Edificios colapsados luego del doble terremoto ocurrido en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - Xaume OllerosResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00El 26 de junio, dos días después de que dos terremotos devastaran Caracas, se le preguntó al presidente Trump por la respuesta de Estados Unidos: “El petróleo fluye (…). Vamos a echarles una mano, pero eso ya lo hicimos nosotros”. Este comentario resume a la perfección el orden posterior a Maduro. Washington se atribuye la autoría de la reorganización política de Venezuela —“eso ya lo hicimos nosotros”— al tiempo que presenta la ayuda como una caridad opcional y no como una obligación. Al apropiarse de la riqueza petrolera de Venezuela y reclamar una influencia decisiva sobre su transición, al tiempo que rechaza la responsabilidad formal de gobernar el país, Washington ha creado una estructura de control sin rendición de cuentas. Los terremotos convirtieron esa contradicción en una crisis política, planteando la pregunta que el acuerdo centrado en el petróleo pretendía evitar: si Washington puede atribuirse el mérito del nuevo orden en Venezuela, ¿quién responde cuando los venezolanos mueren en edificios derrumbados y en hospitales colapsados? Le sugerimos: Venezuela: la tragedia que dejó al desnudo a un Estado que no estáEl sistema político surgido tras la captura de Maduro en la Operación Resolución Absoluta descansa sobre una ambigüedad estratégica. Trump declaró el 3 de enero que Estados Unidos iba a “manejar el país”. En la práctica, eso significó levantar sanciones, otorgar licencias petroleras y dejar en su lugar, como interlocutor doméstico, a una administración chavista reorganizada. María Corina Machado —útil al comienzo para aportarle legitimidad democrática al proceso— quedó rápidamente marginada: “Sería muy difícil que ella fuera la líder”, dijo Trump: “No tiene el respeto”. El arreglo resultante se sitúa entre la ocupación y la alianza. Una ocupación, por coercitiva que sea, asume responsabilidades jurídicas y políticas. Una alianza basada en el consentimiento deja la rendición de cuentas en manos de un socio soberano. Venezuela no encaja en ninguna de estas dos categorías: Washington moldea el macroorden —el reconocimiento, las mecánica de sanciones, la estabilización petrolera— mientras un gobierno interino sin legitimidad democrática carga con los deberes formales de un Estado. El resultado es una supervisión sin soberanía. Como sostiene Antonia Chayes al referirse al jus post bellum, la reconstrucción posconflicto suele justificarse en términos morales pero practicarse en términos instrumentales, moldeada menos por el deber hacia la población afectada que por los intereses estratégicos del interventor. Venezuela lleva el argumento un paso más allá: la pregunta no es solo quién debe asumir la responsabilidad después de una intervención, sino qué obligación surge cuando la intervención se convierte en tutela de facto. También le puede interesar: Una dictadura y ahora dos terremotos: Venezuela no aguanta una tragedia más Los terremotos fueron la primera prueba real de esa tutela. El 24 de junio, dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Caracas y sus alrededores. Para el 6 de julio, el número confirmado de muertos asciende a 3.342, con un colapso del sistema de salud y una escasez de refugios que agravan la crisis. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que el desastre podría producir más de 10.000 muertes. Los terremotos matan tanto por fallas institucionales como por la tectónica. La magnitud importa, pero la capacidad estatal determina la letalidad: el cumplimiento de normas de construcción, la resiliencia hospitalaria y el rescate coordinado. Los reportes desde el terreno —ayuda lenta, edificios derrumbados, sobrevivientes desplazados, frustración ante la falta de ayuda del Gobierno— apuntan directamente a una falla institucional. Durante seis meses, los recursos diplomáticos y administrativos de la transición se destinaron a reconocer a una dictadura chavista reorganizada, a estabilizar la producción petrolera y a gestionar las sanciones, desatendiendo así las funciones estatales que determinan quién sobrevive a un desastre. Las víctimas revelan lo que la transición priorizó: instalar un sistema dócil, sin profundidad institucional. La respuesta estadounidense subraya la distinción entre influencia y responsabilidad. Washington movilizó USD 150 millones, canalizados en gran parte a través de ONG y organizaciones religiosas, y desplegó equipos de rescate y personal de respuesta a desastres. Estas medidas pueden salvar vidas, pero reflejan la conducta de un donante. Una respuesta soberana pondría en marcha los organismos públicos, redirigiría presupuestos y asumiría responsabilidades directas en caso de fracaso. Las condolencias del secretario Rubio pertenecen a la primera categoría, no a la segunda. La ayuda no es responsabilidad. Le sugerimos: Venezuela no puede repetir errores: la vulnerabilidad de los niños por el trauma del sismoLa regla del Pottery Barn, popularizada por Colin Powell durante la guerra de Irak —“el que lo rompe lo paga”—, advertía que una gran potencia que quiebra un orden político no puede tratar las consecuencias como problema ajeno. Venezuela invierte esta lógica. Washington no rompió el país para luego marcharse: se quedó con los beneficios materiales mientras rechaza las cargas que acompañan a una ocupación formal. El resultado es un vacío de rendición de cuentas. Washington remite a las autoridades locales, que a su vez señalan su dependencia de Washington, mientras las agencias humanitarias insisten —con razón— en que no sustituyen a un gobierno. La responsabilidad no recae en nadie, y quienes quedaron aplastados por el colapso enfrentan no solo las pérdidas materiales, sino también el abandono político. El desastre expone la fragilidad del sistema que Washington decidió dejar intacto. Maduro fue removido, pero la clase gobernante chavista se mantuvo, y el propósito del arreglo ya es evidente: el acceso al petróleo venezolano. Una nueva ley de hidrocarburos ha abierto el país a la inversión extranjera, la producción ha superado el millón de barriles diarios, el alza de los precios ha convertido las reservas inmensas en una fiebre del oro. El JW Marriott de Caracas – la embajada no oficial de Estados Unidos– está repleto de diplomáticos y hombres de negocios. Afuera, los venezolanos enfrentan una inflación de tres dígitos y cortes de electricidad y de agua. La apertura política ha sido mínima, la represión no ha cambiado y Machado —quien probablemente ganaría unas elecciones con una mayoría aplastante— sigue excluida. La estructura evoca la cleptocracia petrolera de la era de Gómez y confirma la vigencia de la Doctrina Monroe. Juzgado por el objetivo que realmente gobierna el arreglo —hacer de Venezuela un negocio rentable para las empresas estadounidenses—, Washington ha tenido éxito. La estructura chavista dócil sobrevive, porque sobrevivir es su única función. Entretanto, los venezolanos de a pie mueren bajo los escombros de un Estado que no sirve a su propio pueblo. 👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? 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