El proceso de transición entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quedó suspendido luego de que ambas partes anunciaran, por separado, el fin de su participación en el denominado proceso de empalme.De la Espriella informó que instruyó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, suspender de inmediato la transición institucional. En un comunicado, acusó al gobierno saliente de pretender obstaculizar el proceso y lanzó señalamientos de corrupción contra la administración de Petro.El presidente electo también afirmó, sin presentar pruebas, que Petro y el senador Iván Cepeda preparan un supuesto “plan B” para permanecer en el poder mediante un “golpe de Estado”. Asimismo, llamó a las Fuerzas Armadas a proteger el orden constitucional y a no acatar eventuales órdenes que, a su juicio, vulneren la Constitución.
La última persona que no reconoció las elecciones y se quedó en el poder fue Nicolás Maduro.
Todos sabemos cómo terminó…
— De La Espriella Presidente (@AbelardoPTE) July 7, 2026
De la Espriella sostuvo además que el gobierno saliente teme una auditoría sobre su gestión, la cual, según dijo, revelaría presuntos actos de corrupción, adjudicaciones irregulares de contratos y posibles vínculos con organizaciones criminales.Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro también anunció la suspensión de su participación en el proceso de empalme. En un comunicado, argumentó que la decisión responde a “faltas de respeto institucional constantes” por parte de integrantes del equipo designado por el presidente electo.El Ejecutivo señaló que los representantes de De la Espriella pretendían convertir el proceso de transición en un mecanismo de investigación penal, cuando su finalidad es exclusivamente administrativa. Además, informó que promoverá acciones judiciales por presunta calumnia contra Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo de transición entrante.En un mensaje publicado en redes sociales, Petro calificó a algunos integrantes del equipo del presidente electo como “exconvictos y familiares de convictos” y cuestionó su capacidad para gobernar.
