El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado retirar la exclusividad que el Gobierno de Juan Manuel Moreno le había concedido a la patronal taurina a la hora de validar los contratos necesarios para autorizar corridas de toros. En la práctica, ese requisito impedía que pequeñas empresas y profesionales independientes a las organizaciones mayoritarias del sector pudieran acceder en igualdad de condiciones a los festejos taurinos.
Esa condición viene impuesta en uno de los artículos del nuevo Reglamento Taurino, que el alto tribunal andaluz ha decidido suspender cautelarmente. Según el auto al que ha tenido acceso este periódico y contra el que ha recurrido la Junta de Andalucía, la norma “impone una obligación” que supone “la exclusión” de parte de los profesionales taurinos, “restringiendo sus derechos sindicales y laborales”.
La resolución judicial afecta a uno de los sectores que mayor respaldo institucional ha recibido por parte del Gobierno de Moreno. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha llegado a calificar públicamente al Gobierno andaluz como “taurino”. De hecho, la Junta presume de que, con Moreno al frente, ha impulsado una política de apoyo claro a los toros, con iniciativas normativas (como el reglamento taurino aprobado en marzo de 2025), económicas (multiplicando la financiación pública) y de promoción (con el aumento de las retransmisiones de corridas y novilladas en Canal Sur).
