Noticia Exclusivo suscriptores Once ataques registrados en el primer semestre de 2026 muestran que los grupos armados utilizaron esta tecnología para fortalecer su ofensiva.Drones con explosivos utilizados por los grupos armados. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA08.07.2026 08:32 Actualizado: 08.07.2026 08:32
El uso de drones con explosivos dejó de ser un recurso ocasional para convertirse en una táctica recurrente dentro de la confrontación que desde hace más de un año y medio libran en el Catatumbo el Eln y el Frente 33 de las disidencias de ‘Calarcá’. Lo que hace apenas unos años era una modalidad excepcional comenzó a consolidarse durante el primer semestre de 2026 como una herramienta habitual dentro del repertorio militar de los grupos armados ilegales en la región de Norte de Santander.Un informe elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), a partir del monitoreo de reportes comunitarios y comunicaciones oficiales, documentó 11 acciones con drones cargados con granadas entre enero y junio de este año. La cifra, más allá de su dimensión estadística, refleja un cambio en la manera como se desarrolla la confrontación.El principal hallazgo del estudio es precisamente que estos artefactos dejaron de representar episodios aislados para convertirse en un elemento recurrente de la guerra en la región. Para Pares, esta modalidad “dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica recurrente dentro de la confrontación” entre los grupos armados de la región, un comportamiento que coincide con el recrudecimiento de los enfrentamientos registrados durante el último año.Así quedó uno de los drones cargados con explosivos que se hallaron en Tumaco. Foto:EL TIEMPOLupa en municipios La distribución geográfica de los ataques confirma que esta tecnología está siendo utilizada en los principales escenarios de confrontación. Tibú concentró cinco de los once casos y El Tarra otros cuatro, lo que significa que ambos municipios reunieron el 81,8 % de los hechos registrados. Sardinata y Teorama reportaron un caso cada uno. Todos ocurrieron en veredas y corregimientos, una característica que evidencia que los drones están siendo empleados en zonas rurales donde persiste la disputa por corredores estratégicos y donde las condiciones del terreno favorecen ataques a distancia sin contacto directo entre los combatientes.Explosivos que con instalados en los drones. Foto:CortesíaLos datos de la Fundación también muestran un incremento sostenido de esta modalidad de guerra; mentras entre enero y abril se registraron cuatro acciones, mayo y junio concentraron siete ataques, equivalentes al 63,6 % del total.Esa tendencia refleja que la utilización de drones no solo continúa, sino que aumenta conforme avanza la confrontación, consolidándose como un recurso cada vez más frecuente dentro de las operaciones de los grupos armados ilegales.El principal objetivo continúa siendo la Fuerza Pública y de acuerdo con el informe, seis de los once ataques, equivalentes al 54,5 %, estuvieron dirigidos contra bienes militares. Sin embargo, la otra mitad de los eventos también produjo consecuencias sobre la población. Cinco casos, es decir el 45,5 %, ocasionaron afectaciones a bienes civiles o a comunidades que quedaron atrapadas en medio de las hostilidades.Uno de los drones que es acondicionado con explosivos. Foto:CortesíaSegún la investigación, el Eln fue señalado por los ataques dirigidos contra objetivos militares, mientras que las afectaciones a civiles ocurrieron principalmente en escenarios de confrontación entre esa guerrilla y el Frente 33.Durante el primer semestre fueron registradas 24 personas afectadas directamente: cuatro soldados murieron, trece militares resultaron heridos, mientras que tres civiles perdieron la vida y otros cuatro sufrieron lesiones. Estas cifras respaldan una de las principales conclusiones del estudio, según la cual, “aunque el objetivo principal es afectar la capacidad operativa de la Fuerza Pública, las comunidades continúan expuestas a los efectos de las hostilidades”.La Corte Constitucional avaló parcialmente el decreto de conmoción interior. Foto:Archivo particularPara Pares, el impacto de esta modalidad trasciende el plano militar. El informe sostiene que “el uso recurrente de drones explosivos trasciende el ámbito estrictamente militar y profundiza el impacto humanitario del conflicto”, debido a que su capacidad para atacar objetivos a distancia incrementa la exposición de las comunidades rurales, restringe la movilidad cotidiana, genera temor permanente y dificulta el acceso a bienes y servicios esenciales en zonas donde la presencia estatal sigue siendo limitada.El Catatumbo acumula más de 101.883 personas desplazadas durante los diecisiete meses de confrontación, además de cientos de víctimas por homicidios, lesiones y desapariciones. En ese contexto, el informe advierte que “la tecnificación del conflicto no solo aumenta la capacidad ofensiva de los grupos armados ilegales, sino que agrava las condiciones de vulnerabilidad de la población civil y plantea nuevos desafíos para la respuesta humanitaria, la protección de las comunidades y la adaptación de la Fuerza Pública”. LEA TAMBIÉN Otro de los aspectos que pone de relieve la investigación es la velocidad con la que evolucionan las capacidades tecnológicas de los grupos armados frente a la respuesta institucional. Aunque la Fuerza Pública ha incorporado algunas medidas para enfrentar este tipo de amenazas, la recurrencia de los ataques durante el primer semestre de 2026 evidencia, según Pares, “la necesidad de fortalecer sistemas de detección e inhibición de drones, actualizar las tácticas de protección de las unidades desplegadas y consolidar protocolos específicos para responder a una amenaza que modifica las formas tradicionales de la confrontación armada”.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
