El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha sentado este jueves en el banquillo de los acusados al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas, entre ellos exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo. La causa nace de la contratación del expolicía para realizar una serie de espionajes a empresarios, políticos y periodistas entre 2004 y 2016 y por los que cobró más de 10 millones de euros. En un auto de apertura de juicio oral, el magistrado recoge los escritos de acusación de la Fiscalía y de las acusaciones particulares y envía a juicio la novena pieza separada del denominado caso Tándem por delitos de cohecho y delitos de descubrimiento y revelación de secretos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, da este paso cinco meses después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazara los recursos de los acusados ―tardó más de un año en resolverlos― y avalara juzgar esta línea de investigación que se abrió a finales de 2018. La Sala afirmó que los trabajos realizados por Villarejo se llevaron a cabo “sin respetar la legalidad”, sirviéndose de funcionarios públicos para acceder a datos de carácter íntimo y personal. Asimismo, dio por acreditado que González ordenó siendo presidente del BBVA algunos de los contratos firmados con el expolicía y que el sistema de prevención de delitos del banco no fue lo eficaz que requiere el Código Penal para poder ser eximido de responsabilidad penal, ya que dejó al margen de control la actuación de la presidencia ejecutiva y la alta dirección.Con la apertura de juicio oral, el magistrado Piña también impone una fianza solidaria para todos los encausados de 1.173.333 euros para asegurar las responsabilidades civiles que se fijen en una eventual sentencia condenatoria. Esta conlleva el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no depositen la cantidad en el plazo de tres días. Asimismo, da un plazo de 10 días para que sus abogados presenten los escritos de defensa.El caso de BBVA es relevante, ya que será la primera y única empresa del Ibex 35 que irá a juicio por el caso Villarejo. La treintena de líneas de investigación que conforman la macrocausa sobre los trabajos privados que realizó el comisario mientras seguía en activo en la Policía Nacional también salpicaron a otras compañías del selectivo, como Repsol, CaixaBank e Iberdrola, si bien ninguna de ellas (ni sus primeros espadas) se han visto obligadas a ponerse delante de un tribunal. Las dos primeras fueron desimputadas tras comprobar que su sistema de compliance (cumplimiento normativo) funcionó correctamente y que los presidentes de ambas firmas no tenían conocimiento detallado de los encargos a Villarejo. En el caso de la eléctrica, solo la filial de renovables fue investigada, si bien se acabó archivando por prescripción de los hechos, al igual que ocurrió con la cúpula directiva, entre la que se encontraba su presidente, Ignacio Sánchez Galán.Según indica el auto de apertura de juicio oral, el banco se sentará en el banquillo como persona jurídica por delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía Anticorrupción, que lleva el peso de las acusaciones como órgano público y por haber sido parte fundamental de la investigación, solicita para la entidad una multa de 181,1 millones de euros. Tras conocerse la resolución judicial, fuentes de la entidad insisten en que el banco “siempre ha defendido que de los hechos investigados no se deriva la responsabilidad penal” que se les atribuye. El banco no ha hecho, sin embargo, un pronunciamiento oficial.En el caso del expresidente Francisco González, el instructor le envía a juicio por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. El Ministerio Fiscal pide para él 173 años de prisión.Por estos mismos delitos también serán juzgados otros siete exdirectivos del banco: Ángel Cano, consejero delegado en la época de los hechos; Julio Corrochano, exjefe de Seguridad Corporativa y a quien se le atribuye ser el enlace entre BBVA y Villarejo; Antonio Béjar, exresponsable de riesgos del banco y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN); Eduardo Arbizu, quien fuera máximo responsable del departamento de Regulación y Control Interno de la entidad; José Manuel García Crespo, antiguo responsable jurídico del banco; el magistrado Eduardo Ortega, exdirector de los servicios jurídicos de BBVA; y Joaquín Gortari, quien fuera jefe de gabinete de González y responsable global de Auditoría Interna. También figura en la lista Óscar Santos Touche, empleado de la entidad que supuestamente mantuvo la relación con el entorno de Villarejo hasta 2018, fecha en la que el policía jubilado ya estaba en prisión provisional. Con respecto a mandos policiales o personas cercanas al comisario jubilado, el juez señala que serán juzgados el abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo en el Grupo Cenyt (el entramado empresarial desde que se realizaron los trabajos de investigación); el expolicía Antonio Bonilla; José Santiago Sánchez Aparicio, ex comisario general de la Policía Judicial; Manuel Vázquez López, el ex comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional; así como un agente de policía.Discrepancias sobre el cohechoLa apertura de juicio oral era el único trámite que quedaba pendiente para que esta compleja línea de investigación, cuyo sumario ha acumulado un elevado volumen de documentación, vaya a juicio. Ahora la Sala de lo Penal tendrá que buscar hueco en su agenda para juzgar al BBVA y a sus exdirectivos por la contratación de Villarejo. Por esta macrocausa ya se han celebrado 10 juicios (uno de ellos no se dirigió contra el comisario jubilado), incluido el relativo a la trama Kitchen, cuya vista oral se encuentra en la recta final. El delito de cohecho, que vertebra la macrocausa, ha sido muy controvertido, debido a las discrepancias entre el tribunal y Anticorrupción sobre el encaje penal de las actuaciones de Villarejo. Los jueces han señalado en varias de sus sentencias que no ven que los encargos al comisario puedan ser calificados como cohecho, al entender que los pagos por estos servicios son contraprestaciones privadas y no tuvieron intención de perjudicar a la Administración pública. Esto ha implicado la rebaja de penas e incluso la absolución de Villarejo en algunos de estos procedimientos.