Un informe de la Cámara de Cuentas desvela cifras millonarias de recaudación por infracciones
La inauguración desde hace más de un lustro de zonas de bajas emisiones (ZBE) en las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid ha venido acompañada de un aumento exponencial en la compra de vehículos híbridos o eléctricos, en teoría menos contaminantes, y de un mayor uso del transporte público. Así lo refleja un informe de la Cámara de Cuentas consultado por EL PAÍS y que ofrece datos de Madrid capital (3,5 millones de habitantes), Alcalá de Henares (más de 200.000), Fuenlabrada (más de 190.000) y Rivas-Vaciamadrid (más de 100.000). Aunque los fiscalizadores no se pronuncian sobre si existe una relación causal o de correlación entre estos fenómenos, sí que detallan un elemento incentivador: desde 2022 se han impuesto millones de multas en la región por infracciones en las ZBE autonómicas, que deberían estar ya activadas en las 24 ciudades de más de 50.000 habitantes, lo que habría reportado una recaudación media efectiva de más de 30 millones de euros cada año, y más de 105 millones ingresados entre 2022 y marzo de 2025, fundamentalmente concentrada en la capital.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior declaró en septiembre de 2024 la nulidad de pleno derecho de los elementos esenciales que configuraban la Zona de Bajas Emisiones general de la ciudad de Madrid y las dos ZBE de especial protección. Esa decisión judicial adquirió firmeza el 21 de abril, tras el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Para entonces, sin embargo, muchas cosas habían cambiado ya en la capital, cuya vida política, de Manuela Carmena a José Luis Martínez-Almeida, ha girado en buena medida alrededor de este tema en la última década.
