El procedimiento mercantil que afrontan Jorge Azcón, Natalia Chueca y María Navarro –junto a otros seis dirigentes políticos ahora en el PP– por revertir la concesión del spa de Ranillas, en Zaragoza, y que puede llegar a suponer su inhabilitación para administrar bienes ajenos, tiene un precedente jurídico con similitudes: la exalcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, ya fue condenada a cinco años en diciembre de 2021, un fallo en primera instancia que fue ratificado por la Audiencia Provincial en lo tocante a la inhabilitación. Aunque la regidora optó por mantener el puesto pese a las críticas, se vio obligada a dar un paso a un lado en las elecciones municipales de 2023.
No es un antecedente vinculante para lo sucedido en la capital aragonesa, pero es una muestra de hasta dónde pueden llegar este tipo de procedimientos cuando alcanzan a la cúpula de un Gobierno local. En concreto, el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid declaró culpable el concurso de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA) e inhabilitó durante diez años a la entonces alcaldesa.
Ambos casos se dirimen en la denominada Sección Sexta del concurso de acreedores: la pieza en la que un juzgado de lo mercantil determina si la quiebra de una empresa fue “fortuita” o “culpable”. En este segundo caso, también determina quién debe responder por ella. Por ahora, la jueza de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado en calidad de afectados a Azcón, Chueca y Navarro –ahora presidenta de las Cortes de Aragón–, así como a los todavía concejales Ángel Lorén, Víctor Serrano, Sara Fernández y a los exediles Patricia Cavero, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo. Esto significa que podrían tener una responsabilidad directa en la insolvencia de la empresa Cublan Inversiones, a la que el Gobierno municipal revirtió la concesión del centro termal y spa de la Expo. Con esto se juegan en último término una inhabilitación de hasta 15 años para administrar bienes de terceros.
