castillo careció de base legal y que durante el proceso no se respetaron garantías fundamentales del debido proceso. Según el grupo de expertos, el Estado peruano vulneró los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. “El Grupo de Trabajo pide al Gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del señor Castillo sin dilación”, señala el trabajo. Y va más allá: considera que “el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.Los especialistas independientes sostienen que la captura no cumplió con la legislación peruana. Argumentan que un presidente en ejercicio no podía ser detenido antes de que el Congreso levantara el antejuicio político, trámite que se completó cinco días después. También cuestionan que la orden de detención fuera emitida por el Ministerio Público, al considerar que esa institución no constituye una autoridad judicial independiente. El informe añade que Castillo no fue notificado oportunamente para ejercer su defensa antes de la vacancia por incapacidad moral permanente y que, durante la audiencia de prisión preventiva del 15 de diciembre de 2022, terminó representado por un defensor público designado sin su consentimiento y sin tiempo suficiente para revisar el expediente. El documento fue revelado por el portal de investigación El Foco.Aunque sus conclusiones no tienen carácter vinculante, el informe ha removido el escenario político. La mañana del 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo apareció frente a las cámaras con el rostro desencajado y un papel entre las manos. Leyó un Mensaje a la Nación en el que anunciaba la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la reorganización del sistema de justicia. El discurso duró apenas unos minutos. Las Fuerzas Armadas desconocieron el anuncio, los ministros empezaron a renunciar y el intento de quiebre constitucional terminó derrumbándose antes de convertirse en un golpe de Estado efectivo.Horas después, mientras se dirigía hacia la embajada de México, Castillo fue detenido. Esa misma tarde el Congreso lo destituyó por incapacidad moral permanente. Desde entonces permanece recluido en el penal de Barbadillo, una cárcel reservada para expresidentes, donde comparte pabellón con Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Martín Vizcarra. En noviembre de 2025 fue condenado en primera instancia a once años y seis meses de prisión por conspiración para la rebelión. Su defensa, sin embargo, nunca ha dejado de sostener que el delito no llegó a consumarse porque las Fuerzas Armadas jamás se alzaron en armas.El informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) cuestiona la forma en que el Estado peruano ejecutó su detención y desarrolló las primeras etapas del proceso judicial. El debate ha encontrado eco en Palacio de Gobierno. Durante toda la campaña presidencial, el izquierdista Roberto Sánchez prometió que, de llegar al poder, indultaría a Pedro Castillo. La victoria de la derechista Keiko Fujimori pareció cerrar definitivamente esa puerta. Sin embargo, quien hoy tiene la facultad constitucional para otorgar un indulto sigue siendo el presidente José María Balcázar. Y Balcázar no ha descartado ejercerla.“Yo podría o no podría dar indultos a cualquier condenado o procesado que la ley y la Constitución me pueden autorizar. De tal manera que no habría ninguna objeción que hacer, porque es una decisión presidencial”, declaró recientemente en una entrevista con Radio Exitosa. La posibilidad dejó de ser una simple declaración el pasado 1 de julio. Ese día Balcázar, quien dejará el cargo el 28 de julio, recibió en Palacio a Roberto Sánchez, José Mercedes Castillo Terrones —hermano del expresidente— y Yenifer Paredes, cuñada de Castillo. La reunión alimentó las especulaciones sobre una eventual decisión antes del cambio de mando. Es preciso recordar que en febrero, ni bien Balcázar asumió la presidencia, Castillo le envió una carta donde le exigió que “honre la palabra empeñada”. En paralelo, la presidenta electa Keiko Fujimori también ha sido consultada sobre el tema. Sin mencionar expresamente a Castillo, respondió que “toda solicitud de indulto tiene que llevarse a cabo de acuerdo a ley. En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios”. Añadió, además, que cualquier indulto humanitario deberá evaluarse caso por caso y de acuerdo con la condición médica del solicitante. Hasta la fecha se han presentado siete pedidos de indulto a favor del expresidente. Ninguno ha prosperado.Mientras tanto, otro de los protagonistas del fallido autogolpe también busca una salida. El abogado de la exprimera ministra Betssy Chávez, refugiada desde hace meses en la residencia que fue la embajada de México en Lima, ha solicitado al Gobierno peruano que le otorgue un salvoconducto para viajar a ese país en condición de asilada. La petición revive otro episodio de la crisis diplomática que llevó al Perú a romper relaciones con México por brindar protección a quien es investigada como presunta coautora del efímero quiebre constitucional.