La Asamblea Nacional con 139 votos, este 7 de julio, aprobó en segundo debate el proyecto de ley de Extradición que actualiza la norma vigente e incorpora definiciones modernas, define con claridad la autoridad central encargada del trámite, suspende la prescripción de la medida cautelar de prisión preventiva mientras se tramita la extradición, y establece un rol superior al Ejecutivo para dar respuestas a pedidos de extradición. La ley garantizar que las personas procesadas o sentenciadas por delitos tipificados en la legislación ecuatoriana comparezcan ante la justicia ecuatoriana, para lo cual se activa los pedidos de extradición.En Ecuador la autoridad central en materia de extradiciones será el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien luego de la audiencia correspondiente podrá negar o conceder la extradición y al mismo tiempo definir, si procede o no la entrega al Estado requiriente.PublicidadPero la sentencia del Presidente de la Corte que declare procedente o no a la extradición no será vinculante para el Presidente de la República, quien incluso podrá negar la entrega de la persona requerida en ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o por razones de seguridad, orden público y otros intereses esenciales del Estado.El proyecto también determina que el tiempo que una persona permanezca detenida en el extranjero mientras se tramita su extradición no se tome en cuenta para calcular el plazo máximo de la prisión preventiva en Ecuador.En el segundo debate participaron 15 asambleístas. La presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres (ADN), quien actuó como ponente del informe, afirmó que la ley “envía un mensaje claro a las mafias”. Según explicó, la normativa establece un mecanismo para que ciudadanos ecuatorianos procesados o sentenciados por delitos de alta gravedad, como narcotráfico, crimen organizado y violación, puedan ser extraditados y juzgados en sistemas judiciales de otros países, como Estados Unidos.PublicidadPublicidadTorres sostuvo que la legislación vigente presentaba vacíos que prolongaban los procesos de extradición entre dos y cinco años, sin definir con claridad la autoridad responsable de su tramitación. En contraste, aseguró que la nueva ley fija un plazo máximo de 45 días para resolver estos procedimientos, reduce los tiempos procesales y crea una unidad técnica especializada encargada de analizar cada caso con el propósito de agilizar su tramitación.Frente a las críticas de que la normativa otorga al Ejecutivo mayores atribuciones en las decisiones sobre extradición, por encima del criterio del presidente de la Corte Nacional de Justicia, la legisladora rechazó esa interpretación. Explicó que la conducción del proceso continuará bajo la competencia del titular de la Corte Nacional, quien deberá emitir un informe motivado sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud, considerando incluso el consentimiento de la persona requerida cuando corresponda.No obstante, precisó que el Ejecutivo también interviene en el procedimiento, representado por el presidente de la República, quien deberá emitir un informe debidamente motivado para expresar si consiente o no la extradición.Por su parte, el asambleísta Keevin Gallardo (ADN) defendió el proyecto al señalar que, pese a su carácter técnico, se ajusta a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Destacó que la ley establece prohibiciones expresas para conceder la extradición de ciudadanos ecuatorianos cuando el Estado requirente no garantice derechos fundamentales, como el derecho a la vida o la prohibición de la tortura.El asambleísta César Palacios, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), señaló que era necesario actualizar la Ley de Extradición y adecuarla al nuevo escenario jurídico, especialmente tras la aprobación, mediante consulta popular en 2024, de la extradición de ciudadanos ecuatorianos.Durante el debate, indicó que su bancada presentó observaciones al proyecto. Entre ellas, mencionó aquel artículo donde el informe emitido por el presidente de la Corte Nacional de Justicia sobre una solicitud de extradición no tenga carácter vinculante y que la decisión final corresponda al presidente de la República.PublicidadPalacios también cuestionó que la normativa no defina con precisión cuáles son los delitos considerados políticos. A su juicio, esta omisión podría generar interpretaciones discrecionales que, en determinados casos, permitan que dirigentes sociales o ciudadanos que participen en protestas sean procesados por delitos como terrorismo o ataque y resistencia y, eventualmente, enfrenten pedidos de extradición.Por su parte, el legislador independiente Edwin Jarrín sostuvo que la ley no está concebida para perseguir a personas por razones ideológicas, sino para facilitar el retorno de quienes tienen sentencias condenatorias y han evadido a la justicia ecuatoriana. Afirmó que la normativa busca evitar la impunidad de exprefectos y alcaldes que, tras cometer irregularidades, abandonan el país para eludir sus responsabilidades. En ese contexto, hizo un llamado a la Asamblea a respaldar el proyecto.Desde la bancada oficialista ADN, el asambleísta Juan José Reyes recordó que en el referéndum de abril de 2024 la ciudadanía respaldó la extradición de ecuatorianos como una herramienta para combatir el crimen transnacional. Señaló que los ciudadanos están cansados de que quienes cometen delitos huyan del país y disfruten en el extranjero de recursos obtenidos de manera ilícita. Agregó que la ley dotará al Estado de mayores herramientas para enfrentar este tipo de delitos y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.En la misma línea, la legisladora Lucía Jaramillo (ADN) afirmó que la normativa busca cerrar una de las principales vías de escape del crimen organizado. “Una cédula ecuatoriana no debe ser un blindaje penal, un pasaporte no debe borrar delitos y una frontera no debe ser el fin de la justicia; un país no debe proteger a capos, sino a las familias y a la gente buena”, enfatizó.Durante el debate, la asambleísta Viviana Veloz (RC) anticipó el respaldo de su bancada al proyecto al recordar que la iniciativa fue presentada por la Corte Nacional de Justicia mientras ella presidía la Asamblea Nacional y posteriormente fue calificada y remitida a la Comisión de Justicia para su trámite.No obstante, advirtió que la ley, por sí sola, no resolverá los problemas del sistema judicial. Sostuvo que el fortalecimiento de la justicia también requiere depurar a jueces y fiscales involucrados en actos de corrupción. En ese contexto, expresó que espera que la nueva normativa permita la extradición del juez Jairo García, a quien acusó de ser utilizado para perseguir al alcalde de Guayaquil, y también de Luque Lecaro, a quien calificó como delincuente y aseguró haber enfrentado durante su gestión.El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional pasará a conocimiento del Ejecutivo para su sanción u objeción. (I)