El Gobierno ha dado un paso más en la elaboración de los Presupuestos para el próximo año con la aprobación de un techo de gasto récord, pese a que carece de una mayoría parlamentaria que permita sacar adelante las cuentas. La cifra aprobada en el Consejo de Ministros de este martes alcanza los 226.032 millones de euros, un máximo histórico que supone una subida del 6,6% respecto al importe fijado para este ejercicio (unos 212.000 millones), y que se mantendrá como referencia de la política fiscal aunque el Ejecutivo no logre aprobar unos nuevos Presupuestos. En la misma reunión, también se ha dado luz verde a los objetivos presupuestarios, que ahora deberán someterse a un complicado examen en las Cortes. Pese a acumular ya tres ejercicios con las cuentas prorrogadas por la imposibilidad de reunir una mayoría parlamentaria suficiente, el Gobierno asegura que avanzará en la tramitación de los Presupuestos de 2027, un año de marcado carácter electoral en el que, si no hay un adelanto, se celebrarán las elecciones generales, además de las municipales y las autonómicas en la mayoría de las comunidades. “Damos un paso fundamental en el camino para aprobar las cuentas públicas del próximo año, unos Presupuestos de 2027 que vamos a presentar y que serán ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal”, ha asegurado el ministro de Hacienda, Arcadi España. “Invito y pido al Partido Popular que reflexione. No es el momento de partidismos, de estar pensando en jugadas electorales”, ha añadido.El techo de gasto es un límite que se pone al crecimiento de los desembolsos públicos no financieros para garantizar la estabilidad presupuestaria. En otras palabras, se trata de un instrumento de contención y programación —al margen de que los Presupuestos salgan adelante— para evitar que el gasto público se dispare en épocas de bonanza y se tenga que recortar drásticamente cuando vienen mal dadas. La subida del 6,6% proyectada para 2027, primer año en el que España no contará con los fondos europeos del mecanismo Next Generation y en el que se espera la convocatoria de elecciones generales, no es la más elevada de los últimos ejercicios en términos porcentuales —para este año, por ejemplo, fue del 8,5%—, pero responde igualmente a la buena marcha de la economía. Pese a un escenario internacional complicado, la actividad nacional exhibe músculo, tanto que el Gobierno aprobó la semana pasada una revisión al alza del crecimiento para este año, del 2,2% al 2,6%. La propuesta inicial de Hacienda era algo más “prudente”, según fuentes del partido minoritario de la coalición, Sumar, que calculan que con la revisión al alza del PIB el Ejecutivo tenía una holgura extra de 18.000 millones de euros para subir el techo de gasto, informa Belén Carreño. Sumar pidió al ministro Arcadi España que mejorase la cifra en hasta 2.000 millones de euros y las negociaciones tuvieron como fruto arañar al menos 1.500 millones de euros extra sobre la oferta inicial de Hacienda. Las dos partes lo enmarcan en negociaciones “habituales”, que han tenido un desenlace cordial empujando aún más el tono expansivo del nuevo límite.La aprobación del techo de gasto es un trámite fundamental para avanzar en el diseño de los Presupuestos y no está sujeto a escrutinio parlamentario. En cambio, la senda de déficit y deuda, también requisito previo imprescindible para elaborar las cuentas públicas, precisa del plácet de las cámaras. Si el Parlamento tumba los objetivos, una circunstancia más que probable —ya ha ocurrido en esta legislatura y los independentistas de Junts han expresado su negativa a apoyarlos—, el Gobierno tiene un plazo máximo de un mes para presentar unas nuevas metas. El ministro de Hacienda ya había adelantado a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes la senda de déficit para el próximo año, desglosada por Administraciones. El conjunto del sector público no podrá elevar su desfase entre ingresos y gastos por encima del 1,8% del PIB en 2027, repartido de la siguiente forma: un 1,5% para la Administración central, el 0,1% para las comunidades, el 0,2% para la Seguridad Social y equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.El objetivo de