El PP se ha esmerado este miércoles en matizar, y contener, la imprevista polémica de notable calado social generada por su líder, Alberto Núñez Feijóo, al cuestionar ayer ante empresarios vascos que un trabajador de baja cobre lo mismo que si estuviera trabajando. El jefe de la oposición, que tildó el absentismo de “cáncer que no podemos pagar”, ha desatado en primera persona una tormenta al introducir un asunto ajeno a la agenda parlamentaria inmediata. Una brecha que Génova intenta desactivar a contrarreloj mientras el Gobierno y los sindicatos se han desdoblado en una dura ofensiva dialéctica contra lo que consideran un ataque a la salud de los asalariados y una confusión deliberada entre enfermedad y fraude.El Gobierno ha asumido el papel de ariete frente a las consideraciones del líder de la oposición. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha liderado la réplica gubernamental al asegurar que este tipo de declaraciones “dejan en evidencia” a Feijóo y anticipan ante la ciudadanía “su manera de gobernar este país, si algún día lo hace”. Para el Ejecutivo, la argumentación del PP incurre en una distorsión conceptual inasumible en el marco de las relaciones laborales contemporáneas. Torres ha afeado al dirigente gallego que haya “mezclado de manera torticera” los supuestos de baja médica justificada con las ausencias injustificadas. “Son dos conceptos radicalmente distintos”, ha remarcado el ministro, quien además ha rechazado de plano la sugerencia del PP de aplicar reformas en la materia “con o sin acuerdo” de los agentes sociales. Según la Moncloa, cualquier aproximación al control del fraude debe vehicularse obligatoriamente a través de la mesa del diálogo social, un espacio donde el Gobierno acusa a Feijóo de haberse mimetizado en exceso con las posiciones estrictas de la patronal, orillando la ecuanimidad institucional.Consciente de lo movedizo que es el terreno de la cobertura de los trabajadores enfermos, el Partido Popular ha activado un plan de contingencia comunicativa que ha incluido un inusual ejercicio de autocrítica. Gran parte de la plana mayor del PP ha comparecido en distintos foros con el objetivo de rebajar la literalidad de las palabras de su líder, hasta el punto de admitir que pudo no explicarse bien. “A lo mejor no hemos sido capaces de explicarlo muy bien”, ha reconocido el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, quien en una entrevista en La Sexta ha desmentido con vehemencia que pretendan recortar el sueldo de los convalecientes: “¿Usted cree que Feijóo quiere que el que está enfermo de cáncer cobre menos? ¿Se piensa que no tenemos corazón?”. Según la nueva versión oficial de Génova, el líder del PP se refería “solo a los casos de fraude” y a situaciones de bajas injustificadas donde “no es adecuado recibir el 100%” del salario.La rectificación de los populares ha sido total también en lo relativo al método. Frente al aviso de Feijóo en Bilbao de que reformaría la normativa “con o sin acuerdo”, Bravo ha corregido el rumbo este miércoles al asegurar que no se impondrá nada unilateralmente: “Si no hay acuerdo, te vuelves a sentar hasta que llegues a un acuerdo”.Desde Aragón, el vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, ha calificado de “sentido común” la intervención de Feijóo, esgrimiendo que el absentismo diario afecta a 1,2 millones de personas y supone un coste anual de 30.000 millones de euros que acaba perjudicando “a los empleados que sí cumplen”. En una línea similar se ha manifestado el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, quien ha salido al paso del uso del término “cáncer” aduciendo que se trataba de una mera “metáfora económica” para describir un problema de productividad galopante, cuyo coste, según los datos del partido, ha escalado desde los 14.000 millones de euros en 2018 hasta superar los 33.000 millones al cierre del pasado ejercicio.Pese al esfuerzo de contención de la dirección nacional, las diferencias internas han salido a la luz. La consejera de Trabajo de Baleares, Catalina Cabrer (PP), se ha desmarcado abiertamente de la idea de rebajar prestaciones a los convalecientes, advirtiendo que un empleado que enferma “tiene que tener a todo el sistema acompañándole” y que cualquier medida debe ir “siempre de la mano de los agentes sociales”. La estrategia de contención ha derivado con rapidez en el ataque personal hacia el presidente del Gobierno. En un tono inusualmente agrio, el secretario general del Grupo Popular, Miguel Tellado, y la portavoz en el Senado, Alicia García, han recordado los “cinco días de reflexión” que se tomó Sánchez hace meses para acusarle de ser el primero en “desaparecer de su puesto de trabajo”. “Se entiende que tolere el fraude en el absentismo; él en sí es un fraude”, ha sentenciado Tellado a través de las redes sociales.La polvareda ha arruinado también la estrategia de contención hacia el flanco derecho del PP. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha marcado distancias de forma inmediata con Feijóo para disputarle el voto obrero, sentenciando que “los trabajadores de ninguna manera son el problema de España” sino quienes padecen a un Gobierno “corrupto” y a lo que ha denominado una “mafia sindical y una casta patronal”.Vox no ha tardado en marcar distancias de forma inmediata con Feijóo para disputarle el voto obrero: “Los trabajadores no son el problema”Pero el impacto de las declaraciones no es solo político, sino que ha alterado también el pulso de unas organizaciones empresariales y sindicales obligadas a posicionarse ante un debate de enorme sensibilidad. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha optado por una calculada prudencia. En un difícil ejercicio de equilibrio, el líder de la patronal ha evitado desautorizar en público a la dirección del PP, con la que comparte la honda preocupación por los índices de bajas.De hecho, apenas unas horas antes, en un acto de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) junto al presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, el propio Garamendi había cifrado el coste del absentismo en 33.000 millones de euros anuales —17.000 millones para las empresas y 16.000 para el Estado—, coincidiendo en la urgencia de atajar una “emergencia silenciosa” que lastra la competitividad.CEOE y Foment piden un pacto para afrontar la falta de talento y el absentismoSin embargo, el jefe de la patronal ha medido al milímetro sus palabras para marcar distancias con la dureza del discurso de Génova. Frente a la vía de la imposición sugerida por Feijóo, Garamendi ha reclamado abandonar el “pesimismo ideológico” y ha defendido que el empleo es un “asunto de Estado” que exige consenso político y diálogo social. Así, en lugar de plantear recortes en las prestaciones de los trabajadores enfermos, el líder empresarial ha acotado el problema a la necesidad técnica de perseguir el fraude, proponiendo como soluciones un proceso de diálogo, el reforzamiento de la sanidad pública con más médicos y psicólogos, y una mayor dotación de recursos para las mutuas colaboradoras.En el extremo opuesto, los sindicatos mayoritarios han cargado con extrema dureza contra la formación conservadora. Desde las centrales sindicales se ha interpretado la propuesta de Feijóo como una “ofensiva en toda regla” contra el modelo de bienestar y los derechos consolidados de la clase trabajadora. Para los representantes de los trabajadores de Comisiones Obreras y UGT, criminalizar las bajas médicas no solo deteriora el clima de concertación social, sino que “penaliza la salud pública” al presionar a los empleados “para que acudan a sus puestos sin estar en condiciones óptimas”, debilitando un sistema de protección que costó décadas consolidar, han coincidido en señalar Unai Sordo y Pepe Álvarez.Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario MetroCorresponsal en Aragón desde enero de 2023. Antes, periodista en la región Asia-Pacífico con base en Hong Kong (2014-2022) Licenciado en Periodismo y en Derecho