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Cuando un nuevo gobierno toma posesión, Colombia hace generalmente una pausa colectiva. Se habla de programas, de nombramientos, de las primeras señales sobre el rumbo que viene. Lo que rara vez se menciona es lo que el Estado recibe como herencia técnica: sistemas de información construidos capa sobre capa, registros administrativos con décadas de historia, formularios y bases de datos sobre los cuales se toman decisiones de política pública que afectan la vida de millones de personas. Entender qué existe en ese archivo heredado, qué funciona, qué necesita fortalecerse y qué debe transformarse para tener una imagen más completa de Colombia debería ser una de las tareas más decisivas para diseñar políticas públicas que incluyan a todas las personas que habitamos este país.
Cada gobierno recibe, entonces, un archivo que ya estaba abierto antes de su llegada. En él hay cifras, diagnósticos, mapas, presupuestos y registros de decisiones tomadas en administraciones anteriores, algunas consolidadas, otras a medio camino. También hay espacios en blanco: vidas que existen con plenitud en las calles, en los hospitales, en los trabajos y en las familias, pero que aparecen incompletas cuando el país intenta contarse a sí mismo. En esos aparentes detalles técnicos, se decide quién es visible para el Estado, para quién se diseñan las políticas públicas y quiénes permanecen invisibles ante los ojos de las instituciones que deberían protegerlos.
