Actualizado Viernes,

julio

00:12El momento de que BBVA se siente en el banquillo de los acusados est� cada vez m�s cerca. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Pi�a emiti� ayer el auto de apertura de juicio oral para la entidad, que se convertir� en la primera empresa del Ibex 35 juzgada por su papel en el 'caso Villarejo'. Tambi�n su ex presidente Francisco Gonz�lez; el ex consejero delegado �ngel Cano y varios cargos directivos antiguos del grupo financiero se enfrentar�n a un proceso que prorroga la sombra del espionaje y las actividades ilegales que pesan sobre el banco desde el origen de la causa. El magistrado se basa en los escritos de acusaci�n de la Fiscal�a Anticorrupci�n y de las acusaciones particulares y env�a a juicio a BBVA por delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelaci�n de secretos.En el caso de Francisco Gonz�lez, el instructor le env�a a juicio por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelaci�n de secretos, grupo criminal, administraci�n desleal y falsedad documental. Adem�s, el auto establece una fianza de 1,73 millones de euros para las responsabilidades civiles, con el apercibimiento de que se embargar�n sus bienes en el caso de que no la deposite en el plazo de 3 d�as. Junto a Gonz�lez, se sentar�n en el banquillo el ex consejero delegado del banco �ngel Cano y el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad, Joaqu�n Gortari. Asimismo, el juez env�a a juicio al que fuera comisario de polic�a y ex jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano; a Eduardo Arbizu, el que fuera jefe de los servicios jur�dicos de la entidad durante 20 a�os; a Antonio B�jar, ex director de Riesgos del banco; a Jos� Manuel Garc�a Crespo, antiguo responsable jur�dico del grupo, y a Eduardo Ortega Mart�n, director de los Servicios Jur�dicos Contenciosos de BBVA durante una �poca.Tras conocerse el auto, la entidad defendi� ayer que "de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal" para el banco. Otra cosa es el impacto reputacional que persigue al grupo desde el inicio de las investigaciones. En el auto de instrucci�n emitido en 2024, el juez Manuel Garc�a-Castell�n ya subray� la importancia de que una compa��a como BBVA estuviera imputada, por su naturaleza de gran entidad financiera, cotizada en bolsa y bajo un mercado regulado. "Ello es de importancia desde la perspectiva del respeto a las normas y su implantaci�n en la organizaci�n o estructura empresarial en cuanto, con anterioridad a la responsabilidad penal de la persona jur�dica, ya exist�a normativa de obligado cumplimiento tendente al buen gobierno corporativo. Ahora bien, tal y como se expone con precisi�n en la multitud de ejemplos obrantes en el escrito del Ministerio fiscal, la Presidencia Ejecutiva y los Altos Directivos no cumpl�an, o no respetaban, tales C�digos, lo que dio pie al paso de la cultura del cumplimiento a la cultura de la obediencia cuando las indicaciones ven�an desde tales altos cargos", concluy� entonces el magistrado. Para Garc�a-Castell�n, que se ocup� de la instrucci�n del caso, no bastaba con la existencia alegada por el banco de un c�digo de conducta, sino que el c�digo se tiene que ejecutar y cumplir. Y ello, explic� entonces, dentro de una estructura jer�rquica piramidal enmarcada en las relaciones laborales en que la desigualdad de posiciones es obvia entre la Alta Direcci�n y los empleados, condujo a que se implantase la premisa de que las �rdenes que ven�an de "arriba" se cumpl�an cuando la Alta Direcci�n as� lo dec�a, con independencia de que las mismas respetasen las normas internas o no.El informe de la Fiscal�a Anticorrupci�n relata que el origen de los hechos estuvo en la contrataci�n por parte de BBVA del que fuera comisario de Polic�a Julio Corrochano en septiembre de 2022. Dicha contrataci�n "cont� con la expresa aquiescencia" de su presidente ejecutivo, Francisco Gonz�lez, y permiti� "un enlace" entre la entidad y sus ex compa�eros en la Polic�a a�n en activo, entre ellos Villarejo y Enrique Garc�a Casta�o.La Fiscal�a atribuye a Villarejo la creaci�n de una empresa, Cenyt, que presuntamente se serv�a de su posici�n en el cuerpo policial y de sus relaciones con diferentes miembros para acceder a informaci�n restringida a las fuerzas de seguridad. Seg�n el informe de Anticorrupci�n, Corrochano inform� de esta unidad a Gonz�lez, quien "autoriz� y permiti�" el recurso a ella. A ra�z de eso, siempre seg�n el auto publicado en 2024 del que se hizo eco este peri�dico, se firmaron presuntamente una serie de contratos para poner en marcha determinados proyectos de inteligencia que inclu�an seguimientos, intervenci�n de tr�fico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguaci�n de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas. El informe se�al� entonces que BBVA fue durante un tiempo el principal cliente de la empresa de Villarejo. Para el juez Garc�a-Castell�n, Francisco Gonz�lez no s�lo "conoc�a y autoriz�" las actividades ilegales, "sino que fue por su expresa orden por la que se procedi� a contratar con Villarejo, siendo �l la persona que recib�a los informes elaborados, as� como el que dispon�a del dominio del hecho para su continuidad".Por todo ello, el magistrado Antonio Pi�a pide ahora para Villarejo 216 a�os de c�rcel, y otros 243, la pena m�s alta, para el que fuera jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano.