Entrevista Exclusivo suscriptores El jurista panameño habló con EL TIEMPO sobre el proceso para reemplazar la Constitución impuesta durante la dictadura militar.Miguel Antonio Bernal, promotor de la Constituyente en Panamá Foto: ArchivoPERIODISTA JUDICIAL09.07.2026 19:05 Actualizado: 09.07.2026 19:09
Panamá avanza en el proceso para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura y tiene como referentes la Asamblea Constituyente y la Constitución colombiana de 1991. En diálogo con EL TIEMPO, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, uno de los impulsores de esa iniciativa, explica las transformaciones que buscan implementar para modernizar el aparato institucional de su país.En Colombia ha sido recurrente el debate sobre si la Constitución política, relativamente joven, requiere una cirugía de fondo. ¿Por qué Panamá está pensando en cambiar la suya?Nosotros tenemos un estatuto constitucional impuesto por la dictadura militar hace 54 años. El país ha cambiado y el mundo mucho más. No podemos seguir con una Constitución concebida para una dictadura militar, que contiene procedimientos nada democráticos y que, sobre todo, excluye la participación ciudadana. Para nosotros, un proceso constituyente debe incorporar ingredientes de democratización de las instituciones y de reconstitucionalización del país. Y, casualmente, nos inspiramos en lo que ocurrió en Colombia hace 35 años, porque la constituyente es el procedimiento más democrático, más pacífico y más participativo que puede tener una sociedad.Para nosotros, un proceso constituyente debe incorporar ingredientes de democratización de las instituciones. Y, casualmente, nos inspiramos en lo que ocurrió en Colombia hace 35 años, porque la constituyente es el procedimiento más democrático, más pacífico y más participativo que puede tener una sociedad.Hoy estamos en ese proceso, no sin resistencia ni dificultades, pero inspirados en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana, particularmente en una sociedad donde más del 80 % de la población desconoce sus derechos, deberes y garantías. Se ha abandonado la enseñanza del civismo, no existe cultura cívica y eso ha permitido que determinados factores de poder mantengan el control del país y lo alejen de las transformaciones que necesita.¿Puede darme un ejemplo de esa rigidez normativa que mantiene la Constitución creada durante la dictadura militar?Claro. El órgano Ejecutivo es ultrapresidencialista, algo que en nuestros tiempos debe ser superado. Eso trae consecuencias negativas para la comunidad.El órgano Legislativo es absolutamente disfuncional, lleno de privilegios y prebendas, aislado de su electorado y con un mecanismo de elección que no respeta plenamente el principio de un ciudadano, un voto.Y el órgano Judicial, que debería ser la columna vertebral del Estado de derecho, enfrenta graves problemas de corrupción que impiden brindar la seguridad jurídica que los ciudadanos necesitan.De ahí la urgencia de un proceso constituyente que modernice el Estado y abra las puertas a la participación ciudadana.Uno de los grandes logros de la Constitución del 91 fue precisamente el consenso social y la participación de distintos sectores. ¿Cómo se está llevando a cabo ese proceso en Panamá?Estamos tratando de seguir esas huellas democráticas. Panamá tuvo una constituyente hace 80 años, cuando ni siquiera existía la radio en el país y, además, estaba ocupado militarmente por Estados Unidos. Aun así, se realizó.Ahora estamos construyendo una constituyente de abajo hacia arriba. No permitimos la injerencia de los órganos del Estado, respetamos a las autoridades elegidas y avanzamos sin prisa, pero sin pausa.La primera fase consiste en la alfabetización constitucional, que, en mi opinión, nunca debería terminar. La segunda establece los requisitos para quienes aspiren a ser constituyentes. La tercera contempla la elección de los constituyentes por parte de la ciudadanía, a razón de uno por cada 100.000 habitantes.Después vendrá la Asamblea Constituyente, que sesionará durante 60 días y 60 noches para discutir los proyectos presentados. Una vez aprobada la nueva Constitución, no entrará inmediatamente en vigor. Primero recorrerá todo el país para ser conocida por la ciudadanía y luego será sometida a un referendo constitucional para que sea el pueblo quien tome la decisión final.En Colombia, la séptima papeleta fue determinante para darle legitimidad a la Constitución de 1991. ¿Piensan hacer algo similar en Panamá?Nosotros hemos intentado durante más de veinte años impulsar lo que llamamos la quinta papeleta, inspirados precisamente en la experiencia colombiana.En Panamá solo se eligen cuatro autoridades: presidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento. Hemos tratado de incorporar una consulta ciudadana mediante iniciativa popular, pero todos los gobiernos la han bloqueado.Por eso ahora estamos construyendo el proceso desde la ciudadanía, sin abandonar nunca al soberano. Además, hemos buscado cooperación internacional para aprender de otras experiencias. Han participado constitucionalistas colombianos, peruanos, ecuatorianos, chilenos y españoles, y pronto recibiremos expertos europeos.Pero, sin duda, nuestro principal referente sigue siendo Colombia y la forma en que la séptima papeleta permitió construir una nueva Constitución.La Constitución del 91 fue una bandera blanca en medio de un contexto de violencia y polarización en Colombia. ¿Cuál es hoy el panorama en Panamá?Lo que buscamos es alcanzar una gran concertación social. Necesitamos un pacto ciudadano que reúna a todos los sectores. Primero, para reconocer la necesidad de una nueva Constitución; segundo, para debatirla, porque sin debate no hay democracia; y tercero, para que ese debate llegue a toda la sociedad.Hoy existe un enorme desconocimiento constitucional y eso termina profundizando la desigualdad, no solo económica y social, sino también ante la ley.Lo que queremos es que la participación ciudadana permita crear mecanismos de control sobre el ejercicio del poder político y evitar que este se ejerza de manera arbitraria.Uno de los principales motores económicos de Panamá es el Canal. ¿Cuál es el marco jurídico que hoy lo regula y qué plantea la nueva Constitución sobre este tema?El Canal de Panamá está regulado por el Título XIV de la Constitución, incorporado en las reformas de 1993 y 1994. Ese título creó la Autoridad del Canal de Panamá, encargada de administrarlo. El canal es nuestro y debe seguir siendo nuestro.La mejor garantía para protegerlo son instituciones democráticas sólidas. Nosotros queremos un canal para el país, no un país para el canal.Por eso también necesitamos una nueva Constitución. La actual fue impuesta en 1972, mientras que Panamá recuperó plenamente el canal en el año 2000. Todavía no hemos armonizado constitucionalmente esa transformación histórica.Finalmente, uno de los grandes aportes de la Constitución colombiana fue la creación de mecanismos como la tutela. ¿Qué plantea Panamá en materia de protección de derechos fundamentales?Precisamente por eso la Constitución colombiana es un referente para nosotros.Hemos intentado, sin éxito, introducir la acción de tutela mediante una ley. La resistencia ha sido enorme.Mientras tanto, hemos impulsado campañas de educación ciudadana, repartiendo material sobre derechos fundamentales y sobre los pactos internacionales de derechos humanos, además de difundir experiencias constitucionales exitosas, como la colombiana.La tutela es uno de mis sueños como profesor. La enseño, aunque en Panamá no exista.Hoy tenemos un amparo muy limitado para los fines que debería cumplir. También necesitamos una Corte Constitucional, porque en Panamá no existe, y un Ministerio Público que responda realmente a las necesidades de la sociedad.Tenemos por delante una tarea de orfebrería constitucional, pero estamos convencidos de que Panamá podrá dar ese salto cualitativo que necesita.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