déficit fijado para 2028 es del 1,6% del PIB, y del 1,5% en 2029. En los tres años proyectados en la senda, que abarca el periodo 2027-2029, “será la Administración central quien asumirá el peso de este ajuste”, ha insistido el ministro España, reprochando a las comunidades del PP que votaran contra las metas presupuestarias en el CPFF. El ministro ha añadido que el Gobierno tiene intención de empezar la tramitación de las cuentas en el Congreso antes del receso de agosto. La senda se presentará la próxima semana, en el pleno del 14 de julio. Si los diputados la rechazaran, habría tiempo para una segunda votación la semana siguiente. El objetivo es que el Consejo de Ministros siga negociando con los grupos políticos a la vuelta del verano y apruebe el proyecto de ley en septiembre. Arcadi España ha precisado que 1,2 puntos del déficit del Estado de 2027 se corresponden con la transferencia a la Seguridad Social para financiar las pensiones, y una décima a la recaudación del nuevo impuesto a la banca, que se destinará íntegramente a las comunidades. También ha avanzado que las autonomías recibirán el próximo año un récord de recursos procedentes del sistema de financiación —la subida rondará al menos el 8%, pero no se ha detallado aún la cifra concreta—. El titular de Hacienda también ha presentado la regla de gasto y las metas de deuda para el periodo 2027-2029. En el primer caso, se fija que los desembolsos de las Administraciones no puedan crecer más del 4% este año, el 3,8% en 2028 y el 3,6% en 2029. En cuanto a la deuda, el Gobierno confía en que la ratio de pasivo sobre el PIB mantenga la trayectoria descendente de los últimos años. Bajaría al 97,6% el próximo ejercicio —del 99,1% previsto para este—, al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029. El Ejecutivo fía la corrección más al crecimiento económico, que se mantiene vigoroso gracias a la fortaleza del empleo y el consumo interno, que a medidas concretas de ajuste, puesto que tiene complicado aprobar cambios de calado en el Congreso, como pone de manifiesto la parálisis presupuestaria.El Gobierno lleva tres años sin poder aprobar unas nuevas cuentas, un bloqueo que evidencia la fuerte fragmentación del arco parlamentario y el progresivo deterioro del bloque de investidura. A ello se suma que ni siquiera ha presentado el proyecto de ley en las Cortes, una omisión que la oposición considera contraria al mandato constitucional y que ha llevado a los tribunales.“Creo que el sentido del voto se decide el día del voto. Yo le he pedido una reflexión a todos los grupos parlamentarios”, ha dicho el titular de Hacienda al ser preguntado sobre la posibilidad de que la senda reciba luz verde en el Congreso. “¿Cuáles son las razones del no? Que las digan. Porque estos recursos los pueden destinar las comunidades autónomas a reducir las listas de espera, mejorar las condiciones de los profesores y las profesoras de la educación pública o mejorar también el sistema de atención a la dependencia. Esa es la pregunta", ha espetado. “Desde luego, las razones del no que algunos sugieren no tienen nada que ver con el interés de los ciudadanos y ciudadanas de ningún territorio, sino que tienen que ver con los partidismos, que es una enfermedad que afecta a los partidos de la derecha de este país. Yo les invito a esta reflexión, a que eleven el debate de este país”.Relevo en la Agencia TributariaEl Consejo de Ministros también ha aprobado este martes el nombramiento del nuevo director de la Agencia Tributaria, como ha adelantado este periódico. Será Antonio Ansón Latorre, inspector de Hacienda y hasta ahora jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, quien cogerá las riendas del organismo. El nombramiento se hará efectivo este miércoles, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).El relevo llega una semana después de que se conociera la próxima salida de la hasta ahora directora de la Agencia, Soledad Fernández Doctor, y otros dos altos cargos. Unos movimientos que generaron fuertes especulaciones sobre la existencia de una crisis interna en el organismo, un supuesto que el Ministerio de Hacienda ha desmentido, alegando que los relevos ya estaban previstos.