La Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 ha iniciado una campaña para recabar el apoyo de la ciudadanía a su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el aforamiento del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. Bajo el lema 'Cartas al Tribunal Constitucional', la entidad anima a cualquier ciudadano a escribir a los magistrados del alto tribunal para que, según explica, reflexionen sobre las consecuencias que puede tener su decisión para los derechos de las víctimas de la dana.La iniciativa parte de la convicción de que “la Constitución no se escribió para proteger privilegios, sino derechos” y busca situar el foco en la investigación judicial abierta por la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024. La asociación sostiene que, tras cada resolución judicial, “hay personas, familias y toda la sociedad valenciana que continúan esperando una investigación plena, efectiva y sin privilegios”.En el comunicado difundido este martes, la entidad insiste en que no pretende ejercer presión sobre el Tribunal Constitucional. Presenta la campaña como una apelación “desde el respeto institucional, la confianza en la justicia y la defensa de los valores constitucionales”, con el objetivo de abrir una reflexión sobre la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales de las víctimas.La entidad insiste en que no pretende ejercer presión sobre el Tribunal ConstitucionalLa campaña irá acompañada de una difusión en redes sociales. El primer vídeo está protagonizado por Toñi García, que perdió a su marido y a su única hija en la riada. En él resume el mensaje que quiere trasladar la asociación: “No escribimos para pedir un favor. Escribimos porque creemos en la justicia. Para que nuestros derechos a conocer la verdad estén por encima del privilegio del aforamiento”.La presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, considera que el Tribunal Constitucional afronta “una oportunidad histórica” para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas. En su opinión, el alto tribunal tiene también el deber de proteger “el derecho a la tutela judicial efectiva de las más de 500 personas perjudicadas y personadas en la causa”.Gradolí añade que la Constitución “también habla de las víctimas” y sostiene que la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva y el acceso a una investigación “sin privilegios” forman parte de los derechos que ahora debe salvaguardar el Constitucional.La asociación ha puesto a disposición de los ciudadanos, a través de su página web, un modelo de carta que puede descargarse, personalizarse y remitirse al Tribunal Constitucional. Con esta iniciativa espera generar “una reflexión colectiva” sobre la necesidad de que la justicia “sea igual para todas las personas” y recuerda que detrás del recurso de amparo “hay cientos de familias que siguen esperando verdad, justicia y reparación”.Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Doctor en Comunicación por la UV. Delegado en València y redactor jefe de La Vanguardia desde 1991