Donald Trump ha vuelto a cargar contra España durante una comparecencia este miércoles en Ankara, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El presidente estadounidense ha recordado que ya ordenó a Bessent cortar "todo el comercio" con España —"incluidas las visitas", añade ahora— y ha calificado al país de "causa perdida" y de socio "pésimo" de la Alianza Atlántica. El motivo esta vez ha vuelto a ser la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. No es la primera amenaza de este tipo y las anteriores, realizadas en octubre de 2025 y en marzo de 2026, no se han materializado, entre otras cosas, por las complicaciones legales que plantea un veto como el anunciado. Cortar todo el comercio con España chocaría de frente con el tratado comercial que la propia administración estadounidense firmó con Bruselas en julio de 2025 y que ha entrado en vigor en la UE hace apenas una semana, el pasado uno de julio. El acuerdo de Turnberry fija un techo arancelario del 15% para la práctica totalidad de los productos europeos a cambio de que los 27 eliminen sus gravámenes sobre los bienes industriales estadounidenses, pero también trata de proteger ante nuevos órdagos de Trump. La clave de fondo está en que España no tiene política comercial propia. Esa competencia es exclusiva de la UE, que funciona como una unión aduanera en la que no cabe singularizar a un Estado miembro, algo que la propia Comisión Europea ha subrayado en repetidas ocasiones. Cualquier arancel que Washington quisiera imponer a los productos españoles sería, en la práctica, un arancel a productos europeos, y quedaría sujeto al techo del 15% pactado en Turnberry. Ir más allá supondría violar el acuerdo. El pacto, de hecho, incorpora cláusulas de salvaguarda que permiten a la UE suspender o pausar su aplicación si Estados Unidos impone nuevos aranceles o lanza amenazas económicas contra países de la Unión. Es decir, actuar contra España no solo incumpliría lo firmado, sino que le entregaría a Bruselas el detonante para dinamitar el conjunto del acuerdo si quisiera. TE PUEDE INTERESAR Un arsenal legal limitado No obstante, España ya ha experimentado un arancel específico estadounidense a pesar de las resoluciones contrarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo con un protagonismo en decadencia ante las nuevas líneas de actuación de la Casa Blanca. En 2018, la primera administración Trump impuso derechos antidumping y antisubvención de entre el 30% y el 44% a la aceituna de mesa española al considerar que la financiación recibida a través de la PAC dañaba a la industria norteamericana. La OMC declaró la medida contraria a sus normas en 2021, pero Washington hizo caso omiso y el mercado estadounidense quedó de facto cerrado a los productores españoles. La fórmula aplicada para ese caso —la sección 771B de la Ley Arancelaria de 1930— es sectorial, igual que la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, empleada para los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio bajo el argumento de la seguridad nacional. Existen otras palancas de mayor alcance, como la sección 338 de la Ley Arancelaria, que autoriza aranceles adicionales de hasta el 50% ad valorem frente a países que discriminen el comercio estadounidense —aunque apenas se ha usado en las últimas décadas—, o la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, a través de la cual Trump inició la guerra comercial con China en 2018. Sin embargo, ninguna de estas normas, por agresiva que resulte, habilita un embargo generalizado. Para eso solo hay un camino: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, que permite al presidente congelar activos, prohibir transacciones e importaciones o sancionar a empresas y particulares apelando a una "emergencia nacional" por una amenaza exterior. Es la base de los grandes regímenes de sanciones de Estados Unidos a Irán, Rusia o Venezuela, pero su aplicación a España resulta difícilmente justificable. Se trata de un socio de la OTAN cuya política comercial corresponde a la UE, lo que complica sostener el argumento de la amenaza extranjera. Fuentes de la presidencia del Gobierno ya señalaron en marzo que, si la administración estadounidense quiere revisar la relación comercial, "deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU". La relación económica beneficia a ambos países Buena parte del daño de una hipotética ruptura de las relaciones comerciales con EEUU recaería sobre España, que depende del gigante norteamericano para suministrarse de insumos claves. En 2025, el intercambio de bienes entre ambos países alcanzó los 46.890 millones de euros, un 5,6% del total, con un peso mucho mayor de las importaciones realizadas por España (30.175 millones) que de las exportaciones (16.715 millones). España ha aumentado en los últimos años su dependencia de los insumos estadounidenses, sobre todo energéticos: el año pasado compró a EEUU el 36,2% de su gas y el 15% de su petróleo, y Washington es, además, su principal proveedor extracomunitario de armas. Por lo tanto, EEUU mantiene superávit comercial con España, pero un cierre del comercio castigaría a los exportadores estadounidenses, que perderían un mercado y, potencialmente, se verían perjudicados para comerciar con toda la UE. En cambio, España registra superávit en el comercio de servicios con EEUU —19.042 millones en exportaciones frente a 8.472 en importaciones en 2024— y EEUU se consolidó ese mismo año como principal destino de la inversión española en el exterior, con casi el 15% del total y 7.700 millones en flujos concentrados en sectores estratégicos como el energético, la automoción y el financiero. Con esos números sobre la mesa, Moncloa recibe las palabras de Trump "con tranquilidad y normalidad". Fuentes gubernamentales subrayan tres ideas: que Estados Unidos obtiene superávit comercial de la relación —y, por tanto, se beneficia de ella tanto o más que España—; que la UE es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún socio; y que los vínculos económicos "los tejen las empresas privadas, no los gobiernos". La relación bilateral, zanjan, es beneficiosa para ambos países, tanto en el terreno comercial como en el de la defensa. Donald Trump ha vuelto a cargar contra España durante una comparecencia este miércoles en Ankara, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El presidente estadounidense ha recordado que ya ordenó a Bessent cortar "todo el comercio" con España —"incluidas las visitas", añade ahora— y ha calificado al país de "causa perdida" y de socio "pésimo" de la Alianza Atlántica. El motivo esta vez ha vuelto a ser la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.