Es, probablemente, uno de los debates políticos más importantes de nuestro tiempo: quién pone las reglas en las redes sociales. Si las ponen los parlamentos, la ciudadanía y los derechos; o si las siguen poniendo un puñado de gigantes tecnológicos, la mayoría estadounidenses, que han convertido nuestra atención y nuestros datos en una fuente inmensa de negocio.
Durante años nos han dicho que las redes son simplemente herramientas que usamos libremente. Pero cualquiera que las utilice sabe que no funcionan así. Están diseñadas para que sigamos dentro, para que miremos un vídeo más, para que volvamos cuando suena una notificación, para que compartamos más datos, más tiempo y más vida.
Mark Fisher arrancaba 'Realismo capitalista' recordando una frase atribuida a Fredric Jameson y Slavoj Žižek: parece más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Con las redes sociales pasa algo parecido: nos han querido convencer de que su funcionamiento era inevitable, de que no había alternativa, de que solo cabía adaptarse a lo que decidieran Meta, TikTok, YouTube, X o Snapchat. Pero no es verdad. Lo que está diseñado políticamente también puede regularse políticamente.
Las enmiendas que se tramitan en el Congreso, a petición de Sumar y el PSOE, apuntan a un cambio de fondo: dejar de cargar toda la responsabilidad sobre las familias, la infancia y la adolescencia, y empezar a exigir responsabilidades a quienes diseñan, gobiernan y monetizan los entornos digitales.
