Aparentar cara a la galería que hay voluntad de investigar un asunto para luego desvirtuar con todo tipo de tretas el procedimiento aprobado para esclarecerlo. Este parece ser el modus operandi del PP y de Vox cada vez que se abre una comisión de investigación que les puede poner en apuros.
Ya sucedió con la comisión sobre la gestión de la dana que se cerró en falso con la mayoría de los principales implicados en la gestión de la riada sin comparecer y con un informe de conclusiones repleto de falacias ampliamente desmentidas en la instrucción judicial y es el mismo modus operandi que se está aplicando con las comisiones relativas al escándalo de las adjudicaciones presuntamente irregulares de viviendas protegidas a cargos y afines a los populares.
Así, las comisiones de investigación abiertas en el seno de las Corts y del Ayuntamiento alicantino avanzan al ralentí y vacías de contenido ante el retraso en la entrega de la documentación solicitada cuyo plazo de aportación se prolongará durante 30 días en el caso del parlamento valenciano y ante la negativa de los ediles del PP a comparecer en la del consistorio. Los procesos, además, han puesto en evidencia las tensiones existentes entre los responsables populares de la corporación municipal y de la Generalitat. Estos últimos pretenden eximirse de toda responsabilidad y mantener el foco en el alcalde, Luis Barcala, y en sus fieles.
