El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal, al considerar que la normativa genera costos adicionales para la industria, impone regulaciones que afectan la competitividad y limita la libertad de elección de los consumidores. La iniciativa forma parte del proceso de revisión de normas que la administración considera un exceso de intervención estatal. La ley, vigente desde 2022, obliga a los alimentos y bebidas sin alcohol que superan determinados límites de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías a exhibir sellos negros de advertencia en la parte frontal de sus envases. Además, establece restricciones a la publicidad dirigida a niños y regula la venta de estos productos en los establecimientos educativos. Desde el oficialismo sostienen que la eliminación de la norma permitiría reducir cargas regulatorias y costos de adecuación para las empresas alimenticias, especialmente para las pequeñas y medianas industrias, que debieron modificar envases, procesos de producción y estrategias de comercialización para cumplir con los requisitos establecidos por la legislación.
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