Investigación Exclusivo suscriptores Fiscalía y SAE reclamaban no haber sido vinculadas al proceso y que decisión de fondo las afecta directamente.El abogado demandante, Édgar Javier Navia Estrada. Foto: Archivo particular06.07.2026 15:30 Actualizado: 06.07.2026 15:30
Las alarmas en torno a un millonario proceso judicial que podría terminar en la devolución de haciendas, mansiones y millonarios narconegocios incautados a la mafia y a otras estructuras criminales, siguen encendidas.EL TIEMPO ya había denunciado desde el pasado 16 de febrero que son cerca de 19.869 bienes tasados en 6 billones de pesos. LEA TAMBIÉN La tormenta judicial partió de una demanda que interpuso el abogado Édgar Javier Navia Estrada en febrero de 2023 con la que busca tumbar una decisión administrativa de la Superintendencia de Notariado, expedida en noviembre de 2022, que estableció que a los bienes en proceso de extinción de dominio no se les aplica la caducidad de 10 años de las medidas cautelares y que transcurrido este tiempo sin renovación, opere la caducidad y proceda la cancelación de las medidas cautelares.El falloÉdgar Javier Navia Estrada, el abogado que interpuso la demanda. Foto:Archivo particularPor la acción instaurada por Navia Estrada, el Consejo de Estado suspendió la decisión de la Superintendencia de Notariado en noviembre pasado, que terminaría afectando los más de 19 mil bienes, entre los que se encuentran varios de fichas del 'clan del Golfo', de la fallecida chancera Enilce López, alias 'La Gata', del capo Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta; de los hermanos Álvarez Meyendorff y hasta de viejos cabecillas del cartel de Cali. LEA TAMBIÉN Y ahora, el Consejo de Estado acaba de tomar otra decisión en torno a la demanda instaurada por Navia Estrada.Se trata de un nuevo revés a a SAE y la Fiscalía, que pidieron la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la demanda y levantar la suspensión de la directriz de la Superintendencia de Notariado. Sin embargo, la pretensión acaba de ser negada.Impacto desproporcionadoAmelia Pérez Parra, presidenta de la SAE. Foto:SAEEn la decisión conocida por EL TIEMPO, firmada por Pablo Andrés Córdoba Acosta, consejero de Estado, la SAE también pedía que se le reconociera como coadyuvante en el proceso.La entidad argumentó que en la propia instrucción de la Supernotariado se hacía referencia a mesas de trabajo con la SAE y a conceptos de la Fiscalía, lo que evidenciaba su papel central en la cadena institucional de administración de los bienes.Por eso, la SAE alegaba que al no vinculárseles al caso se configuró una irregularidad procesal que afectó su derecho de contradicción y defensa, pues se le privó de intervenir oportunamente respecto de la medida cautelar. LEA TAMBIÉN Incluso, aseguró que levantar la directriz de la Superintendencia de Notariado tendría un impacto desproporcionado.¿Tráfico jurídico?Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación Foto:Archivo particularPor su parte, la Fiscalía argumentó que también solicitó la nulidad de todo lo actuado y aseguró que la omisión de vincularla al proceso como coadyuvante para defender la legalidad de la directriz de la Superintendencia de Notariado desconoció el interés legítimo que le asiste. Según dijeron, la decisión que se adopte sobre la demanda puede incidir en las situaciones jurídicas relacionadas con los procesos de extinción de dominio.Y mencionan que, según consultas a nivel interno en la Fiscalía, hay 875 bienes con afectación y medidas cautelares vigentes de los cuales 172 superan los 8 años y más de 700 excedían los 10 años desde su imposición.De hecho, el ente acusador señaló que existía preocupación frente a los efectos de la suspensión provisional de la Instrucción de la Supernotariado: "En la medida en que ello permitiría que dichos bienes pudieran ser objeto de negocios jurídicos e ingresaran nuevamente al tráfico jurídico". LEA TAMBIÉN Y agregan: "En ese sentido, se indicó que tal circunstancia no solo afectaba los resultados de los procesos de extinción de dominio sino que, además, podía implicar la legalización de activos ilícitos y la consolidación de títulos de dominio sobre bienes respecto de los cuales se presumía la existencia de actividades contrarias a la moral, la salud pública y el erario".Los argumentosLa decisión del Consejo de Estado a la solicitud de la SAE y la Fiscalía. Foto:Archivo particularEL TIEMPO investigó y estableció que el Consejo de Estado decidió negar la solicitud de la SAE y la Fiscalía porque ninguna de las dos entidades emitieron la directriz de la Superintendencia de Notariado, por lo que, en su criterio, no resultaba indispensable su vinculación para generar una decisión de fondo en el asunto.Con esos argumentos, el Consejo de Estado concluyó que resultaba ajustado a derecho que en el auto admisorio se dispusiera únicamente la vinculación de la Superintendencia de Notariado y Registro como demandada."Así las cosas, y como quiera que no era obligatoria la vinculación de las solicitantes de la nulidad al presente asunto, es evidente que no se configuró la causal de nulidad", se lee en la decisión. LEA TAMBIÉN Por eso fueron negadas las solicitudes. Sin embargo, ambas entidades fueron reconocidas como coadyuvantes de la Superintendencia de Notariado dentro del proceso.Y sobre el congelamiento de la directriz de la Superintendencia de Notariado, el Consejo de Estado aseguró que emitirán el pronunciamiento que corresponda en el momento procesal pertinente.Mientras tanto, se está a la espera de que se resuelva de fondo la demanda que tiene en jaque al Estado por la posible millonaria devolución.UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com@UInvestigativaETSíganos ahora en Facebook Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
