OpiniónHay que atacar las tres clases de impunidad: judicial, política y social.ABOGADO Y COLUMNISTA07.07.2026 22:01 Actualizado: 07.07.2026 22:01 “Empalme anticorrupción” es el nombre que el tres veces rector universitario, dos veces ministro y reconocido académico, José Manuel Restrepo, en su condición de vicepresidente electo, ha escogido para dirigir el proceso de transición entre el saliente gobierno Petro y el nuevo de Abelardo de la Espriella, del que él es hasta ahora su principal vocero.En el terremoto permanente de la política este empalme fue cancelado, en parte por las declaraciones que a la revista Cambio diera Carlos Alonso Lucio. A lo mejor se restablece.Desde luego, el solo enunciado, más allá de la justificación del lema por los muchos escándalos protagonizados por funcionarios y allegados del gobierno saliente, pone otra vez en la agenda pública la llamada “lucha anticorrupción”. Siendo loable la intención, no es la primera vez que se usa el término. Casi todos los gobiernos o incluso las campañas políticas enarbolan la bandera “anticorrupción”.En el gobierno Samper, con la orientación y el peso del entonces ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez, se aprobó la ley 190 de 1995, conocida como “Estatuto Anticorrupción”, concebido con muy buenas normas e instrumentos para combatir la indebida apropiación de los recursos públicos. También el exvicepresidente Germán Vargas, recientemente fallecido, con toda autoridad como ministro de Gobierno y Justicia, hizo aprobar por el Congreso otro estatuto anticorrupción, igualmente severo. Ambos establecieron una comisión de “moralización” que dirige el jefe del Estado y que casi nunca se reúne. Por lo dicho por el vicepresidente electo se deduce que, ahora sí, el presidente de la Espriella entraría a reunirla bajo su dirección.El lema principal del presidente Uribe para la primera elección que ganó desde la primera vuelta en el 2002, al lado del restablecimiento de la seguridad, fue el de la “lucha contra la corrupción y la politiquería”.Por lo menos en los últimos treinta años, ha existido en la Presidencia de la República la figura del “zar anticorrupción”.En campaña, como gran propuesta contra la corrupción, Iván Cepeda anunció una gran “Unidad” dirigida por Iván Velásquez, quien al parecer como ministro de Defensa “no vio” los casos graves de corrupción en el Ejército. Además, está siendo investigado por la Procuraduría y la Fiscalía, por el informe de Ricardo Calderón en Caracol Televisión.Se necesita cambiar el sistema de juzgamiento del presidente, magistrados de las altas cortes y del fiscal general.Es esta una buena oportunidad para tomar en serio y tener resultados en la lucha anticorrupción. Estas son algunas de las cosas que se deben hacer y también de las que no se deben hacer.1. No es necesario expedir más normas. El principal estatuto anticorrupción es el Código Penal. Allí están todas las penas por peculado, celebración indebida de contratos, concusión, cohecho o enriquecimiento ilícito. Particularmente basta con aplicar esta última disposición que sanciona —invirtiendo la carga de la prueba— al servidor público que no puede justificar el origen de sus ingresos. Es suficiente comparar ingresos con gastos. Con razón se dice que hay dos cosas que no pueden ocultarse: una tos y el dinero mal habido. Con las tecnologías de hoy no es difícil “pescar” ese enriquecimiento.2. No se puede tomar la lucha anticorrupción como arma política, cuando se denuncia al político no por corrupto sino por opositor político o por competidor, o se minimiza o ignora cuando la comete el aliado político.3. Basta con que actúen de consuno y no por intereses políticos, aparte de fiscales y jueces, los organismos de inteligencia, lamentablemente, dirigidos en este gobierno por antiguos guerrilleros del M-19.4. La corrupción está asociada al sistema político. Mientras exista el “cohecho político”, que consiste en que, para aprobar proyectos en el Congreso, el Ejecutivo deba repartirles puestos y contratos, se seguirán presentando casos como los que vimos en este cuatrienio, que también se dieron en gobiernos anteriores. Por eso, es necesario que acabemos con las microempresas electorales y los partidos de garaje, meras siglas para repartir avales, para que las necesarias negociaciones políticas se hagan con partidos y no de manera individual con los parlamentarios. En la misma línea, se necesita cambiar el sistema de juzgamiento del presidente, magistrados de las altas cortes y del fiscal general. Indispensable, desterrar el clientelismo judicial.Hay que atacar las tres clases de impunidad: judicial, política y social. Sigue toda la información de Opinión en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. BOLETINES EL TIEMPORegístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.EL TIEMPO GOOGLE NEWSSíguenos en GOOGLE NEWS. 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